El sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte.
El virus presente en el aire o en superficies contaminadas sigue siendo activo y conserva su capacidad infecciosa durante dos horas. Una persona infectada puede originar hasta dieciocho infecciones secundarias, lo que subraya su extraordinaria capacidad de propagación.
Con 681 casos confirmados en las primeras cuatro semanas de 2026, Jalisco ya superó el total de contagios registrados en todo 2025, según cifras actualizadas de la Secretaría de Salud.
La vacunación comunitaria es la forma más eficaz de prevenir el sarampión y debería extenderse a todos los niños. La vacuna es segura, eficaz y de bajo costo: se utiliza desde hace unos 60 años y cuesta menos de 1 dólar por niño.
Antes de su llegada, el sarampión era endémico en todo el mundo, con tasas de mortalidad alarmantes: aproximadamente 30 millones de casos y más de 2 millones de muertes anuales. Tras autorizarse su uso en 1963, la vacunación infantil generalizada redujo drásticamente las tasas de enfermedad a nivel global.
A pesar de esto, México enfrenta actualmente un brote de sarampión que pone en riesgo su estatus de país libre de la enfermedad, certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Uno de los estados más afectados es Jalisco, que con 681 casos confirmados en las primeras cuatro semanas de 2026 ya superó el total de contagios registrados en todo 2025, según cifras actualizadas de la Secretaría de Salud. La entidad se mantiene como el epicentro del brote a nivel nacional, seguida de Chiapas con 212 casos y Sinaloa con 82.

Este resurgimiento no es casual. En 2025, el presupuesto nacional del sector salud sufrió un recorte del 11.0 %, totalizando 918.4 mil millones de pesos.
En Jalisco, la reducción fue aún más pronunciada: 12.2 % (122 mil millones de pesos menos), alcanzando su nivel más bajo desde 2022.
Particularmente grave es el recorte en vigilancia epidemiológica, que pasó de 858 a 836 millones de pesos a nivel nacional (Gasto para salud 2025, CIEP). Estas cifras evidencian el progresivo desmantelamiento de la salud pública preventiva.
La respuesta gubernamental ha sido reactiva y limitada. Ante la posibilidad de perder el estatus de país libre de sarampión —lo que afectaría económicamente al país, especialmente en sectores como el turismo—, se implementó una campaña de vacunación masiva en Jalisco con la meta de aplicar 1.3 millones de dosis en 45 días.

Sin embargo, esta medida contrasta con la cobertura vacunal real de los últimos años: 65 % en 2024 y apenas 700 mil dosis aplicadas en 2025, muy lejos del 95 % requerido para garantizar la inmunidad colectiva.
Lejos de ser una solución de fondo, esta campaña ejemplifica las peores lógicas del modelo actual: se activa sólo cuando el brote es noticia nacional y amenaza intereses económicos, no como parte de una política preventiva sostenida.
Hablamos de una respuesta tardía y parcheada que no compensa años de desinversión en el programa regular de vacunación. Como intentar apagar un incendio forestal con cubetas de agua después de desmantelar el cuerpo de bomberos, esta medida fugaz deja intactas las causas estructurales del problema.
En conclusión, el reciente brote de sarampión en México, con especial incidencia en Jalisco, no constituye un fenómeno aislado ni fortuito. Representa la manifestación coyuntural de problemáticas estructurales en el sistema de salud pública mexicano, resultado de la tendencia de gobiernos recientes a recortar el gasto social, con consecuencias devastadoras para los grupos más vulnerables.
La crisis actual desenmascara un modelo que prioriza indicadores económicos sobre derechos humanos y revela la urgencia de reconstruir un sistema de salud verdaderamente público, preventivo y universal.
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