En la última etapa de la actual administración del gobierno de Quintana Roo que encabeza el contador público Carlos Joaquín González, que se ha caracterizado por una serie de decisiones arbitrarias, actos de corrupción y desaciertos en la administración de recursos y políticas pública que han dado como resultado cifras alarmantes en los informes de diversas instituciones de evaluación y de asociaciones civiles, así como por los reclamos sociales que recientemente denuncian a través del Movimiento Antorchista en Quintana Roo, el incumplimiento de los compromisos de atención a las necesidades de la población más pobre de la entidad a los que se ha comprometido el gobernador mismo. A todas luces es evidente que Joaquín González y el gabinete de funcionarios que lo acompañan en su gobierno han sido superados por las demandas que la entidad requiere, quienes no han tenido la capacidad y el compromiso suficiente para sacar adelante las encomiendas que la ciudadanía puso en sus hombros al brindarle su confianza mediante el sufragio electoral, después de una ardua campaña plagada de promesas, discursos de cambio y lucha contra la corrupción de la administración imperante, en lo que el día de hoy es todo lo contrario.
Al respecto, recordemos que las razones que condujeron a los ciudadanos a optar por el cambio político en el Gobierno de Quintana Roo, como fueron la corrupción de la clase política de las administraciones priistas anteriores, la deuda pública, el descontento con la deficiente calidad de los servicios gubernamentales y una reingeniería administrativa deshumanizada; fueron variables que hicieron que la propuesta de un gobierno de cambio que ofreciera Joaquín González durante su proceso de campaña, se cristalizó junto con otros factores como la inversión de millonarios recursos económicos provenientes de otras latitudes del país, concluyeron en un resultado que llevó a la victoria a la coalición “Una Nueva Esperanza” conformada por el PAN y el PRD, destronando así al PRI después de 41 años de gobierno consecutivo. Con una contundente victoria con 45.6 por ciento de los votos de dicha elección proyectó la esperanza del pueblo quintanarroense ávido de un verdadero cambio en la administración del estado, y con la expectativa de mejorar la calidad y las condiciones de vida principalmente de la población más vulnerable y marginada.
Pero esto no es lo que ha ocurrido en la entidad, los hechos hablan por sí mismo. Para ilustrar lo anterior, primero nos referimos a los actos arbitraros, de corrupción y desaciertos administrativos que han caracterizado al gobierno de la “Nueva Esperanza” entre los que solamente destacamos casos relevantes algunos denunciados por el presidente del Comité Cívico Pro-Defensa de Quintana Roo, José Alberto España Novelo, como la arbitraria designación por el Congreso del Estado de Oscar Montes de Oca como Fiscal General del Estado, para quién artificiosamente fue modificada la legislación para que sin tener el arraigo antes necesario pueda ostentar un cargo de suma importancia como es la procuración e impartición de justicia; y qué decir de los nombramientos en la Secretaría de Seguridad Pública, donde prevalecen asignaciones de personal sin arraigo en la entidad en los cargos de principal relevancia operativa y administrativa con remuneraciones sustanciosas.
Otros casos destacados de corrupción por mencionar algunos son la situación del Ex Secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara, quién dejó el cargo en medio de escándalos de corrupción y lavado de dinero investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y la denuncia pública en 2020 del periódico ¡Por Esto! por la entrega de más de 210 millones de pesos a la particular Vanesa Lizeth Vargas Flores, a través de contratos por adjudicación directa y no por licitación y sin contar con la experiencia en el sector salud, como debiera ser según la Ley de Adquisiciones y los requerimientos de COFEPRIS, para la proveeduría de insumos para la atención de COVID; así como las observaciones sobre el mal manejo y falta de transparencia en la ejecución de recursos federales para infraestructura educativa según la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 de Quintana Roo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante la que se solicitó al Gobierno del Estado que reintegre 570 mil 800 pesos, más rendimientos financieros, de recursos federales no utilizados para escuelas en Quintana Roo y también se emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para los servidores públicos que incumplieron al no aplicar más de 373.9 millones de pesos de los recursos ejecutados a través del IFEQROO.
Este tipo de designaciones arbitrarias y actos reiterados de una mala administración pública han sido una carga permanente en los hombros de Joaquín González, y que han tenido costos político electorales reflejo de la desaprobación de la ciudadanía, como los vistos en las pasadas elecciones, pero la consecuencia más evidente son los problemas sociales que afectan directamente a las familias y que no están siendo atendidos oportunamente en esta administración entre los que destacan el incremento de la inseguridad (delincuencia, feminicidios, violación, homicidios y secuestros), así como el trágico aumento de la pobreza en la entidad, mismos que son resultado, entre otros factores, de las decisiones y actos administrativos del gobierno en turno, y representan el principal malestar del pueblo.
Lo anterior se acredita toda vez que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi señala que, entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad, debido a problemas como la delincuencia y el narcotráfico se encuentra Cancún, Quintana Roo con el 88.7 por ciento, en este mismo rubro según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que Quintana Roo en el primer semestre del 2021 ocupa el primer lugar nacional en los delitos de violación y homicidio culposo, el segundo lugar nacional en el ranking de feminicidios y la segunda tasa más alta a nivel nacional de secuestro, lo anterior según el Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo. Por otro lado, en esta administración Quintana Roo alcanzó el deshonroso primer lugar nacional en aumento de la pobreza sumando 346 mil 500 nuevos pobres en 2020, según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), destacando que la entidad de tener 30.2 por ciento personas en esta situación en 2018, para el 2020 pasó a 47.5 por ciento de la población total de la entidad en esta situación; mientras que según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, del Inegi la entidad en la que más creció el problema alimentario en los hogares fue Quintana Roo con un 62.1 por ciento. Éstos son solamente algunas referencias oficiales de los deficientes resultados obtenidos en lo que va de este gobierno, y el impacto negativo en la afectación de la calidad de vida de las familias más vulnerables y marginadas, que en este periodo ha aumentado considerablemente.
En este trágico contexto, se hace patente la decepción de los quintanarroenses con un gobierno que ofreció “Una Nueva Esperanza” y no cumplió; por lo que en esta última etapa del gobierno del cambio se hacen escuchar los reclamos del pueblo que ha padecido en carne propia los estragos resultado de una mala administración que aunado a las dificultades que la contingencia sanitaria ocasionada por la covid-19 y la crisis económica han traído inseguridad y pobreza que han causado dolor, sufrimiento y muerte hacia sus familias que día a día luchan con su esfuerzo y trabajo arduo para hacer llegar a sus hogares el ingreso mínimo para su subsistencia cada vez más difícil; por tal motivo ante la incongruente acción y falta de respuesta del gobierno del estado para atender eficientemente las necesidades de los quintanarroenses, el pueblo se ha organizado a través del Movimiento Antorchista en Quintana Roo, para levantar la voz nuevamente y reclamar al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, que sea sensible y solidario con el sufrimiento de un pueblo consciente e inconforme por los resultados deficientes de su administración y por su falta de compromiso al no realizar la atención de las demandas sociales con las que se ha comprometido y a las que está obligado.
Cabe resaltar que las demandas de los antorchistas son legítimas y estén seguros de que no nos vamos a quedar inertes ante el incumplimiento y la apatía de un gobierno que le ha quedado a deber mucho a los ciudadanos que con esperanza lo eligieron, por lo que se espera que en días próximos se haga sentir la presencia y la fuerza del pueblo que representa la organización social con mayor capacidad de movilización, gestión y concientización del estado.
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