Uno de los principales problemas que enfrentan las familias trabajadoras que llegan a buscar mejores oportunidades de vida a las grandes ciudades, es la falta de vivienda. Se enfrentan con alevados costos en la renta de un departamento o un cuarto de vecindad, donde, muchas veces tienen que compartir los baños sanitarios.
Esto lo padecemos los que vivimos en Tijuana, los que viven en Ensenada, Tecate, Rosarito y Mexicali. A pesar de que la carta magna, establece que los tres niveles de gobierno tienen la obligación de generar las condiciones para ofrecer vivienda digna y decorosa a todo ciudadano mexicano que carezca de ello, nada se hace y dejan todo en manos de la iniciativa privada, quienes hacen negocio con la necesidad de la gente.
El artículo cuatro constitucional establece que los tres niveles de gobierno podrán crear las condiciones materiales para que cada familia, siendo ciudadano mexicano, tenga la oportunidad de un pedacito de tierra donde puedan edificar su patrimonio familiar, brindándole lotes o casas de interés social a precios accesibles a sus ingresos.
Sin embargo, en la realidad, está ley es letra muerta, a pesar de que el Estado ha creado las instituciones encargadas de ejecutar las acciones que establece el artículo cuatro constitucional, como el INFONAVIT, la CONAVI y FONHAPO a nivel federal; el INDIVI a nivel estatal y FIDUE a nivel municipal. Cuando uno acude a dichas dependencias gubernamentales, comúnmente suelen responder: “no hay recursos” o “no tenemos reserva territorial”; en el peor de los casos, los escasos programas que manejan, están muy lejos del alcance de las familias pobres y marginadas, haciéndolos seguir trámites muy engorrosos, diseñado para cansar a las familias que buscan la oportunidad de recibir algún beneficio de algún nivel de gobierno, orillándolos a recurrir a particulares quienes ofrecen facilidades de obtener lotes de interés social, sin ningún tipo de servicio, demasiado costosos, pero además, con la característica de ser un asentamiento irregular, que impide la posibilidad de recibir cualquier programa o servicios, por qué no cuentan con la posesión legal de los terrenos.
Es decir, el Estado, al no cumplir con lo que establece la ley, promueve los asentamientos humanos irregularidades y en muchas de las ocasiones, los altos funcionarios son socios de los fraccionadores, por tanto, el Estado se vuelve cómplice de los agiotistas.
En este sentido el Movimiento antorchista, ha planteado a los tres órdenes de gobierno la necesidad de que promuevan programas de vivienda, encaminados a beneficiar a aquellas familias que carecen de ella, para lograrlo hemos tenido que hacer uso de la manifestación pública que nos permite la constitución mexicana, tal como lo establece los artículos 8 y 9 constitucionales, que nos permite la libertad de organización y manifestación pública, para hacernos escuchar y denunciar los incumplimientos de las autoridades competentes.
En la lucha por la vivienda que encabeza el antorchismo bajacaliforniano, es poner en práctica uno de los cuatro ejes propuestos por nuestra organización, si, en la lucha por la vivienda, es redistribuir el gasto público del Estado. Hemos aprendido, que solo organizados podremos hacernos escuchar. Solo así hemos lograremos la formación de colonias regulares con los servicios más elementales para una vivienda digna y la redistribución del gasto público para las familias generadoras de la riqueza del país, nada más pero nada menos.
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