Es una verdad evidente y preocupante que el gobierno de la Cuarta Transformación, tanto estatal como municipal, desarrolla una campaña sistemática contra la libertad de expresión, tal como lo han denunciado numerosas voces afectadas por dicha política.
Defender la libertad de prensa es defender nuestra propia libertad, pues sin ella, nadie podrá denunciar las injusticias que nos afectan.
Sin embargo, toda crisis social saca a la luz hechos que en tiempos normales pasan desapercibidos. En Oaxaca, el incremento de la inseguridad, la falta de medicamentos y los pésimos servicios de salud, así como el deterioro de la infraestructura, son problemas evidentes que no se resolvieron porque no fueron considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Para ejemplificar, con este presupuesto se afectará a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana con una reducción del 15.37 %, a los Servicios de Salud de Oaxaca con un 21.03 %, y a la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones con una disminución de 30 millones de pesos.
Ante esta realidad, la libertad de prensa ha sido un arma clave para denunciar las carencias que nos afectan. Aunque pareciera un tema exclusivo de periodistas, en estos tiempos revueltos es innegable el bien que hacen al país.
Por ello, no podemos ser indiferentes ante la actitud del gobernador del estado en sus conferencias semanales, donde proyecta en pantalla a medios de comunicación para atacarlos con dicterios, desmentidos sin pruebas, ironías y burlas, llamándolos “pasquines” o “creadores de campañas sucias”.
Tampoco podemos ignorar el hecho de que a los medios y periodistas que publican noticias desfavorables a su gobierno se les califica de “chayoteros”, “fifís”, “conservadores” e incluso “ingratos”, sin presentar pruebas.
Además del asedio a la libertad de expresión, en Oaxaca se vulneran otros derechos fundamentales. Un ejemplo es el caso de una influencer en TikTok a quien, por ser oaxaqueña, se le prohibió realizar una sesión de fotos y fue maltratada por inspectores, mientras que a turistas extranjeros se les brindan facilidades para proyectar una “buena imagen” del estado.
Por eso celebro la protesta de fotógrafos, videógrafos y ciudadanos en Santo Domingo de Guzmán contra los cobros por el uso de espacios públicos para videograbar o tomar fotos. Este acto demuestra que, ante las injusticias, debemos unirnos y alzar la voz.
La presión social obligó al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a matizar su postura, asegurando que los cobros aplican sólo para producciones que limiten el flujo peatonal, lo cual fue rechazado por los inconformes al considerarlo parte de una campaña de “exotización” de Oaxaca y sus espacios públicos.
Durante la protesta, también se exigió la regulación del uso de armas de fuego y se denunció la creciente inseguridad en la capital del estado. Esto evidencia que, mientras el gobierno se enfoca en imponer restricciones que afectan a los ciudadanos, descuida los problemas reales que los golpean día a día.
Oaxaca se está convirtiendo en una cárcel para sus ciudadanos, y el asedio a la libertad de prensa busca impedir que esta realidad sea denunciada. Debemos defender la libertad de prensa y de opinión como parte de nuestra propia libertad y usarla como herramienta de lucha contra la tiranía que nos amenaza.
Antorcha llama a organizarnos y unirnos para, en el futuro, elegir a uno de los nuestros, alguien que garantice nuestra libertad y bienestar material y espiritual, incluido el derecho a recibir información veraz.
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