Desde la llegada de la llamada 4T, México no sólo ha enfrentado la persistencia del narcotráfico, sino también un alarmante incremento en el consumo de drogas. Los grupos delincuenciales continúan operando con fuerza, poniendo en jaque al gobierno federal, mientras su principal fuente de subsistencia, los consumidores, sigue creciendo ante la ausencia de una estrategia gubernamental eficaz para contener el problema.
A estas alturas, puede hablarse sin rodeos de un fracaso del gobierno emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en materia de prevención y combate al consumo de drogas. Las políticas implementadas no han logrado frenar una tendencia que golpea especialmente a la juventud mexicana, sector cada vez más vulnerable ante la expansión de las adicciones.
Cada vez más jóvenes inician a edades tempranas el uso de sustancias ilícitas, con consecuencias devastadoras para su desarrollo y para la sociedad en su conjunto.
De acuerdo con un amplio reportaje del periodista Trinidad González Soto, durante el sexenio pasado y lo que va del actual, la política antidrogas ha demostrado ser ineficaz. Las cifras oficiales revelan un aumento sostenido en el número de consumidores, un presupuesto reducido para campañas de prevención y una estrategia basada más en la prohibición y la estigmatización que en la atención integral del problema.
Como parte de esta política, en 2019 se lanzó la llamada Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, sustentada en una supuesta “política de paz”. Cinco años después, los resultados son desalentadores: la campaña, diseñada en tres etapas, tuvo un costo aproximado de 70 millones de pesos, cifra considerada insuficiente por especialistas, y su impacto ha sido claramente limitado.
El consumo de drogas se ha convertido en un grave problema de salud pública. Cada vez más jóvenes inician a edades tempranas el uso de sustancias ilícitas, con consecuencias devastadoras para su desarrollo y para la sociedad en su conjunto.
El Informe 2023 del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea), de la Secretaría de Salud, señala que los estimulantes de tipo anfetamínico, particularmente el cristal, han desplazado desde 2017 a los inhalables, que durante años ocuparon los primeros lugares de consumo.
Esta realidad deja en evidencia que la llamada “guerra contra el narcotráfico” no ha funcionado. Por el contrario, hoy circulan más drogas que nunca en todos los rincones del país, lo que se traduce en un mayor número de consumidores.
A ello se suman las profundas carencias del sistema de salud nacional, incapaz de atender de manera adecuada a quienes padecen adicciones en etapas críticas y requieren atención médica especializada.
Trinidad González cita además a la organización México Unido Contra la Delincuencia, la cual documenta que en una década de guerra contra las drogas se han registrado más de 150 mil muertes y alrededor de 28 mil personas desaparecidas. Lejos de resolver el problema, esta política ha criminalizado a los consumidores y castigado únicamente a los eslabones más débiles de la cadena del tráfico.
En el plano internacional, Estados Unidos ha presionado al gobierno mexicano, responsabilizándolo del alto consumo de fentanilo en su territorio. Sin embargo, el discurso estadounidense omite reconocer su propia incapacidad para reducir la demanda interna de drogas.
En su momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a estas acusaciones asegurando que en México no se producía ni se consumía fentanilo, declaración que contrasta con la realidad evidenciada por diversos informes y decomisos.
Lo cierto es que, más allá de discursos y confrontaciones diplomáticas, el fracaso es compartido. No se ha logrado frenar al narcotráfico ni reducir el consumo de drogas.
El resultado es trágico: miles de mexicanos y millones de estadounidenses siguen atrapados en una problemática que los gobiernos han sido incapaces de enfrentar con seriedad, recursos suficientes y una verdadera visión de salud pública.
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