Quisiera poder escribir de cosas agradables, que alienten el espíritu y toda la naturaleza humana; poder incentivar la creatividad y los esfuerzos de millones de mexicanos que día a día trabajan y luchan para sobrevivir en este mar de adversidades, derivadas de un sistema económico profundamente desigual e inhumano, que mantiene a la inmensa mayoría de los habitantes del planeta sumidos en el dolor, la incertidumbre y la estrechez económica, sin poder atender y resolver necesidades elementales, como la alimentación y la salud. Pero, igualmente preocupante es el sometimiento ideológico, emanado de muchas décadas de una política intencionada que niega la preparación, la educación y la capacidad de discernir correctamente las causas de todos los fenómenos que se nos presentan en nuestro andar por la vida, sean sociales, políticos, económicos o filosóficos. Y, precisamente, es este sometimiento o manipulación masiva el que impide a muchos mexicanos descubrir las alternativas a todas esas vicisitudes y problemáticas graves que padecen, y volviéndolos, incluso, hasta sumisos y aduladores del causante de su desgracia; es este sometimiento que, aunque no sienta o vea su carga, le impide emanciparse.
México está en crisis y las crisis económicas devienen en mayor sufrimiento y penurias para el pueblo; la crisis política en menos derechos y libertades. Ahora, tenemos un número mayor de desempleados y, por tanto, millones de familias que no tienen suficiente para garantizarse la alimentación necesaria en cantidad y calidad. Y el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud también se ha elevado drásticamente, dejando así a millones de personas en el completo abandono y sin ninguna alternativa. De acuerdo con los datos proporcionados por el Coneval e Inegi, en 2018 había 20.1 millones de personas sin acceso a la salud y para 2020, 35.7, es decir, en sólo dos años del gobierno de López Obrador aumentó en 15.2 millones el número de mexicanos que no pueden asistir a ninguna clínica u hospital para ser atendidos porque no son ni “derechohabientes” ni “beneficiarios”.
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dejó sin servicios de salud a millones de personas: el Seguro Popular tenía 42.1 millones de afiliados; el INSABI solo recuperó o mantuvo al 26.9 por ciento; es decir, a cerca de 11.5 millones simplemente los borró de sus listas, como si no fueran seres humanos urgidos de atención. Desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un sistema de salud pública que garantizara atención médica de calidad y medicamentos gratuitos al desaparecer el Seguro Popular; un sistema de salud, dijo, como el de Dinamarca. Pero, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “la falta de acceso a la salud pública presentó una disminución a nivel nacional de 37.2 puntos porcentuales entre 2000 y 2020, pero a partir de 2015 fue de nuevo en aumento al pasar de 16.7% a 21.5% en 2020, el primer año del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el organismo con el que se sustituyó al Seguro Popular” (Expansión, 4 de julio de 2021).
Además de ser menos personas las que hoy tienen derecho a la salud a través del Insabi, resulta que lo presupuestado en promedio para atender la salud de cada uno de los afiliados ha disminuido; hoy es menos y, por lo tanto, no alcanza para un servicio suficiente y de calidad; así lo señala el estudio "De Seguro Popular a Insabi: mayor población con menos atención" (de Judith Senyacen Méndez Méndez, difundido por el CIEP): “El presupuesto del Insabi no es congruente con el objetivo de cubrir a toda la población sin seguridad social, de tal forma que, el gasto per cápita para esta población pasa de 3,656 pesos en 2019 a 2,911 pesos en 2021, una contracción de 20.3%”. Así se explica que a los familiares del paciente le pidan que compre desde gasas, guantes, jeringas hasta prácticamente todos los medicamentos que se requieren, pues no tienen en existencia.
A pesar de estos trágicos datos hay quienes todavía, víctimas de esa manipulación y enajenación, consideran que tienen un gobierno “amigo” del pueblo, que el problema ha sido “el poco tiempo” que lleva en el gobierno (ya va la mitad del actual sexenio) o que “los conservadores” no lo dejan avanzar. Pero no ven, o se resisten a ver la realidad, la que nos muestra con datos duros, cómo en este gobierno de la 4T, los más beneficiados siguen siendo los más ricos de nuestra nación que, como atinadamente señaló el doctor en Economía, Abel Pérez Zamorano, en su artículo “¿A quiénes están beneficiando los programas asistenciales?” dice: “Los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de 28 a 30% entre 2018 y 2020 [es decir, solo aumentó en 2%]. El dato para 2018 sigue siendo menor al máximo histórico registrado en 2016 […] Más para los ricos, menos para los pobres. En 2016, 61% de los hogares más pobres eran beneficiarios de programas sociales. En 2020 sólo 35% lo eran. Por el contrario, entre 2016 y 2020 se duplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos [cursivas mías] […] aumentó 48% el monto de transferencias en los más ricos […]… En pocas palabras, el estudio exhibe el casi nulo impacto de los programas en la reducción de la pobreza y en la elevación de los niveles de bienestar de los segmentos más pobres, y cómo, por el contrario, se benefician crecientemente sectores de altos ingresos”.
Quizás el Gobierno federal y varios estatales vean en esta crisis económica y de salud, desbordada por la pandemia, la oportunidad para que sus respectivos gobiernos, a pesar de las pocas acciones a favor de la población, no sufran un sacudimiento popular y se vayan sin recibir su merecido castigo; pero deben saber que el letargo y la inacción derivada en parte por la pandemia y por esa enajenación de la que hablamos renglones arriba, es momentánea; la crisis continuará su curso si no hay un movimiento popular que ponga un alto a la inmoral acumulación de la riqueza nacional.
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