"Es indecente gente sin casas, casas sin gente"
Silvia Pérez
“Nosotros solicitamos que Infonavit regularice los terrenos, con la intervención del gobierno para poderlos adquirir, estamos dispuestos a pagar, no lo queremos regalado", fueron las palabras que don Melquiades García Félix, habitante de la ampliación Rincón del Parque, expresó el 6 de diciembre del año pasado en las inmediaciones del Congreso del Estado de Sinaloa, ante cientos de sinaloenses que solicitaban a los diputados locales reasignación de presupuesto para el rubro de vivienda, ya que llevan años solicitando que las autoridades les brinden apoyo para adquirir un pedazo de patria.
Desde la entrada del gobierno actual del estado, el Movimiento Antorchista en Sinaloa ha venido planteado ante los titulares de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) y la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (Cvive), que se atienda el problema de la falta de vivienda, debido al alto índice de rezago en esa materia. A decir de la propia presidenta de la Comisión de Vivienda del congreso, la diputada María Victoria Sánchez Peña, “en Sinaloa el déficit habitacional es superior a las 63 mil 230 casas y hay 81 mil viviendas en hacinamiento, demandando más de 151 mil hogares”, comprometiéndose además de que lucharían para que en el presupuesto 2023 se etiquetaran recursos para cubrir dicha necesidad.
La situación se vuelca todavía más grave debido al problema de desplazamiento forzado que, según la misma diputada, “durante 2021 se contabilizaron más de 2 mil 500 familias que perdieron su hogar, todas en la zona serrana, pero aclaró que la carencia de estadísticas oficiales sobre las personas desplazadas representan un vacío en el conocimiento real del problema”.
Ante esta cruda realidad, los sinaloenses vieron con buenos ojos las distintas declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya, sobre darle una salida justa y humana a estas demandas. Todavía el 25 de agosto de ese año, la titular de Sebides, María Inés Pérez Corral, reiteró que “para nosotros es fundamental proponer alternativas de solución a los problemas y rezagos existentes con una visión democrática y humanista, que integre la participación y las necesidades de todos los sectores de la población sinaloense, para que los proyectos y las acciones tengan un alto beneficio social, principalmente en las zonas más vulnerables”.
Sin embargo, nos encontramos con la amarga sorpresa de que en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el año 2023 que, según el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, “tiene el compromiso de orientar socialmente el dinero y que este le sirva a la gente y al desarrollo de Sinaloa”, no contemplaba ningún peso asignado para la vivienda que no fueran los 70 millones para desplazados (sólo 10 millones más que el año pasado), de los 64 mil 500 millones de pesos a ejercerse este 2023.
En la semana de discusión de la ley en el Congreso local, los diputados reconocieron “los sentidos social y humano que contiene por atender a los sectores sociales más vulnerables”, donde según ellos, “los nuevos tiempos que vive Sinaloa corren por dos ejes: la transformación y el bienestar social".
Fue en ese periodo, y apelando a estos principios que dicen tener, que las familias acudieron al Parlamento Abierto del Congreso a solicitarle al presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso, Jesús Ibarra Ramos, se tomara en cuenta la demanda popular de vivienda.
La "reasignación fue de 340 millones de pesos en completa armonía política con el Ejecutivo estatal”, donde no contemplaron más que 24 millones para programas de techos y pisos firmes, dejando fuera, nuevamente, a los sin casa.
No hay duda de que el número de familias sin vivienda propia, ya sea por desplazamiento o precarización, es consecuencia de la falta de políticas públicas enfocadas en atender el problema, pero también es cierto que los funcionarios han quedado rebasados ante la demanda, pues aunque ellos mismos dicen estar conscientes de la dimensión del problema, su última respuesta ha sido que “no hay dinero”.
Por estas razones es que las familias organizadas en Antorcha buscarán un diálogo directo con el gobernador Rocha Moya, esperando una respuesta con miras a la solución de sus necesidades.
Hago un llamado a todos mis compañeros, sinaloenses en la misma situación, a que sumemos nuestra voz para solicitar la intervención del gobernador. En sus manos está que se asigne el recurso necesario para darle vivienda digna a la gente que más lo necesite. Si realmente su gobierno quiere combatir las invasiones y apoyar justa y humanamente a la gente más vulnerable del estado, estoy seguro que nos escuchará.
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