Los movimientos populares en la historia no han sido casualidades, sino consecuencia del abuso y autoritarismo de quienes concentran el poder económico y político. En México, los argumentos y maniobras de esta clase se agotan, mientras los programas sociales de transferencia monetaria causan estragos, amparados en el argumento de que “el pueblo ya decidió” en las elecciones.
Llama la atención que las instituciones creadas para garantizar transparencia sean eliminadas por quienes las impulsaron en el pasado.
Bajo este pretexto, se han eliminado más de 109 fideicomisos y órganos autónomos en áreas como Cultura, Educación, Ciencia, Desastres Naturales y Seguridad, así como instituciones clave como Mejoredu, Coneval e INAI. Estas desapariciones plantean preguntas fundamentales: ¿por qué negar a los mexicanos el acceso a información sobre el aprendizaje escolar, el gasto en programas sociales o el manejo de recursos públicos?
El INAI, por ejemplo, tenía la misión de garantizar el acceso a la información pública, proteger datos personales y fiscalizar el uso de recursos públicos. A pesar de esto, López Obrador y Sheinbaum han justificado su eliminación con argumentos de costo y utilidad, asegurando que estas instituciones no servían al pueblo, sino a las minorías.
El pasado 20 de noviembre, los diputados de Morena, PT y Verde Ecologista aprobaron la reforma para desaparecer estos órganos, alegando que sus funciones serán absorbidas por dependencias del gobierno federal. Sin embargo, surge una duda inquietante: ¿cómo se garantizará la transparencia y el buen uso de los recursos ahora que estas funciones están centralizadas?
Muchos de estos órganos nacieron por la presión de quienes hoy están en el poder. Entonces, ¿por qué no fortalecerlos y ponerlos realmente al servicio del pueblo? ¿Qué esconden Morena y Claudia Sheinbaum con estas medidas?
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