Los bajos salarios y la falta de empleo limitan la compra de la canasta básica, un problema que afecta cada vez a más familias sin que AMLO cumpla con su compromiso de garantizar la seguridad alimentaria.
Cuando Abigail Rivera va a una de las tiendas de la colonia Bicentenario de Durango-capital, no sabe si le alcanzará el dinero para comprar algunos productos de la canasta básica pese a que, desde hace un par de años, sólo elige los que se venden en bolsas de un kilogramo o menos.
Esta práctica data de 2022, cuando repuntó la inflación y, en nueve de cada diez familias, el uso más común es la compra de mercancías a granel o “sueltas”, porque se adapta mejor a sus posibilidades económicas, según la consultora Kantar, especializada en consumo.
El problema del alza de precios afecta cada vez a más familias y AMLO sigue sin cumplir con su compromiso de garantizar la seguridad alimentaria, como prometió en 2018 durante su campaña.
El tendero toma una báscula y hace sus medidas. “Nuestros bolsillos ahorita están muy gastados; están muy saqueados”, se lamenta Abigail.
Pero el incremento de los precios no sólo afecta a las familias, sino también a los pequeños negocios que subsisten casi de milagro, como asegura Rigoberto López Villalpando, propietario de un pequeño negocio llamado “Lonches El Bolita”.
El tendero precisó que, a pesar del incremento en los precios de los alimentos, él intenta ofrecer más baratos sus productos a sus clientes, ya que “el tomate y la cebolla se fueron muy arriba, y en algunos lugares está hasta 60 y casi 80 pesos”.
López Villalpando, conocido en su colonia con el apodo de “El Bola”, reportó a Buzos:
“No queremos castigar a la gente aumentando los precios del lonche. Nosotros, como quiera, estamos aguantando, aguantando, y esperamos que la inflación ya no aumente más”.
En Durango hace casi dos años había 174 mil familias en pobreza laboral –el 35.3 % de la Población Económicamente Activa (PEA)– o sin ingresos económicos suficientes para adquirir la canasta básica; 72 % de las familias vive en el medio urbano y 28 % en el rural.
El último Censo de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en Durango hay 493 mil 698 viviendas, de las que el 62.2 % es del tipo “nuclear”, es decir, integradas por padres y al menos un hijo; y el 24.9 % “ampliada”, con uno o dos parientes más.
Pero el problema puede agravarse en la entidad, porque en el último trimestre del año pasado y en lo que va de 2024 los despidos se incrementaron considerablemente; el respaldo del Gobierno no ha sido el adecuado y el aumento al salario mínimo no es suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.
El año pasado, la entidad se ubicó en el 16º lugar nacional con menor pobreza laboral, lista en la que Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocuparon los tres primeros con el 67, 62 y 59 % de la población, respectivamente. En tanto que los últimos fueron Nuevo León, con 24 %; Baja California, 20 %; y Baja California Sur, 17.5 %, según el Inegi.
En contraste, San Luis Potosí, entidad perteneciente al centro de México, que ocupa una posición privilegiada, por su cercanía con grandes centros poblacionales e industriales, en enero de 2024 registró una de las tasas inflacionarias más altas del país y se ubicó entre las ciudades con mayor variación al alza en productos de la canasta de bienes y servicios básicos, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
En la capital potosina, el precio de las mercancías tuvo un aumento de 0.26 %; aunque fue menor al de la primera quincena de 2023, cuando subió de 0.55 %, y a la de 2022, cuando registró 0.62 %. Durante la primera quincena de 2022, la variación en los servicios fue de 0.02; en 2023 subió 0.30 % y en la primera quincena del presente año, de 0.24 %.
El criterio para aumentar el precio de los servicios básicos, como el consumo de energía eléctrica, depende del Gobierno; sin embargo, al incrementar afectó a las familias, sobre todo a las de menores ingresos que, en comparación con el año pasado, tuvieron que desembolsar más dinero; el porcentaje fue de 0.15 %.
Este año, los productos agropecuarios aumentaron más que los anteriores; subieron 2.42 %, contra 0.35 % de 2023 y 0.55 % de 2022. El jitomate fue el producto que mostró mayor incremento, con un 25.64 %; le siguió el tomate verde, con 8.71 %; y la cebolla, con 7.16 %. A éstos les siguieron los cigarrillos, con 2.35 %.
La capital de San Luis Potosí ingresó a la lista de las 55 ciudades mexicanas con mayor tasa inflacionaria en el primer mes del año, al situarse en el lugar 18, con una inflación de 5.05 %, por arriba de Cancún, Quintana Roo (5.04 %), la Zona Metropolitana del Valle de México (4.85 %) y Guadalajara (4.78 %).
¿Dónde quedó la seguridad alimentaria?
Tanto Abigail Rivera como Rigoberto López coinciden en que los bajos salarios y la falta de empleo limitan la compra de los principales productos de la canasta básica. Este problema afecta cada vez a más familias y AMLO no cumple con su compromiso de garantizar la seguridad alimentaria, como prometió a los mexicanos en 2018, durante su campaña presidencial.
En San Luis Potosí, los precios de los productos integrados en la canasta básica subieron en la primera quincena de noviembre de 2023, y hacia finales de enero mantuvieron esa tendencia al alza. En la entidad se ubicó en el quinto lugar nacional más caro, Durango se sostuvo en el sitio 16.
Durante la primera quincena de enero de 2024, la inflación general en el país alcanzó 4.09 %, con una variación de 0.49 % del Índice Nacional de Precios al Consumidor con respecto a la quincena anterior, pero es necesario destacar que la inflación cumplió cinco quincenas al alza desde noviembre pasado; y que sus cifras están en el nivel bajo desde febrero de 2021.
En septiembre del año pasado, el costo mensual de la canasta básica fue de dos mil 243.12 pesos en las zonas urbanas y de mil 721.14 pesos en las rurales. Esta inflación es la más alta en más de 20 años, y ha reducido incluso más el poder adquisitivo de los ingresos laborales de la población más vulnerable del país, a la que los gobiernos deberían garantizar un mayor acceso a los alimentos y los servicios básicos.
A finales de enero, la organización México, ¿cómo vamos? informó que el Semáforo nacional de inflación se mantuvo en rojo, y previó que esta situación cambiará a otro color en lo que resta de 2024.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por su parte, detalló que el aumento del jitomate ha sido de 125.2 %; el del azúcar morena de 99.1 % y el del frijol negro y pinto del 66.6 y 55.5 %, respectivamente.
En los supermercados, el kilogramo de huevo cuesta 90 pesos; el de tortillas, un promedio de 23 pesos en la mayor parte del país; el kilogramo de jitomate, 70 pesos; de aguacate, hasta 80 pesos; la pechuga de pollo, que estaba en 60 pesos por kilogramo, actualmente alcanza 120 pesos, y la pierna y el muslo rebasan los 65 pesos.
También subió el precio de cigarros, refrescos y gasolinas; en los tres casos se debió a que a partir del 1° de enero se actualizó la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que aumentó 4.32 %. En el caso de la gasolina Magna, el alza fue de 0.25 pesos; de la Premiun, 29 %; y del diésel, 28 %. El incremento en el impuesto sobre las bebidas azucaradas pasó de 1.50 a 1.57 pesos por litro, y del tabaco de 0.59 a 0.61 pesos.
México, ¿cómo vamos? prevé mayor inflación en lo que resta de este año, porque la inseguridad pública en muchas carreteras y ciudades del país, los asaltos y las extorsiones cometidas por la delincuencia organizada están incidiendo en el alza de los precios de alimentos, otros bienes básicos y de los servicios de transporte, lo que afectará mayormente a los sectores marginados de la población.
La informalidad, en aumento
Hasta noviembre y diciembre de 2023, según Inegi, un millón 600 mil mexicanos se encontraban en el desempleo total o abierto, cifra equivalente al 2.6 % de la Población Económicamente Activa (PEA) y que habría sido menor en 59 mil personas a la que se reportó.
La Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo (ENOE) detalló que el 14.3 % de las personas sin una fuente de ingresos no contaba con estudios completos de secundaria y que, en contraste, el 85.6 % tenía mayor instrucción.
Agregó que los mexicanos con un segundo empleo eran 4.5 millones (7.6 % de la población ocupada), cifra mayor en 309 mil personas a la que había en diciembre de 2022; y que de estas, el 8.1 % eran hombres y el 6.9 % mujeres.
Significativamente, la ENOE no incluyó una cuantificación reciente de la informalidad, de la que sin embargo otras afirman que aumentó más del 50 %; cuyo número global de instituciones civiles y algunas oficiales registran tasas equivalentes al 53, 55 e incluso 60 % con respecto a la PEA.
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