De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2022, en el país existen 22 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud, según la versión difundida por el sector oficial del actual Gobierno federal.
Sin embargo, hay contenidos, cuantitativamente diferentes, proporcionados por otras instituciones, como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que señalan otra realidad. Este organismo sostiene que entre 2018 y 2020, la cantidad de mexicanos sin servicios de salud pasó de 20 a 36 millones; es decir, un 12 por ciento de incremento.
El informe del citado Coneval sostiene, además, que se agudiza la ausencia de acceso a los servicios de salud en Jalisco, Chiapas, la zona metropolitana del Valle de México y Veracruz. El conciso informe señala que en 1,775 municipios de la república mexicana, de un total de 2,471; o sea 72 por ciento de los mexicanos no tiene acceso a los servicios de salud.
La eliminación del Seguro Popular y el lanzamiento del INSABI como alternativa, ha generado severas deficiencias. Veamos, en 2018 la cantidad de personas registradas en el Seguro Popular era de 52 millones; en el proyecto morenista, en el INSABI, solo tiene registrados a 34 millones; es decir 18 millones de mexicanos no han sido integrados a la institución que, se supone, vendría a mejorar la atención de la salud de los mexicanos.
Cada vez más mexicanos quedan en el desamparo en cuestión de salud y, al no estar registrados en alguna institución pública, deben buscar otras alternativas, como los consultorios de farmacias de similares; es decir, cuando ellos o algún miembro de la familia se enferma, inmediatamente les repercute en la disminución del ingreso, ya de por sí afectado por el aumento de los precios de los alimentos y demás productos indispensables para la subsistencia.
Tal vez eso es lo que no alcanza a comprender el subsecretario de salud, Hugo López–Gatell, cuando se refiere a los consultorios anexos a las farmacias de similares y otras, sin considerar que tiene mucho que ver la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dotar del servicio público, universal y gratuito de salud que tanto pregonan. Acudir a un servicio médico similar no es por el puro gusto de los mexicanos, sino una necesidad dadas las condiciones económicas actuales.
El mismo Gobierno federal reconoce que su proyecto para dar cobertura de salud a quienes carecen de seguridad social ha sido un fracaso y pretende superar las deficiencias del INSABI creando una institución auxiliar, ahora el IMSS-Bienestar… ¡si por nombres no paramos señor presidente!
López Obrador y sus asesores incondicionales, ideólogos de la 4T, podrán crear cientos de organismos, pero sin que ellos sean la solución al problema de los mexicanos para acceder a un servicio médico.
Lo que hace falta para que funcionen esos inventos es dotar de recursos económicos a esas instituciones; darles presupuesto, porque hoy, la mayor parte del dinero de los mexicanos, está destinado a la construcción de los inservibles proyectos de la nueva mafia en el poder, y son los ciudadanos los que pagan las consecuencias como el daño en su salud.
En abril de 2019, representantes de la comisión de alto nivel de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presentaron ante el gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, una serie de recomendaciones para superar el estado en que se encuentra la atención de la salud de los más desfavorecidos económicamente; la comisión internacional señaló claramente que la salud de las personas podrá alcanzarse solamente cuando se garantice plenamente el goce efectivo del derecho humano a la salud y que para ello se debe: transformar los sistemas de salud, crear modelos de atención basados en la atención primaria y debe haber una efectiva asignación de recursos humanos y financieros.
Al finalizar las recomendaciones, el organismo de salud sentenció con mucha exactitud: “sin los recursos necesarios, la firme decisión del Estado y la voluntad política, no será posible la salud universal”.
Ninguna de esas tres cosas se cumple porque los recursos de la nación se destinan principalmente a los proyectos faraónicos de la administración de AMLO, los cuales ya sobrepasaron lo asignado originalmente y, como fueron declarados de seguridad nacional, ahora deben enviárseles más dinero para su culminación; ahí no aplica la pobreza franciscana.
Tampoco ha habido una firme decisión del estado para atender primero a los pobres, los únicos que se han beneficiado son los ricos y, por último, la voluntad política del gobierno no existe; no se escuchan las voces de quienes sostienen que la política que sigue el gobierno federal está destinada a lastimar a los más humildes.
Ante este panorama, el Movimiento Antorchista seguirá luchando para que los pobres de México tengan acceso a mejores condiciones de vida; por ello, diariamente defendemos los derechos indispensables de la población.
Es un deber de los gobiernos, en todos los niveles, velar por el bienestar de todos los habitantes, pero como no lo hacen, los antorchistas nos organizamos para recordarles sus obligaciones y que atiendan a la población.
La salud es un derecho humano, no debe convertirse en un privilegio de quienes puedan pagarla y no podemos permanecer indiferentes ante las acciones ocultas del proyecto de la 4T, para convertir en una mercancía el derecho a la salud y bienestar.
Por ello, en el municipio de Nicolás Romero, la lucha por la apertura de los centros de salud no se detiene. La agudización de las condiciones económicas en el país, repercute directamente en la vulnerabilidad de las familias pobres, por lo cual se vuelve imprescindible que se construyan, con la lucha de todos, las condiciones necesarias para garantizar el acceso al bienestar de los trabajadores.
La próxima apertura de las clínicas comunitarias en Casa Vieja Cahuacán, Azotlán, y las colonias Wenceslao Victoria Soto y Ricardo Flores Magón, son fruto del esfuerzo del pueblo organizado en nuestro movimiento y representan la posibilidad para que los marginados por el gobierno de López Obrador tengan acceso a un derecho indispensable: el cuidado de su salud.
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