El Estado mexicano ha perfeccionado un doble discurso: por un lado, apoya la diversidad cultural en museos y medios de comunicación; por otro, entrega los territorios indígenas a las corporaciones transnacionales.
Algunos ejemplos son reveladores: el 72 % de los conflictos socioambientales en México ocurren en territorios indígenas (Red Mexicana de Afectados por la Minería); en 2023 se otorgaron 342 concesiones mineras en zonas indígenas sin consulta real (Cartocrítica); el Tren Maya, impuesto sobre tierras mayas con pretextos “progresistas”, y la minería “verde” en Wirikuta (territorio wixárika), donde empresas canadienses extraen plata con permisos del gobierno.
La verdadera liberación de los pueblos comienza cuando se transforma la base material en la que viven, y la única manera de lograrlo es mediante acciones precisas que mejoren el entorno en el que se desarrollan miles de mexicanos.
Este despojo no es casualidad, sino que responde a un modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales que resguardan los pueblos ancestrales, favoreciendo inversiones extranjeras en sectores energéticos, petroleros y mineros.
En la minería, por ejemplo, el Estado otorga concesiones de exploración o explotación del subsuelo, principalmente a empresas canadienses, que controlan el 77 % de las concesiones extranjeras.
La situación no sólo se queda en las prebendas que se otorgan a las grandes transnacionales, sino que avanza al punto de no mejorar las circunstancias en las que viven miles de habitantes de los pueblos originarios.
La verdadera liberación de los pueblos comienza cuando se transforma la base material en la que viven, y la única manera de lograrlo es mediante acciones precisas que mejoren el entorno en el que se desarrollan miles de mexicanos.
Se ha vuelto común hablar de la importancia de los pueblos originarios, de su gran riqueza cultural y de su lucha milenaria por conservar sus tradiciones. Sin embargo, hasta el día de hoy, los esfuerzos han sido insuficientes.
Aunque en el discurso oficial se diga lo contrario, las comunidades indígenas siguen sumidas en el abandono. Resulta absurdo que, en pleno siglo XXI, no gocen de derechos sociales básicos ni de condiciones dignas de vida.
La razón es clara: en lugar de ser tratados como sujetos de derechos, son utilizados como objetos, como mercancía electoral. No basta con romantizar su resistencia; hacen falta hechos que transformen su realidad lacerante, garantizando mejores condiciones de vida.
Lejos de mejorar, la deuda con las comunidades indígenas sigue creciendo. En México hay 12.7 millones de personas indígenas, de las cuales más del 40 % no satisface sus necesidades esenciales; el 69.5 % se encuentra en situación de pobreza, de acuerdo con el Coneval, es decir, unos 8 millones 827 mil personas. De estas, el 41.6 % está en pobreza moderada (5 millones 283 mil) y el 27.9 % en pobreza extrema (3 millones 543 mil). Estas comunidades ancestrales siguen padeciendo saqueo, miseria y hambre.
Las cifras del Coneval revelan que su principal carencia es el acceso a la seguridad social (78.2 %), seguido de los servicios básicos de vivienda (57.5 %); falta de acceso a la alimentación (31.5 %); rezago educativo (31.1 %); calidad y espacios de la vivienda (28.5 %) y acceso a los servicios de salud (15.4 %). Ante esto, ¿de qué sirve celebrar su cultura si se les niega lo mínimo para vivir?
El 18 de mayo de 2025, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) realizó una consulta indígena en Bolaños, municipio de la región norte del estado, donde el 29.3 % de sus 7 mil 043 habitantes vive en pobreza extrema, el 25.4 % en pobreza moderada y el 14.5 % es analfabeta.
Sus carencias más urgentes son agua potable, drenaje y electricidad. ¿Acaso no es más prioritario resolver esto antes que simulacros de participación política?
Si se quiere honrar a los pueblos originarios, démosles una vida digna. Otros municipios jaliscienses, considerados pueblos originarios, comparten el mismo infortunio: en Mezquitic, el 53.2 % de la población vive en pobreza extrema y el 26.9 % en pobreza moderada; el 24.7 % de su población es analfabeta, no sabe leer ni escribir.
Sus privaciones fundamentales son el acceso a la seguridad social y la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. Huejuquilla el Alto: 8.69 % de la población sufre pobreza extrema y el 42.3 % pobreza moderada, y carecen de acceso a la seguridad social, servicios de salud y presentan rezago educativo.
Por último, Villa Guerrero, en donde el 10 % de su población padece pobreza extrema y el 39.4 % pobreza moderada, junto con las carencias de rezago educativo y el nulo acceso a la seguridad social.
Estos municipios albergan a los pueblos wixárikas y nahuas. Se atiende en el discurso, pero en los hechos se sigue relegando al subdesarrollo a estos pueblos originarios.
Frente a esta realidad, los pueblos originarios no necesitan discursos y consultas políticas sui generis; exigen una justa distribución de la riqueza que se produce en el país y que esta se vea materializada en la mejora de sus condiciones de vida.
Mientras las autoridades correspondientes instrumentalizan distintas votaciones para fines electorales, millones siguen sin agua, comida, educación o salud digna. La verdadera deuda histórica no se salda con consultas simbólicas, sino con acciones concretas: inversión real, políticas redistributivas y un modelo de desarrollo que los incluya. No hay más tiempo que perder.
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