Sí, mucha razón tiene el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién al proponer un freno a través de la LVIII legislatura estatal a la actitud abusiva de los servidores públicos, como diputados y demás funcionarios estatales y municipales que aprovechan los puestos que les confió el pueblo para traicionarlo y retirarse con insultantes pensiones vitalicias costeadas por la misma clase trabajadora, que van de los 47 a los 80 mil pesos mensuales, en la mayoría de los casos equivalente al 100 por ciento de sus salario.
Aunque desde mi modesto punto de vista tienen igualmente razón los miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado en protestar por la Reforma de Jubilaciones y Pensiones aprobada el pasado jueves 10 de diciembre, por cierto solo por 14 de 25 diputados, pues ésta no aplica nada más para los servidores públicos aprovechados y oportunistas sino para todos los burócratas en general que trabajan y se desgastan lo mismo que cualquier otro trabajador de una empresa o una fábrica, y que recibe seguramente salarios de hambre.
En el apartado de jubilaciones y pensiones de dicha reforma se contempla entre otros puntos, que ahora los burócratas podrán jubilarse al cumplir 60 años de edad, o al cumplir 30 años de servicio en cualquier dependencia del gobierno del estado y municipios y no 27, como ocurría anteriormente, que lo máximo que se les va a pagar a quienes han entregado su vida a la administración pública, en el que también se sufre de maltrato y abuso de los patrones, son 42 mil pesos, que a decir del señor gobernador es una pensión justa. Pero eso no es todo, incluye además, que el salario base de jubilación será el promedio de los últimos cinco años de trabajo y no el salario del último año.
En un comunicado del gobierno del estado, se informó que hace 6 años el costo de las pensiones era de 110 millones de pesos anuales y para el 2016 este monto alcanzará los 515 millones de pesos. El gobernador por su parte, felicitó a los diputados del congreso local por la aprobación de las modificaciones a los lineamientos en materia de jubilaciones y pensiones. "Vamos a actuar con responsabilidad y con cordura, esto le quita presión a mi gobierno de tan solo estar pagando pensiones. Si no hubieran hecho esto, al final de mi administración mi gobierno hubiera tenido que estar pagando alrededor de 1500 millones de pesos al año solo en jubilaciones y pensiones", mencionó.
Cierto es, indudablemente, lo dicho por Francisco Domínguez al señalar que el gasto por pensiones y jubilaciones se irá incrementando poco a poco, y mucho mayor será si cada gobernante se inventa secretarías, direcciones y puestos superfluos para emplear a sus cuates y amigos con salarios altos. El problema a mi juicio es un mal del propio sistema que debe analizarse más a fondo. ¿Por qué necesariamente tienen que ser los trabajadores los que paguen los platos rotos por funcionarios y servidores públicos saqueadores del erario público?
Apenas hace tres meses el Congreso local autorizó jubilaciones por 79 mil 516 pesos a un funcionario de Usebeq, por 77 mil 516 pesos a uno municipal, 47 mil pesos a un diputado local y casi 89 mil pesos a un impartidor de justicia, entre otros que suman alrededor de 300 servidores públicos. Para no ir tan lejos, apenas el pasado miércoles, un día antes de aprobarse la mencionada reforma, 7 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, iniciaron sus trámites de retiro, con lo que podrán retirarse tranquilamente con sueldos de más de 120 mil pesos mensuales.
Sí, jubilar a los trabajadores con un máximo de 42 mil pesos por 30 años de servicio, así como aumentar la edad de jubilación a los 60 años de edad le quita presión al gobierno de Francisco Domínguez, y si propusieran jubilarlos a los 80 o 90, seguramente la presión sería menor aún. ¡Adelante!
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