La buena nueva en las redes sociales de los medios nacionales es otra violación a los derechos de los periodistas por parte del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de la filtración del número de teléfono de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal del New York Times (NYT) en México y autora de un reportaje realizado con información de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en el que sus hijos y funcionarios cercanos a él recibieron dinero en grandes cantidades en el 2018.
Las pruebas ahí mostradas detonaron la ira del Ejecutivo federal, por lo que usó su foro principal para llamar “pasquín” al NYT y exhibir una carta de la corresponsal del diario, donde incluía su número de teléfono y un cuestionario sobre la investigación de los supuestos sobornos del cartel de Sinaloa y del cartel de los Zetas.
Mientras el presidente del país continúe con sus discursos de odio y desprestigio hacia el ejercicio periodístico, las cifras rojas seguirán aumentando. Día con día los periodistas debemos luchar para mantenernos seguros.
“Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa”, respondió el presidente al cuestionamiento sobre los datos personales de la reportera. “No exageren. Si la compañera está preocupada, que cambie su teléfono”, contestó al rechazar que se haya equivocado al dar a conocer datos personales de la periodista. Y por último, pero no por ello menos importante sino más preocupante: “Si ustedes calumnian, aquí hay réplica, con todo, sea quien sea”.
El 15 de diciembre del 2023, el diario El Economista publicó “México, con la mayor cifra de periodistas desaparecidos”, en la que informa que, de acuerdo con la ONG, México fue el segundo país más peligroso para el periodismo en 2023, después de Palestina, y por delante de naciones como Afganistán, Bangladesh y Líbano.
México continúa siendo uno de los países del mundo más letales para el ejercicio del periodismo; es una nación que supera a países que se encuentran en conflictos armados o regímenes autoritarios.
El País informó en julio de 2023: “En lo que va de 2023 han sido asesinados siete reporteros y son 41 periodistas los que han perdido la vida por ejercer la profesión durante el actual sexenio”.
Múltiples foros se han pronunciado en contra de la falta de voluntad política para esclarecer los asesinatos, desapariciones y ataques a la prensa que labora en México. Como Paula Saucedo, oficial del programa de protección y defensa de Artículo 19, quien informó que el 98 % de los crímenes en contra del periodismo en el país se mantienen impunes.
La misma organización expuso que tras la realización de los análisis necesarios, las estadísticas revelan que cada trece horas se registra un ataque contra la prensa en México. Estos van desde amenazas, agresiones, robos de equipo, acoso judicial, campañas de desprestigio (la táctica favorita del presidente) hasta hechos brutales como secuestros y asesinatos (en el caso de los secuestros, afirmó Saucedo, el nivel de impunidad es total).
La prensa no puede ejercer su labor de manera segura en México. Los reporteros mexicanos no confían en el sistema de justicia y por eso la mayoría decide no interponer denuncias cuando son víctimas de una agresión. Y las estadísticas les dan la razón: el nivel de impunidad en los asesinatos de reporteros es de 98 %. “No presentan denuncias porque creen que no va a pasar nada”, agregó Saucedo. Además, no hay garantías reales de protección o de no repetición.
“Los activistas de Artículo 19 han documentado que la mayoría de la violencia contra los informadores proceden de funcionarios públicos, principalmente a nivel local. Poblaciones pequeñas, donde la mayoría de las personas se conocen, se convierten en un infierno para los reporteros cuando investigan y denuncian abusos de poder. El segundo grupo que más acosa a periodistas es el de personas privadas, algunos empresarios, o quienes se han sentido agredidos por informaciones publicadas. Y luego está el crimen organizado, que comete las agresiones más graves. ‘Lo cierto es que el crimen organizado opera por ausencia del Estado o en contubernio con las autoridades’” se lee en El País.
Y a la violencia brutal que abate a la prensa se le suma la campaña de desprestigio lanzada desde la silla presidencial de López Obrador. Mientras el presidente del país continúe con sus discursos de odio y desprestigio hacia el ejercicio periodístico, las cifras rojas seguirán aumentando. Día con día los periodistas debemos luchar para mantenernos seguros en un país que enfrenta un clima de violencia cada vez más difícil de librar.
Se trata pues de una negligencia inimaginable por parte de las autoridades, autoridades que son incapaces de crear las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio periodístico.
En México, con Morena, los periodistas no tienen derechos. O al menos esto respondió el presidente cuando se le cuestionó sobre el derecho de la corresponsal a mantener en privado su información: “Aquí la vida pública es cada vez más pública (…) Claro (que volvería a mostrar un número telefónico de un periodista) cuando se trate de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México”. Así como: “Por encima de eso (la ley de datos personales) está la libertad, no puede haber un reglamento, ni ninguna ley, por encima de un principio sublime que es la libertad. Prohibido prohibir”.
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