La política represiva y de terror en contra de los comerciantes y los mercados se hizo presente desde el inicio de la administración morenista que encabeza Xóchitl Flores Jiménez: el acoso a los integrantes de las mesas directivas de los mercados se hizo presente después que no se alinearon con Morena.
En los primeros meses de gobierno, en 2022, se incrementaron las tarifas de pago a contribuciones que deben realizar los locatarios y la suspensión de apoyos que tenían los comerciantes en las administraciones anteriores; además, han clausurado comercios sin antes finiquitar los procedimientos legales y, lo más grave, son las extorsiones de las que son objeto los comerciantes de los mercados.
De los 65 mercados que existen en el territorio de Chimalhuacán, una decena ha sido víctima de extorsión. Por temor a las represalias, otros muchos no han denunciado, pero las intimidaciones van desde los carteles y las llamadas telefónicas van acompañadas con amenazas de muerte, acciones que no han denunciado por temor y prefieren pagar las cuotas que piden los maleantes.
Quienes se negaron a entregar las cuotas recibieron mensajes más agresivos, les colocaron cruces afuera de sus locales, balearon los mercados y quemaron algunos locales para presionar a los locatarios y entregar las cuotas solicitadas.
En las administraciones de los gobiernos del Proyecto Nuevo Chimalhuacán, los comerciantes de los mercados lograron el descuento del 50 % de las obligaciones que deben pagar de manera anual y los recursos recabados eran destinados a los mercados y a los propios comerciantes: se utilizaban para el mantenimiento de sus espacios de trabajo y todos los mercados tenían acceso al descuento, pero la administración morenista les quitó éste derecho.
La Coordinadora de Mercados agrupa a 65 mercados. Desde enero de 2022, inició los trámites para realizar el pago de sus contribuciones; la dirección de Mercados dijo que iba a respetar el acuerdo. Sin embargo, no respetó ninguno de los convenios, por lo que continúan las gestiones de los comerciantes.
Los vendedores sólo reciben negativas y por la presión de la delincuencia, y de la propia administración, algunos comités de mercados se vieron obligados a pagar, con la esperanza de que les permita trabajar en paz, pero eso no ocurre.
La administración morenista impone a la población sus reglas, acciones que dañan a la democracia que Morena dice defender.
Las amenazas de extorsión y represión administrativa continúan. Un ejemplo son los comerciantes del mercado de Villa San Lorenzo, quienes recibieron llamadas de un grupo de extorsionadores: el mensaje fue que "se tienen que alinear".
A un locatario que encabezaba a sus compañeros y que se presentó en una gestión ante la Dirección de Mercados, le clausuraron su negocio con el pretexto de que vendía bebidas embriagantes, no le realizaron el procedimiento de ley ni le dieron la oportunidad de hacer uso de su derecho de defensa, actitud arbitraria de la administración morenista.
Las amenazas de extorsión a los comerciantes del Mercado Villa San Lorenzo fue precedido de la quema de un local, antecedente de la actuación violenta de los grupos delincuenciales que se sienten protegidos por Morena y en especial por la presidenta municipal Xóchitl Flores, que está dejando sin empleo a miles de ciudadanos de Chimalhuacán.
Esos hechos ocurren después de cada gestión de la Coordinadora de Mercados: a cada gestión hay una reacción de intimidación para los que asisten a las movilizaciones. Todas las amenazas y acciones violentas se han dado después de solicitar a la dirección de Mercados que respete los acuerdos que habían logrado los comerciantes de Chimalhuacán, del descuento del 50 por ciento al cobro de sus contribuciones.
A estas agresiones contra la población de comerciantes se suma la autorización de un nuevo reglamento para los mercados, aprobación que se realizó el pasado 20 de octubre, en donde se agrede a los locatarios, se desconoce la autonomía de las mesas directivas, se desconocen los derechos de los locatarios, se desconoce el derecho que tienen los comerciantes a elegir a sus representantes de las mesas directivas.
La administración morenista impone a la población sus reglas, acciones que dañan a la democracia que Morena dice defender.
Esta nueva agresión daña a las miles de familias que viven del comercio formal e informal. En Chimalhuacán existen 65 mercados y 118 tianguis; el 58.9 %, de la población trabaja en el comercio.
Pero Morena daña a los habitantes del municipio; destruyen a Chimalhuacán. Es tarea de todos los habitantes acabar con Morena, que está destruyendo al municipio.
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