El pasado 22 de octubre fueron desalojadas, con lujo de violencia, 58 familias del predio denominado Los Ocotes en el municipio de Los Reyes La Paz. Las humildes personas ahí asentadas desde hacía cinco o más años, vieron estupefactas cómo la fuerza pública del gobierno estatal demolía con maquinaria pesada sus viviendas sin dejar ladrillo sobre ladrillo, todo se convirtió en un montón de escombros en cuestión de horas, a muchas familias no les permitieron sacar siquiera sus precarias pertenencias, de manera que, de la noche a la mañana, se quedaron literalmente en la calle. Nada importó, que el predio en mención contara con agua, luz, drenaje, incluso calles pavimentadas. Ante este grave hecho, niños, mujeres, ancianos y hombres adultos, acudieron masivamente a solicitar el auxilio de parte del Movimiento Antorchista en ese municipio, para lo cual solicitaron la intervención de nuestro dirigente en esa localidad, el Lic. y diputado local Fernando González Mejía quien, solidariamente, gestionó una carpa, cobijas, colchonetas y víveres para resguardar a la gente desalojada, misma que se instaló en la explanada del palacio municipal en espera de que alguna autoridad la atendiera y brindara alguna alternativa.
Como era de esperarse, dada su trayectoria como funcionario insensible y muchas veces hasta contrario a los intereses del pueblo de Los Reyes, el alcalde Juan José Medina no sólo no se prestó a otorgar ningún apoyo, sino que incluso adoptó una actitud hostil en contra de la gente y de Antorcha, diciendo que ése no era su problema, que la culpa la tenían los desalojados por haber ocupado un predio que no era suyo y que Antorcha hacía mal en defender a gente que estaba "fuera de la ley". Consiguientemente, ante la esperada negativa del alcalde, nos trasladamos a la ciudad de Toluca para plantear el problema a las autoridades competentes; ya en la entrevista, los funcionarios alegaron que habían instrumentado el desalojo en virtud de que las familias desalojadas no eran las legítimas y legales propietarias del predio y, dijeron, que además estaban asentadas en un "lugar de alto riesgo por ser una zona de posibles derrumbes", según un dictamen de la Dirección de Protección Civil del Estado. A renglón seguido, dijeron que no tenían ninguna obligación de ofrecer ninguna opción de vivienda a los precaristas, toda vez que de éstos fue la culpa al asentarse en un sitio cuya propiedad no les pertenecía y, además, de alto riesgo y que, en todo caso, se levantara una denuncia contra los defraudadores para que estos respondieran por los daños ocasionados.
Muy bien. Aparentemente esta respuesta del gobierno del Estado parece impecable por su lógica y racionalidad, sin embargo, nosotros respondimos ¿y mientras la denuncia contra los defraudadores se instaura y se desahoga el proceso legal que puede llevarse meses o más tiempo, qué se hará en lo inmediato para resolver el problema social que afecta a más de 200 personas (4.5 gentes por familia desalojada) que "viven" hacinadas en un campamento, sufriendo lluvia, frío, e incomodidades mil al no contar con una casa propia? ¿Si los defraudadores (que al parecer tienen un fuerte vínculo con políticos locales que sólo usaron a esta gente como carne de urna) nunca aparecen, o sí se los localiza pero se niegan a reparar el daño, qué va a pasar con las personas humildes que compraron de buena fe, e incluso presentaron sus recibos de pago y su carta finiquito de haber liquidado el importe total de su lote? ¿Por qué al aplicar la ley tan rígida como drásticamente, el gobierno descartó la posibilidad de algún arreglo entre los vecinos lanzados a la calle y el propietario, con la intermediación y el apoyo, incluso, del propio gobierno? ¿Por qué el desalojo se produjo cinco años después, cuando las víctimas del desalojo ya se habían establecido? Con todo respeto al propietario y a los funcionarios, pero con esta acción sólo se hace justicia a una sola persona ¿y las 58 familias qué? ¿Dónde quedó el papel de conciliación y de armonización de intereses por parte del Estado, que aplica la ley tan unilateralmente?
Ante estos cuestionamientos, los funcionarios abrieron la posibilidad de una negociación. Ofrecieron un pie de casa para las familias afectadas pero… ¡oh, pequeño inconveniente!, no quisieron comprometerse a otorgar un terreno en donde instalar los pies de casa, de lo cual se deduce que la "solución" no es tal solución, en tanto que las familias afectadas, a casi un mes del desalojo, ya se recienten de las inclemencias del tiempo, abundan las enfermedades respiratorias y gastrointestinales y once personas diabéticas, por el terrible impacto del desalojo y el estrés del campamento, no logran estabilizar sus niveles de azúcar y el frío amenaza con recrudecerse por el inminente arribo del invierno. Se apreció, pues, en la respuesta gubernamental, un cierto dejo de insensibilidad social, una postura que absolutizó el aspecto legal del problema, a condición de omitir el ángulo humano del asunto, ángulo que debe de estar a flor de piel en un país donde no sólo la pobreza sino las injusticias de todo tipo, están a la orden del día en contra de las clases populares.
En este contexto, hago una respetuosa petición a la Secretaría General de Gobierno, que se ha caracterizado en los últimos tiempos en que ha estado al frente de la misma el M.C. José Sergio Manzur Quiroga, por abordar con más atingencia y sentido de solidaridad social los muchos y complicados problemas del Estado de México, a que se ponderen mejor nuestros argumentos y a que se resuelva satisfactoriamente, en favor de un grupo de gente verdaderamente menesterosa, su derecho constitucional a contar con una modesta vivienda; gente humilde que ya había pagado su terreno a vivales que la defraudó, que ya había construido su casita y hasta pagado algunos servicios. Y claro, desde luego que seguiremos contribuyendo jurídicamente para que los defraudadores paguen el delito que cometieron. Sólo así se hará verdadera justicia. ¡Ojalá y que nuestra petición sea atendida!
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