Garantizar la seguridad pública debería ser una prioridad estratégica para cualquier país que aspire al desarrollo. No sólo porque la seguridad protege la vida y la integridad de las personas, sino porque crea las condiciones mínimas para que la sociedad funcione: para que la clase trabajadora se desplace sin temor, produzca, genere riqueza social, impulse la economía, la ciencia, la cultura, el deporte, etcétera.
La inseguridad ya no sólo se mide en estadísticas criminales, sino en la forma en que reorganiza la vida cotidiana de los mexicanos y en cómo limita su convivencia y su libertad misma.
Sin embargo, cuando la violencia permea en la vida cotidiana el empleo se ve precarizado, la vida se retrae y el desarrollo de este ser humano se transforma en privilegio.
En nuestro país la seguridad pública no existe. En enero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) en la que expone que la seguridad de México está en condiciones sumamente delicadas: para diciembre del 2025 el 63.8 % de la población mayor de dieciocho años consideró inseguro vivir en su ciudad. Seis de cada diez personas viven con la idea permanente de que su entorno es hostil, impredecible y peligroso.
La inseguridad, además, se concentra en zonas marginales o en horarios excepcionales: la Ensu revela que 72.3 % de la población se siente insegura en cajeros automáticos, 64.9 % en calles y transporte público y 58.9 % en carreteras. Es decir, los espacios básicos para trabajar, moverse y vivir se han convertido en zonas de riesgo.
¿Qué provocó esto? Que más del 42 % de la población dejara de portar objetos de valor, que el 37 % evite caminar de noche y el 38 % restrinja la movilidad de sus menores por temor a sufrir algún delito.
Es decir, la inseguridad ya no sólo se mide en estadísticas criminales (20 mil 674 homicidios dolosos en 2025, más de 118 mil 962 desaparecidos hasta enero 2026, y crímenes comunes como robo a casa habitación 3 mil por mes y asaltos), sino en la forma en que reorganiza la vida cotidiana de los mexicanos y en cómo limita su convivencia y su libertad misma.
A este panorama se suma un dato que a mi parecer revela la profundidad del problema institucional: sólo 28 % de la población considera que su gobierno municipal es efectivo para resolver los principales problemas urbanos.
Entre el discurso de las autoridades gubernamentales y la realidad que enfrentan los mexicanos cada día existe evidentemente un vacío importante.
Además, entre quienes tuvieron contacto con autoridades de seguridad 45 % reportó haber sufrido al menos un acto de corrupción, lo que refuerza la idea de que la inseguridad no sólo proviene del delito en sí, sino también de la fragilidad —o complicidad— de las instituciones encargadas de combatirlo.
En este contexto, cobra especial relevancia lo que ha advertido la Oxfam en su informe más reciente “Contra el imperio de los más ricos.
Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”: el poder económico del gran capital ha logrado capturar gobiernos, influir en políticas públicas y orientar las decisiones del Estado en favor de intereses privados.
Cuando esa captura económica se cruza con la presencia territorial del crimen organizado la pregunta entonces es ¿quién gobierna realmente y para quién? ¿Para las mayorías trabajadoras que sostienen el país o para empresarios, élites políticas y grupos criminales que operan y se enriquecen impunemente?
La Ensu no responde directamente a esa pregunta, pero sí demuestra que el Estado ha dejado de ser un garante efectivo de seguridad para la clase trabajadora.
El caso de Puebla resulta particularmente llamativo, pues mientras el gobierno estatal insiste en presentarse como uno de los mejor evaluados y presume inversiones en materia de seguridad —más de 4 mil 700 millones de pesos destinados a la Secretaría de Seguridad Pública (Ssp) y 390 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública—, la realidad que viven los poblanos es distinta.
La Ensu documentó que el 85 % de los habitantes de la capital considera inseguro vivir en la ciudad, cifra que coloca a Puebla entre las urbes con peor percepción de seguridad del país; lejos de revertirse —pese al gasto público ejercido— la inseguridad ha aumentado en el estado, con más de 75 mil 500 delitos registrados en los primeros once meses de 2025, de los cuales más de 30 mil corresponden a robos.
Este contraste, imposible de ignorar, obliga a los funcionarios a replantear de fondo sus estrategias en materia de seguridad.
Frente a un país donde la inseguridad coopta descaradamente la cotidianidad, donde el Estado se ve superado y hasta desmotivado para resolver este problema tan fundamental y ante un contexto geopolítico convulso, organizarse cobra vital relevancia.
Esa es la única vía para que la clase trabajadora transforme esencialmente la vida que la sojuzga actualmente; el Ing. Aquiles Córdova lo dice claramente en su entrevista “El mundo no se va a someter ante un capitalismo en irreversible decadencia” publicada en la revista Buzos de la Noticia:
“El capitalismo se ha agotado entre nosotros (...) hay que empezar a hacer de México un país fuerte que aproveche en un momento dado la coyuntura mundial. No van a venir los rusos ni los chinos a hacernos la revolución, ni nos conviene. Tenemos que apoyarnos en nuestras propias fuerzas, como decía Mao, y existen 130 millones de mexicanos muy trabajadores, inteligentes, con capacidad para desarrollar ciencia y tecnología”.
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