Ante las intensas difusiones que hemos hecho en este mes de marzo y ante el anuncio de que los antorchistas marcharemos este próximo 2 de abril e iniciaremos un plantón frente a Palacio de Gobierno estatal, hemos escuchado en privado algunas voces oficiales que nos acusan de cometer deslealtad con Claudia Pavlovich, de chantajearla para que nos dé dinero, y finalmente de no ser nadie como para exigir a la autoridad gubernamental el cumplimiento de sus compromisos. Si bien se ha tratado de comentarios aparentemente colaterales, marginales durante las conversaciones para llegar a acuerdos, nosotros entendemos bien de qué se trata y sabemos que esa forma de concebir a la organización de los más humildes de Sonora ni es nueva ni ingenua ni inocua. Es una mentalidad real y actuante, con la que nos hemos topado en innumerables ocasiones, que se manifiesta de manera velada o abierta, y que determina en lo fundamental la conducta política de gobernantes y funcionarios: es una estrategia del pensamiento político, una forma de pensar inducida desde los círculos más conservadores de las clases ricas y que los humildes deben aprender a distinguir y entender, porque siempre termina siendo aplicada contra ellos, luchen o no, y más cuando han logrado algún nivel de organización independiente. Por esa razón tenemos que explicar lo que a continuación leerá usted.
El principal argumento de nuestro proceder político de denuncia y exigencia es que este gobierno priista ha incumplido en lo fundamental con sus compromisos firmados en tres sucesivas ocasiones: en agosto de 2017, en septiembre de 2018 y en diciembre de 2018. Los tres documentos, de los que tenemos nuestra respectiva copia y que hemos dado a conocer a la opinión pública oportunamente, enlistan largas series de demandas populares auténticamente necesarias y así aceptadas por el propio Gobierno, que más adelante describiré en forma resumida, de las cuales ha resuelto algunas de importancia relativamente menor. Las demandas más importantes, las de obras y servicios para las colonias y comunidades más humildes y las que requieren voluntad política para apoyar la lucha de ellos -como las del tema educativo-, esas permanecen irresolutas. Si determináramos la efectividad gubernamental por el número de demandas resueltas respecto a las planteadas -ya no digamos por su importancia social y educativa-, andaría alrededor de un 5 por ciento (damos la cifra con ánimo de mostrar la realidad, no de ser injustos con el propio Gobierno estatal, porque no tenemos ninguna necesidad de hacerlo quedar mal: para eso se pinta solo). Pero esas demandas ganadas le han costado innumerables esfuerzos a la organización de los trabajadores; no han sido graciosamente concedidas por las autoridades, sino que prácticamente se les han arrancado mediante la lucha social. Para el resto de las demandas hemos acudido ya a estas alturas a decenas de infructuosas reuniones con funcionarios del Gobierno de Claudia Pavlovich con los pésimos resultados descritos. No mentimos, pues, si decimos que respecto a las demandas fundamentales del pueblo pobre organizado, el Gobierno de Claudia Pavlovich no resuelve nada, no cumple sus compromisos, carece de palabra de honor, sólo nos engaña, sólo nos distrae –así se explica que en las pasadas elecciones haya recibido un golpe político brutal por parte del pueblo sonorense que le dio merecidamente la espalda-.
Como patriotas mexicanos y progresistas, a los antorchistas nos parecen bien los ideales de justicia y desarrollo social que pregona el programa de lucha del Partido Revolucionario Institucional y, entre otras razones políticas similares, a pesar de la conducta totalmente contraria de muchos de sus miembros, decidimos hacer causa común y promovimos abierta y públicamente, con una lealtad que nadie, absolutamente nadie más le demostró, el voto para ese partido en las pasadas elecciones, y estuvimos dispuestos a dar la cara tanto a los reclamos como a las consecuencias de nuestra decisión soberana. A Antorcha nadie le puede reclamar deslealtad en ese sentido, nadie. Pero los ricos que nos gobiernan son tan soberbios que ellos sí se sienten con el derecho de cometer todo tipo de deslealtades, de atropellar sus propias promesas, borronear su firma con deshonor y quieren que nadie les diga nada. Por ello, a nuestro lógico reclamo público por tal conducta, y denuncias como la presente, se ofenden, ellos quieren que los pobres se sometan calladitos, sin chistar, y, además, celebren sus nefastas acciones como si fueran dioses a los que hay que rendir homenajes y pleitesía. Antorcha nunca lo hará, Antorcha no se doblega, Antorcha sí tiene palabra y así le cueste todo, pero la cumple. Somos de una sola pieza y carecemos de los dobleces de los políticos tradicionales. Somos una organización popular a la que ningún gobierno controla, ninguno, y por ello es nuestro derecho denunciar sin cortapisas las maniobras gubernamentales de todo tipo, vengan de donde vengan. Y lo podemos decir sin ambages hoy: el gobierno de Claudia Pavlovich está siendo, él sí, desleal con la lucha de los sonorenses más humildes, les pone todo tipo de trabas, efectúa todo tipo de retrasos, pone las justificaciones más insólitas, y si exigen cumplimiento a sus promesas les llama chantajistas; sus funcionarios enseñan el cobre de su soberbia cuando se sienten acosados por la razón que asiste a los más humildes ciudadanos organizados y les niegan el derecho de siquiera solicitar, mucho menos de exigir. En realidad, para ese tipo de mentalidad los pobres organizados y sus líderes no son nadie, son más bien seres despreciables que no entienden de política ni de gobierno, son, en última instancia, seres sin derechos políticos que atentan contra el sacrosanto derecho de los ricos a ser quienes siempre gobiernen: así miran no sólo a Antorcha, sino a cualquier organización popular independiente. Es típico del egoísmo sentirse ofendido cuando se le exige. También es, pues, justificado decir que el gobierno de Pavlovich es egoísta con su pueblo. ¿Y qué le reclama ese pueblo? Diga usted si los siguientes son reclamos injustos:
1.- Construcción de la Casa del Estudiante Sonorense en Hermosillo. 2.- Regularización de lotes para vivienda popular en varios municipios. 3.- Asesoramiento, apoyo y solución a la regularización de las viviendas de interés social por Infonavit en varios municipios. 4.- Reubicación y construcción de escuelas preescolar, primaria y secundaria en Puerto Libertad, debido al latente riesgo que causan los ductos de gas que pasan cerca. 5.- Pago a maestros y recategorización de plazas docentes de Telebachilleratos y secundarias. 6.- Asignación de 6 plazas base para docentes de primaria que llevan trabajando más de 12 de años como interinos. 7.- Reconocimiento oficial de dos nuevas escuelas de educación media superior (Hermosillo, Etchojoa) donde asisten alumnos de escasos recursos. 8.- Entrega de paquetes de apoyo a la vivienda para familias con este tipo de problema. 9.- Terminación de la carretera a El Choyudo. 10.- Construcción de infraestructura educativa (aulas, módulos sanitarios). 11.- Construcción del puente vehicular en la colonia La Antorcha. 12.- Entrega de paquetes alimenticios a familias de escasos recursos. 13.- Becas escolares de nivel básico para estudiantes de bajos recursos. 14.- En diciembre de 2018 se acordó etiquetar 15 millones de pesos para obra social del año 2019, compromiso que hasta la fecha no presenta ningún avance; los municipios beneficiados serían Hermosillo, Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, álamos, Villa Juárez, Guaymas, Empalme, Bácum, San Ignacio, Pitiquito, Caborca, Nogales, San Luis Río Colorado. 15.- Para el año 2019 se acordó etiquetar 3.5 millones de pesos para deporte, cultura, pago de transporte para viajes académicos y paquetes alimenticios para familias de escasos recursos; a la fecha no hay ninguna propuesta.
¿Encontró usted alguna demanda injusta o abusiva? El tipo de gobierno que considera abusivos a los pobres por plantear organizadamente sus necesidades y exigirlas no lo necesitan los sonorenses humildes. Por eso, el Gobierno de Pavlovich tiene que cambiar o cambiar, exigimos que cambie y resuelva con eficacia estas demandas, no hay alternativa…. bueno, sí la hay: la pérdida del registro de su partido político en el Estado. A estas alturas, como está la situación, esa es una consideración que no se puede descartar. Y de semejante debacle, nadie más que este Gobierno sería el responsable. Por nuestra parte, seguiremos siendo leales al Estado de Derecho, defendiéndolo, exigiendo que se respete el gran pacto social de 1917, que nos hizo dejar las armas a cambio de impartir y recibir justicia social.
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