La falta de obras de infraestructura básica y de servicios de calidad afecta directamente a la población de México, por lo que los afectados acuden a veces a las alcaldías a solicitar atención y solución a diversos problemas que afectan a su familia o a la comunidad entera.
Aunque de forma organizada y pacífica, busquen que el primer nivel de gobierno les ofrezca una solución favorable, lamentablemente, la mayoría de las veces no los quieren atender o, si los reciben, es para decirles que no hay dinero. En casos peores, se les responde que ya no se atiende a la gente que acude en grupo porque las políticas ya cambiaron.
Las demandas de los ciudadanos no representan lujos, sino derechos fundamentales que los gobiernos municipales están obligados a atender por ley.
Estas reflexiones tienen validez porque el 9 de octubre, una comisión representativa de antorchistas de colonias y comunidades del municipio de Fresnillo acudiría a entregar el pliego petitorio por escrito para que sea analizado por las autoridades, y buscaría una cita para exponer personalmente las solicitudes al alcalde Javier Torres Rodríguez. Dado que todos los problemas se han agravado, consideran que es necesario que el Gobierno entrante sea incluyente, transparente y atento con sus ciudadanos.
Con este acto se iniciarán acciones similares en los municipios de Guadalupe, Trancoso, Zacatecas, Vetagrande y varios más donde Antorcha tiene presencia.
Las demandas no representan ningún lujo para los peticionarios; afirman que no quieren un trato especial: “Queremos que se analice el documento y se haga una propuesta de atención de acuerdo con las posibilidades reales de cada alcaldía”.
Pero la experiencia ha sido abundante en cuanto a respuestas negativas; la falta de atención y solución a la problemática social no es algo nuevo. Los gobiernos de todos los signos políticos han aplicado la misma postura; situación que los antorchistas siempre han denunciado, porque es obligación de las autoridades atender los problemas que les exponen sus ciudadanos.
En 2018 llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, quien prometió la solución de toda la problemática a través de la implementación de un gobierno austero que ahorraría recursos del erario, a la vez que lucharía contra la corrupción, porque, a su manera de ver, allí estaba la causa principal del problema del país.
De allí nació la política de no atender a organizaciones gestoras porque eran intermediarias entre la autoridad y la gente, iniciativa que fue copiada especialmente por los alcaldes morenistas.
Con rigor, aplicaron tal postura en municipios como Guadalupe, Fresnillo, Vetagrande y Villanueva, a pesar de que la ley dicta con toda claridad las obligaciones de los alcaldes con sus gobernados y los derechos de estos últimos para gestionar su propio bienestar en los tres niveles de gobierno.
El artículo 115 de la Constitución en la fracción 3 expresa con puntualidad las obligaciones de las administraciones municipales, dice así:
“III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública”.
De acuerdo con lo indicado, la solicitud de obras de carácter básico como alcantarillado, electrificación o agua entubada, por obligación legal, deben ser atendidas por las administraciones municipales. Por tanto, quien se niega a hacerlo usando como excusas “nuevas políticas o recortes presupuestales”, más aún quien lo haga argumentando que se está ciñendo al mandato presidencial, no sólo está traicionando las promesas de campaña y la protesta de ley efectuada al tomar posesión del cargo, sino que además está olvidando sus obligaciones legales.
Por otro lado, el artículo 8 establece: Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de darlo a conocer en breve término al peticionario.
Es aceptado que las carencias han aumentado desde el inicio del sexenio pasado, donde el gasto público se centró en programas clientelares focalizados en los adultos mayores, jóvenes que no estudian ni trabajan, y en las becas Benito Juárez, apoyos que se distribuyen a través de una estructura gubernamental que los usa para hacer campaña electoral en favor del partido guinda.
Lamentablemente, los beneficiarios gastan el dinero en asuntos inmediatos, a la vez que deben renunciar a las acciones de beneficio común porque no hay dinero para otra cosa en México.
Pero como la realidad social se impone, muchos de los receptores y gente sin ningún apoyo monetario han decidido seguir luchando y exigiendo que el Gobierno atienda la falta de obras y servicios públicos; exigen que se programe la reparación de carreteras o que se construyan nuevas vialidades con materiales de calidad, además de que se dote de medicamentos a clínicas donde se garantice la presencia de personal de salud.
Estas son demandas que salen de las entrañas del pueblo, que sigue empobrecido a inicios del segundo piso de la transformación que se acabará hasta el año 2030.
Termino. Es un derecho constitucional recibir atención y es obligación de los funcionarios responder sin distingo partidista alguno. El marco jurídico respalda; la problemática que exponen los organizados tiene que ver con las atribuciones legales de los ediles.
Por lo anterior, es necesario que no se dude de la justeza de las demandas enarboladas, que asiste la razón y el derecho en la lucha por la justicia social que falta en todo México.
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