En 2018 marcó el inicio de un preocupante retroceso en la infraestructura nacional mexicana. La actual administración ha demostrado una visión cortoplacista, desmantelando iniciativas vitales que aseguraban el sostén y evolución del andamiaje fundamental del país.
Los datos económicos son reveladores. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reporta una preocupante tendencia a la baja en la inversión pública.
Para el 2024, se prevé una asignación de 1.11 billones de pesos, lo que supone un descenso del 11.1 % respecto al año anterior. El panorama se torna aún más sombrío al compararlo con 2016, evidenciando una caída vertiginosa del 38.6 % en términos reales.
Un 15 % de los tlaxcaltecas no tiene acceso garantizado al agua potable, mientras que tres de cada diez kilómetros de sus carreteras están en condiciones deplorables.
Sin embargo, estas estadísticas cobran vida en la cotidianidad de los ciudadanos. A lo largo y ancho de la república, la desinversión se materializa en vías intransitables, suministro de agua intermitente y un sistema eléctrico precario. Esta desidia gubernamental impacta directamente en el bienestar y las oportunidades de desarrollo de la población.
Tlaxcala emerge como un caso emblemático de esta crisis. Históricamente relegado en materia de progreso, el estado ahora enfrenta un agravamiento de sus carencias debido a la falta de inversión en infraestructura.
Datos del Inegi sitúan a Tlaxcala en la posición más baja a nivel nacional en cuanto a inversión per cápita en este rubro.
Las consecuencias son palpables: un 15 % de los tlaxcaltecas no tiene acceso garantizado al agua potable, mientras que tres de cada diez kilómetros de sus carreteras están en condiciones deplorables. Estos no son meros inconvenientes, sino barreras reales que obstaculizan el avance económico y social de la entidad.
El descubierto en la inversión pública desencadena un efecto dominó. En Tlaxcala, la infraestructura deficiente ha provocado un éxodo de la inversión privada, con una disminución del 20 % en el último lustro.
El sector empresarial, motor potencial de empleo y prosperidad, opta por regiones mejor equipadas, perpetuando así el ciclo de rezago. Es crucial reconocer esta situación como lo que es: un fallo estructural de las políticas vigentes.
El Gobierno de Morena ha privilegiado megaproyectos de dudosa viabilidad sobre las necesidades apremiantes de la ciudadanía. Mientras, se canalizan sumas exorbitantes a iniciativas como el Tren Maya, vastas zonas de Tlaxcala y del país carecen de servicios elementales.
Como profesionales de la información y miembros de la sociedad civil, estamos obligados a visibilizar esta problemática. No podemos ser cómplices silenciosos ante un discurso que enmascara el deterioro nacional.
Urge un replanteamiento de las prioridades, una estrategia de infraestructura que responda a las necesidades reales de todos los mexicanos.
La infraestructura es el cimiento sobre el que se erige el progreso de una nación. Cada recurso no invertido hoy se traducirá en un gasto exponencial en el futuro.
Es imperativo que la administración actual reconozca esta realidad y actúe en consecuencia.
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