En los últimos meses se ha incrementado las denuncias por el avance de la construcción del Tren Maya en el Sureste de México, obra catalogada como emblema de la presente administración denominada Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Son decenas de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la Península de Yucatán, quienes han denunciado que el Poder Judicial de la Federación no ha garantizado un efectivo acceso a la justicia en los litigios que han emprendido en contra del denominado “Tren Maya”.
En octubre pasado representantes de las organizaciones Indignación A.C., Kanan Derechos Humanos A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), exhibieron que ha prevalecido dilación de los juicios, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables, todo lo cual constituye violaciones a sus derechos humanos.
Además señalaron que desde enero del año pasado, comunidades de la Península Yucatán, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han interpuesto demandas en contra del “Proyecto de desarrollo Tren Maya”, en las que se reclaman violaciones a sus derechos humanos ambientales, derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la información pública, entre otros.
En Chiapas un juez federal determinó la suspensión de la obra, temporalmente, debido al brote de la pandemia por el Covid-19, pero esta suspensión fue de carácter sanitaria y para evitar riesgos de contagio entre los trabajadores, más no así como resultado de un proceso de litigio formal que han emprendido estas comunidades desde Chiapas hasta Yucatán.
Sin embargo, después de 15 meses de iniciar los procesos judiciales, algunos amparos siguen a la espera de ser admitidos, puesto que los juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro.
Los denunciantes precisaron que uno de estos amparos transitó de los juzgados de CDMX a Campeche, y en Campeche se envió una parte a Quintana Roo y a Yucatán, pues los juzgados argumentaron que no podían conocer del asunto y que le correspondían a otro juzgado.
Pasado un tiempo y cuando finalmente se definió el juzgado competente, el Consejo de la Judicatura Federal, a petición de Nacional Financiera y sin avisar a las promoventes de los amparos, decidió que todos los asuntos relacionados con el Tren Maya fueran conocidos por el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, por lo que ahora, después de más de un año de promovidos, se está a la espera de que la totalidad de actuaciones lleguen a dicho juzgado, para poder tener una admisión completa de la demanda, generando una situación de denegación de justicia.
También denunciaron que se han realizado sobrevuelos en los tramos del proyecto “Tren Maya” particularmente en diversos municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, observando actividades al margen de la ley, como es el caso de la remoción de vegetación forestal, apertura de caminos y bancos de materiales pétreos, entre otras.
Esta actividad les permitió contrastar imágenes con las satelitales correspondientes a un año antes, dando como resultado cambios de uso de suelo en terrenos forestales en al menos 144 hectáreas de selva maya.
Igualmente, se realizaron solicitudes de información, en la que las propias autoridades indicaron -en respuestas oficiales- que las zonas “no cuentan con permisos de cambios de uso de suelo en terrenos forestales vinculadas al proyecto “Tren Maya”.
Por ello señalaron que estas acciones constituyen una violación directa al derecho a un medio ambiente sano pues, al no existir estudios ni autorizaciones que justifiquen la viabilidad de desmontar terrenos forestales, existen riesgos y daños ambientales que vulneran nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano, sobre todo cuando estos ecosistemas nos brindan servicios ambientales.
Además de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sigue trabajando en toda la ruta del proyecto realizando actividades que van más allá de rehabilitación de las obras existentes, lo que constituye una violación a las suspensiones que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados han otorgado a favor de las comunidades, colectivos y organizaciones, en las que se obliga a las autoridades a abstenerse de ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya.
Por último, manifestaron que, aunque se ha modificado el trazo del proyecto en algunas poblaciones como Campeche y Mérida para evitar desalojos, en comunidades mayas continúa el proceso de desalojo forzoso, e incluso se ha presionado a pobladores que han presentado amparos para que entreguen sus terrenos bajo la promesa de recibir después casas nuevas, en la mayoría de los casos sin garantías o convenios que les den certeza jurídica.
Por ello exigieron que el Poder Judicial garantice el respeto de nuestros derechos humanos y actúe con celeridad y diligencia, pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucata?n están ocurriendo muchas dilaciones procesales, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables.
Retraso de la obra
Una de las tres obras insignias de AMLO, el Tren Maya, lleva un retraso de al menos cinco meses debido a la burocracia existente y a fallas geológicas, según reveló el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, el pasado 27 de noviembre.
Señaló que "esos trámites nos han complicado cinco meses de retrasos. El burocratismo de Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y Conagua (Comisión Nacional del Agua) han retrasado el avance", explicó a medios internacionales Jiménez Pons, uno de los funcionarios de mayor confianza en la administración de López Obrador, durante una visita de trabajo a las obras del Tren Maya.
Destacó que otro factor de retraso se dio durante los trabajos en el subsuelo, pues se han tenido que nivelar varios tramos entre tres y seis metros, pues a consecuencia del cambio climático se detectaron irregularidades en los terrenos.
"Es increíble ver que en las fallas geológicas de suelo hay una diferencia de hasta seis metros entre el terraplén y las viejas vías", subrayó Jiménez Pons.
En una nota aclaratoria, Fonatur señaló que los retrasos a los que Jiménez Pons hacía referencia era "a las inercias burocráticas de administraciones anteriores que legaron un sistema ineficaz e ineficiente" contra el que el actual Gobierno de México ha emprendido una transformación.
Además, el organismo reconoció y celebró "la cooperación de las distintas secretarías y de todas las dependencias federales" en la realización del Tren Maya para cumplir el compromiso de finalizar su construcción en 2023.
El Tren Maya, que debería estar listo para finales de 2023, es un proyecto prioritario de López Obrador con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para construir cerca de mil 554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
A finales de octubre, Jiménez Pons informó al Senado que el costo de la obra había crecido en 60 mil millones de pesos hasta los 200 mil millones de pesos, debido al aumento de tramos de doble vía, su electrificación y a un mayor número de estaciones.
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