El miércoles 3 de agosto, aproximadamente a las 13:35, 10 trabajadores quedaron atrapados en una mina de carbón en la comunidad de Conchas, cercana a la población La Agujita, del municipio de Sabinas, Coahuila sin que a la fecha hayan sido rescatados.
El accidente se generó cuando los trabajadores excavaban y se toparon con una represa que, al derrumbarse, inundó el pozo donde estaban, el cual había sido abierto, con otros dos, en enero de este año sin inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El pozo se halla a 65 metros de profundidad y la inundación inicialmente cubrió 30 metros. El accidente se debió a que, en las minas de carbón, no se hacen barrenos para identificar cuerpos de agua y gases, lo cual propicia que los mineros trabajen a ciegas y enfrenten todo tipo de riesgos.
Las cifras fueron contradictorias desde el primer día, pues primero se informó que eran nueve mineros, luego la STPS reportó ocho; posteriormente, los testimonios de tres sobrevivientes permitieron saber que 15 mineros se hallaban en el socavón, donde al cierre de esta edición permanecen 10 sin ser rescatados.
Los trabajadores que lograron salir fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Nueva Rosita.
Esta tragedia se registra un año y 26 días después de un siniestro similar o peor en la mina de Rancherías en Múzquiz, Coahuila, donde 65 mineros perdieron la vida también a causa de una inundación provocada por el rompimiento de una represa.
La primera noticia del nuevo accidente fue difundida por El Coahuilense, medio que reveló que el “pocito o mina de arrastre” era propiedad del político y empresario Régulo Zapata Jaime, a quien la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acaba de otorgar un contrato por 55 millones de pesos (mdp) para abastecer a la carboeléctrica Carbón II, ubicada en Nava, Coahuila.
Esta persona estaría relacionada con la empresa Beneficios Carboneros AJ, de la cual es socio principal su hijo, Régulo Zapata Morales, hijo también de la señora Martha Carolina Morales Iribarren. Esta empresa provee de carbón a la CFE, cuyo director es Manuel Bartlett Díaz.
Beneficios Carboneros AJ obtuvo, en abril del 2021, un contrato por 200 mdp para proveer de este mineral a las plantas generadoras de la CFE. Zapata Jaime, como la mayoría de los propietarios de minas y pocitos, participa activamente en la vida política de la región.
A pesar de que la STPS informó que la mina empezó a trabajar en enero de 2022 y que no reportaba problemas, los familiares de los trabajadores denunciaron que la mina carecía de equipo de seguridad; y que el único argumento que ha aducido para no supervisarla es que “no hay denuncias formales”.
Esta dependencia del Gobierno Federal incurrió en manifiesta y completa negligencia al permitir que el “pocito” de carbón minera de La Agujita tenga atrapados a 10 mineros.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), en Coahuila hay ahora mil 324 concesiones mineras de todo tipo; pero no aclara cuántas están inactivas en la región carbonera, de las que son parte Monclova, Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Guerrero, Hidalgo y Juárez. En 2021 había 513 concesiones vigentes y 190 que ya habían expirado.
Nazira Zogbi Castro, titular de la STPS de Coahuila desconoce quién o quiénes son los dueños o el dueño del pozo siniestrado, que no contaba con las condiciones adecuadas para que sus trabajadores no arriesgaran sus vidas diariamente, según sus familiares.
“Honestamente no es un tema en el que yo me esté abocando ahorita. Tengo dos encomiendas muy importantes: la atención de los familiares y la atención de los rescatistas”.
La Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Gerardo Márquez Guevara, abrió una carpeta de investigación en torno al derrumbe de la mina de carbón, afirmó que Cristian “N” es el presunto dueño de la empresa, según un informe del delegado de la región carbonera, Ulises Ramírez Guillén.
Por su parte, Régulo Zapata Jaime confirmó que trabaja una mina de carbón, pero aclaró que no es dueño de la siniestrada, que sus desarrollos mineros se hallan a por lo menos 15 kilómetros de distancia y reconoció que en este tipo de minería existen muchos riesgos para los trabajadores.
El accidente pudo evitarse
Los empresarios y los caciques que desde hace más de un siglo dominan la minería del carbón han difundido la versión de que es “imposible” evitar los riesgos de muerte que enfrentan sus trabajadores y, en reconocimiento a esta cruda realidad, han levantado en la región “monumentos al minero”, con los que pretenden ocultar su nula humanidad y su manifiesta negligencia, con la complicidad del Estado mexicano.
A partir del siniestro minero de 2006 en Pasta de Conchos, que sepultó a 65 trabajadores, surgió la organización Familia Pasta de Conchos que, desde entonces, acompaña a los familiares de las víctimas de aquella tragedia y levanta la voz por las condiciones de absoluta inseguridad con que operan las minas de carbón.
Claudia Averbach, directora de esta organización, es la figura más visible en la defensa de los derechos laborales y humanos de los coahuilenses de esta región. Desde hace un año no se había registrado un accidente en la región carbonera de Coahuila.
El más reciente se produjo en junio de 2021, en el poblado de Rancherías, donde siete personas perdieron la vida cuando se inundó su zona de trabajo. Después del de Pasta de Conchos, al menos otros 122 mineros han muerto en explosiones, derrumbes o inundaciones.
En su cuenta oficial de Twitter, la organización civil Familia Pasta de Conchos denunció que el accidente minero de La Agujita se pudo evitar si los empresarios realizaran los estudios necesarios para valorar los riesgos en los socavones y dotaran a sus trabajadores con material de seguridad física necesario; pero prefieren exponerlos a la muerte.
“El siniestro del día de hoy (tres de agosto) en la mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, da cuenta que las condiciones estructurales que ocasionaron los hechos de Pasta de Conchos en 2006 no se han revertido.
“La mina tiene tres pozos de carbón que no cuentan con paredes construidas de material para evitar un posible colapso. Tienen aprox. 65 metros de profundidad y el agua subió hasta 30 metros.
“Los nueve trabajadores quedaron atrapados porque no se tomaron medidas de seguridad como barrenar las paredes para identificar una posible acumulación de agua o de gas.
“Las malas condiciones de este centro de trabajo son el resultado de la omisión del Estado mexicano para tomar medidas de no repetición, como desde Familiares Pasta de Conchos hemos denunciado por tantos años”.
Esta organización civil finalmente llamó al Estado mexicano a realizar cuantas diligencias estén a su alcance para rescatar y revisar a fondo las condiciones de la minería en la región carbonera de Coahuila.
Las autoridades trabajan a ciegas
Tanto el Gobierno Federal como el estatal, a cargo de Miguel Ángel Riquelme, han informado que, en la mina Las Conchas, los trabajos de rescate continúan sin descanso y a contrarreloj; sin embargo, el gobernador de Coahuila tuvo que reconocer que tales labores se realizan a ciegas porque carecen de planos actualizados de las minas. “Realmente no se tenía noción de hacia dónde salieron los tiros, tampoco las condiciones de la propia mina; pero es un tema que también la fiscalía está colaborando con las autoridades federales”, explicó.
Hasta el cierre de esta edición seguían atrapados 10 de los 15 trabajadores que se encontraban en la mina; tres de los que sobrevivieron al percance fueron trasladados a unidades médicas cercanas, donde se encuentran estables, fuera de peligro; y dos más que lograron salir no requirieron hospitalización.
Afuera de la mina trabajan, en labores de rescate, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, de las secretarías de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, personal de las secretarías de Trabajo, Gobierno y DIF Coahuila; la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la CFE y rescatistas voluntarios de la región carbonera. En total son más de 150 personas que trabajan en tres turnos.
La principal acción de rescate consiste en la extracción de agua de tres pozos contiguos mediante el uso de ocho bombas; y en las próximas horas llegarán 13 equipos de bombeo con mayor capacidad que permitirán agilizar la sustracción de agua.
Familiares de los trabajadores del pozo de carbón en La Agujita esperan una respuesta positiva sobre la situación de hijos, esposos y padres que siguen atrapados en las profundidades. La familia de Jaime Montelongo espera con paciencia en la sombra de un toldo, instalado a unos cuantos metros del pozo siniestrado.
“Estamos esperando a ver qué nos dicen. Las autoridades nos dijeron que iban a llegar más bombas para extraer el agua y poder entrar los buzos a ver cómo está todo”, lamentó Cruz Montelongo.
“Estamos tristes, desconsoladas, esperando respuestas. A mí no me gusta que me entrevisten. Yo quiero respuestas, quiero soluciones; en realidad esto es lento lo que están haciendo. Un cuñado me decía que ahí, donde están esos pozos, era una mina de Conchas del norte. Esa mina tiene como 30 años que se había cerrado. Igual ellos donde empezaron a minar se salió toda el agua, por eso es que ahorita no pueden sacar toda el agua. Por eso sacan y sigue entrando toda el agua de la mina”, agregó Cruz.
Otros familiares de víctimas tampoco pierden la esperanza de encontrar a sus parientes con vida, aunque lamentan que las labores de rescate no se hubieran iniciado rápido. “Dios es el de la última palabra. Tenemos mucha fe y fortaleza de que todo va a salir bien”, reconoció una de las mujeres que no pierde la esperanza de que su hijo retorne a salvo.
La huella del carbón
Hace 16 años ocurrió el peor accidente minero en la historia reciente de México; el 19 de febrero de 2006 se registró una explosión en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila. El gas se acumuló en el interior y ocasionó una explosión que acabó con la vida de 65 de los 73 obreros que trabajaban, en ese momento, en la mina 8. Este accidente ha sido catalogado como uno de los siniestros más grandes en la historia reciente de Coahuila; el caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En mayo de 2011 hubo una explosión de gas metano que acabó con la vida de 14 mineros que quedaron atrapados al interior de un pozo de carbón en el ejido de Sabinas; y en agosto de ese mismo año cuatro trabajadores perdieron la vida cuando se derrumbaron 100 toneladas de carbón en la mina La Esmeralda.
El tres de agosto de 2012, una mina de carbón explotada por Altos Hornos de México se derrumbó en el municipio de Progreso, Coahuila; en el accidente, seis mineros resultaron muertos; y el 25 de julio de ese mismo año, una explosión en un pozo de carbón, en el ejido La Florida, Múzquiz, acabó con la vida de siete mineros.
El 18 de octubre de 2017, dos trabajadores fallecieron luego de un derrumbe en una mina de Barroterán, Múzquiz. Los mineros dijeron que el accidente ocurrió por falta de medidas de seguridad en los socavones. En junio de 2021, una inundación en la mina de Rancherías, Múzquiz, y un derrumbe en una mina de plomo y zinc ocurrida el 19 de julio, produjeron la muerte de dos trabajadores.
Los siniestros en las minas han ocurrido desde el Siglo XIX en Coahuila, donde se ubica el yacimiento de hulla o carbón mineral más grande del país, como ha documentado la organización Pasta de Conchos en su Informe "Carbón rojo", el cual reseña que entre 1883 y 2017 hubo al menos 310 eventos mortales con tres mil 103 muertes.
Este mismo documento revela que, en 1888, se firmó el primer Tratado oficial entre México y Japón, lo que trajo como consecuencia, en 1897, un gran flujo de japoneses que querían transmigrar a Estados Unidos, pero que lo harían desde México, por lo que en su país se crearon tres compañías dedicadas a la contratación y transportación de trabajadores japoneses.
En una década fueron 12 millones de migrantes, de los cuales 48 millones fueron destinados a las minas de carbón. Uno de los primeros grandes siniestros ocurrió en 1889, en la mina El Hondo, donde murieron 300 mineros, según los registros civiles y oficiales de 1889 a 2002.
En noviembre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que la modificación a los cauces de agua realizados por la industria minera en las localidades de Agujita y Cloete representaba un riesgo no solo para los trabajadores, sino también para los vecinos de las zonas habitacionales.
La CNDH recomendó que se investigaran “las irregularidades de los tajos, pocillos, patios de maniobra y, en general, obras mineras empleadas, tiraderos clandestinos, o bien otros sitios que se empleen en las mismas condiciones de ilegalidad, debiendo remitir a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”.
La recomendación de la CNDH fue fechada el 22 de noviembre de 2018, justo antes del término del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y de la que tuvo conocimiento el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya visita a la zona fue sólo con propósitos mediáticos, pero se mostró indiferente ante los reclamos de los familiares.
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