Pese a las muchas de las cosas buenas que tiene el estado de Aguascalientes, como el clima cálido, la gente buena, la limpieza de la zona céntrica, etcétera., también existen ciertos detalles que imposibilitan a las personas el obtener algún pedazo de tierra para construir su patrimonio.
Es bien sabido que, a escala nacional, en las grandes ciudades, miles de personas buscan un lugar dónde poder construir una pequeña casita para resguardar a su familia, enfrentándose a los diversos requisitos que el desarrollo urbano de cada ciudad y estado aplica en lo concerniente al a la regulación habitacional.
En Aguascalientes, enfrentarse a la reglamentación es toda una odisea pues está diseñada para que organizaciones, o individuos sin dinero, sin poder político, no se atrevan ni siquiera a pensar en llevar a cabo un proyecto habitacional, de lotificación, o cualquier otro. Disfrazado de apoyo técnico a las personas o grupos que desean hacer una colonia, las autoridades ponen un sinfín de requisitos, por lo que difícilmente, sino es que imposible, se pueden cumplir en su totalidad.
Para empezar, los terrenos que se proponen deben tener el uso de suelo de tipo habitacional, si no lo tiene, mejor ni te metas en problemas. Para los que conocen un poco del negocio inmobiliario, saben que esos terrenos con uso de suelo habitacional o mixto, si no están ya apartados para las grandes inmobiliarias, alcanzan precios estratosféricos, que ni reuniendo los pocos recursos de las familias organizadas alcanzan para comprarlos.
Por ejemplo, un predio cerca de la mancha urbana en la capital hidrocálida cuesta entre 4 o 5 millones de pesos por hectárea, eso sin contar los impuestos a pagar por el ISABI, ISR, y demás. Así como todos los estudios necesarios para que las autoridades municipales y estatales le den el visto bueno.
El predio no debe tener afectaciones (corrientes de agua, escurrimientos, arroyos, fallas, grietas, torres de alta tensión, avenidas proyectadas, etcétera), pues de contar con alguna hay que dejar ciertos metros a los lados de esa afectación, terreno que se pierde, y ni siquiera puede donarse o ser utilizado como parque, pues las autoridades municipales ya no quieren esos espacios. Esa pérdida de terreno se le cargan a los que compren los posibles lotes que salgan de la superficie restante.
La Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo (Seplade), es la dependencia estatal encargada de darle el visto bueno a los nuevos fraccionamientos, y en el caso de los asentamientos irregulares, como son la mayoría de los formados por la gente de menores ingresos, el transitar por la serie de requisitos que exige la dependencia, y la serie de requisitos que exigen los municipios, es un verdadero viacrucis. Que, si no tienes pozo de agua potable, no hay aprobación; perforar un pozo requiere de millones de pesos, y varios permisos de las instancias federales y estatales.
Además de todo lo anterior, para que la Seplade otorgue el permiso de promoción y venta de escrituras, el asentamiento irregular debe tener un 30?avance en obras de urbanización, o sea, luz, agua, drenaje, banquetas, etcétera.
Y si las personas que habitan en el asentamiento quieren solicitar apoyo de las autoridades para la introducción de los servicios, estas les contestan, “no se pueden invertir recursos gubernamentales en predios irregulares, o de particulares”, “la ley no nos lo permite”, “quién va a ser el bueno que les firme o les ayude, pues estaría cometiendo un delito”.
O sea que, los colonos organizados deben rascarse con sus propias uñas, pagar los servicios, poner con sus propios recursos la luz, el agua, drenaje, pavimento, banquetas, alumbrado, electrificación, etcétera, dejando a las autoridades sin alguna responsabilidad sobre la necesidad de servicios básicos de los ciudadanos que se los solicitan. Toda una trama bien hecha para deslindarse de las necesidades de la gente.
Todo lo anterior está bien diseñado y pensado, para que la gente se enganche con las grandes empresas fraccionadoras, que les den sus créditos, a los que los tienen acceso, mientras a las empresas se les hace más grande su capital. En años anteriores, los gobiernos hacían vivienda para la gente de escasos recursos, con programas de pies de casa, y demás.
En esta nueva administración, al parecer el gobierno de la Dra. María Teresa Jiménez Esquivel, quiere reactivar dichos programas, y ya los ha anunciado; lamentablemente la necesidad es mucha y los pocos recursos invertidos en dicho programa han quedado pequeños ante la gran demanda.
Las nuevas propuestas de colonias populares pudieran ser una buena salida a la gran demanda de los hidrocálidos, pero los requisitos y la poca sensibilidad de algunas dependencias municipales y estatales hacen de esta opción un imposible para la necesidad que se tiene.
Se requiere una política de crecimiento poblacional más humana, con menos requisitos y más apoyo de las dependencias para lograr combatir el rezago de vivienda, de no ser así, las invasiones, asentamientos irregulares, y demás seguirán proliferando en las periferias de las ciudades de nuestro estado. Ojalá y este llamado encuentre oídos atentos en las autoridades de nuestro querido Aguascalientes.
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