“Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Pero, en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros; existe precisamente porque no existe para esas nueve décimas partes. Nos reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos”.
Carlos Marx
El lunes 18 de octubre, yendo a mis actividades ordinarias, miré el celular y lo primero que salió fue la transmisión en vivo de un desalojo. Rápidamente solicité la ubicación y me trasladé al punto. Jamás había sido testigo presencial de tan brutal e inhumano acto; al frente el abogado, defensor de los intereses en cuestión como si de su vida se tratara, los “actuarios” con rostro rígido como los números que manejan, todos ellos con ojos serenos que indicaban la frialdad a la que deben ser sometidos para no inmutarse ante los ruegos de la gente; atrás y a un lado los policías, obedientes al fin y al cabo del mando, algunos, todavía humanos te recomendaban cosas, otros, incapaces ya de sensibilidad alguna, ejecutaban la orden. Ante la maquinaria estatal al servicio de los potentados, los vecinos de La Alameda ya no podían hacer nada más que mirar, pues en la menor resistencia eran golpeados y apresados.
“¿Tú quién eres? -Me preguntó amenazante alguien de la inmobiliaria, quien además se encontraba desde lo lejos mirando dicha escena con refresco en mano- No me andes alborotando a la gente”, ya que un puñado de gente que todavía no había sido desalojada se acercó a nosotros, con la intención de detener el atropello, que ya había comenzado con sus vecinos. Pero la orden estaba dada y casi nada podía hacerse, que no fuera ayudarles a sacar sus cosas, documentar y denunciar la brutalidad con la que aquellos, los de enfrente, actuaban. “Usted no puede estar aquí. Esto es propiedad privada”, fueron las palabras del abogado, de cuyo nombre no quiero acordarme, mientras documentaba la fase final de tan lamentable proceso, que terminaba con las máquinas destrozando sus casas de madera y lámina, entre llantos y lamentos.
Ciertamente, las familias desalojadas habían hecho uso de un fraccionamiento, pero lo habían hecho por no estar en condiciones económicas para comprar una vivienda, ya que ronda casi el medio millón la más sencilla. En Culiacán, como en todo el país, también se manifiesta la gran contradicción inmobiliaria, según el Censo de Población y Vivienda 2020, en la ciudad existen 221 mil 144 viviendas, de las cuales se encuentran ocupadas 176 mil 799, es decir, hay 44 mil 345 viviendas abandonadas. “Es indecente, gente sin casas, casas sin gente”, cantaría la española Silvia Pérez Cruz.
Ahora bien. ¿Cómo se explica el número de sin casas y el fenómeno de las invasiones? Aunque el fenómeno es más complejo, considero el desplazamiento, un factor determinante.
Los desplazamientos forzados en el estado de Sinaloa no son de ahora ni de este sexenio, hay que decirlo. En lo que va de su historia, los desastres naturales y las inundaciones provocadas por éstos, han orillado a la población a dejar sus tierras, temporal o permanentemente, además de que existen los desplazados por la construcción de obras, como el caso de la construcción de la presa Picachos en los límites serranos de los municipios de Mazatlán y Concordia que desplazó a varios pueblos, entre ellos a San Marcos, que ahora está reubicado en el Nuevo San Marcos.
Pero los desplazamientos más trágicos han sido los provocados por la violencia relacionada con el crimen organizado y su combate, pues la población ha sido víctima de las políticas de los gobiernos, desde la década de los 70, con la llamada “Operación Cóndor”, hasta la política cuatrotera de “Abrazos, no balazos”. Cabe mencionar que en Sinaloa, como en otros lados, la causa del desplazamiento se encuentra en la acumulación de capital por desposesión o por despojos de tierras, para privatizar los recursos naturales.
Cuando Felipe Calderón emprendió la llamada “guerra contra el narcotráfico”, según especialistas del tema, “los narcotraficantes y otros grupos criminales han sido los responsables de los miles de muertes de civiles, secuestros, amenazas y extorsiones, entre otros delitos que han aterrorizado a las poblaciones locales y que los ha forzado a la migración”. Hasta agosto de este año, según el subsecretario de Planeación y Vinculación Social, Paulino Rojo Mendoza, Sinaloa cuenta con un padrón de 2 mil 635 personas desplazadas por la violencia, pero el dato es poco preciso. La misma Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dice que “no existe un registro oficial de las personas desplazadas internamente en México, ni un diagnóstico que permita dimensionar y caracterizar la situación de forma integral”.
No hay duda de que la violencia ha sido el azote de todos los mexicanos. ¡Seguridad!, claman en cada rincón como una demanda principal. Es por eso que, como uno de sus ejes principales de gobierno, López Obrador planteó una estrategia que “pensó”, daría resultados. Sin embargo, la realidad tiene otros datos. A decir del periodista Miguel Ángel Casique, “la incidencia delictiva en el país durante septiembre, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, fue muy alta y México se mantiene como uno de los países más violentos con 100 mil 300 homicidios y feminicidios registrados en los casi tres años de gobierno de AMLO”.
Está claro que, en Sinaloa, la estrategia del presidente de ¡Abrazos no balazos! lo que vino a provocar es que el número de delincuencia acrecentara, que la liebre le ganara la carrera al cazador, dijo un desplazado, esto es, que los brazos caídos del gobierno han hecho que los grupos delictivos tomen tierras y hagan de las suyas con la seguridad de que no les pasará nada, pues el ejército se encuentra realizando otras actividades mientras miles siguen siendo desplazados.
Conscientes de esta problemática, es que Antorcha ha venido luchando por espacios para la gente que necesite un solar. Fruto de esa intensa lucha es que, después de 10 años, hemos logrado que, hasta apenas, el pasado jueves, sesenta familias recibieran un pedazo de tierra de manera legal y con precios ubicado en La Pitahayita, incluidos algunos de los desalojados de La Alameda. Nada fue gratis, costaron largos años de lucha, de reuniones, de marchas, de plantones.
El pasado fin de semana tomaron protesta tanto el gobierno estatal de Rocha Moya, como el reelecto alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Ambos morenistas. El antorchismo sinaloense le dará puntual seguimiento a las soluciones que vayan a plantear con respecto al problema de vivienda en la ciudad y el estado, además de seguir invitando a todos aquellos sin techo por la razón que sea, a que se acerquen a Antorcha, donde encontrarán una familia dispuesta a luchar junto a ustedes en defensa de sus intereses. Vale.
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