El 19 de septiembre se registró un sismo de magnitud 7.7, posteriormente tres mil 784 réplicas, según el Sistema Sismológico Nacional (SSN). Los movimientos telúricos se dejaron sentir en Michoacán, Oaxaca, Colima, Puebla, Ciudad de México y, aunque con menos intensidad, en San Luis Potosí.
Colima es el estado con más afectaciones; las consecuencias de este fenómeno telúrico son daños en edificios, infraestructura carretera, miles de viviendas, y, lamentablemente, dos muertes. La pregunta obligada es ¿qué hace el gobierno de la 4T para apoyar a los damnificados en este tipo de fenómenos?, ¿Destina los suficientes recursos como tanto pregona? Veremos.
Coincidentemente, el 19 de septiembre se han dado tres movimientos telúricos, 1985, 2017 y 2022; el más recordado por su magnitud y devastación fue el de 1985 que afectó, sobre todo, a la capital del país, y por el que hubo, desafortunadamente, tres mil 192 muertes según información oficial, aunque algunas organizaciones informan que fueron 20 mil los decesos. Estos fenómenos de la naturaleza son impredecibles, y solo se puede saber que ha empezado, un poco antes de que empiecen sus efectos. Lo que sí se puede hacer es disponer de todos los recursos materiales y humanos para ayudar a los damnificados y reconstruir la infraestructura dañada como carreteras, edificios públicos, iglesias y monumentos históricos.
La amarga experiencia nos ha dicho que, una vez ocurrido el fenómeno natural, las autoridades federales o estatales parecen deshacerse en ayudar a los damnificados, pero resulta que, al poco tiempo, ya cuando ha dejado de ser nota periodística y ya no se tiene la presión de la opinión pública, el gobierno se desentiende de la ayuda a las familias afectadas que en muchos casos lo han perdido todo.
Al principio fue solo para engañar con la pose, sacando fotos donde se entregan despensas, láminas, enseres domésticos. Pasan los meses y años y nos enteramos de que nunca se ayudó a la mayoría de las familias damnificadas a reconstruir su vivienda, y sino ahí están los afectados por las inundaciones de 2020, en Tabasco; y en agosto de 2021, en Veracruz.
“Cinco años después del terremoto del cinco de septiembre y ante el lento proceso de reconstrucción de edificios históricos en Juchitán, comerciantes, docentes y miembros de la comunidad católica que quedaron damnificados mostraron su molestia ante el Gobierno federal con quien se reunieron este miércoles” (El Universal de Oaxaca, 9 de julio del 2022).
No debemos olvidar que, en acto de insensibilidad y autoritarismo, en julio del 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desapareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), argumentando corrupción en el manejo de sus recursos: “El Fonden era un barril sin fondo, en cada emergencia se robaban 1,000; 2,000; 3,000; 5,000 millones de pesos” (Expansión Política, 8 de septiembre). Afirmaciones que nunca se han probado. Pero el señor de Palacio Nacional decidió que debía desaparecer y lo desapareció como a muchos fidecomisos o el Seguro Popular, solo por mencionar algunos.
Creo que la creación del Fonden, en 1996, partía de un diagnóstico muy acertado: “Debido a su diversidad geográfica, México, se ubica dentro de los 30 países más expuestos a desastres naturales , tales como terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, huracanes, incendios, inundaciones, deslaves y sequías entre otros; tal condición aunada al crecimiento de la población que reside en zonas de alto riesgo eleva aún más el peligro latente de que ocurran desastres de gran magnitud”. (nota informativa del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados). Señala el documento que “el mandato original del Fonden era asegurar la disponibilidad de recursos inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre natural para financiar la reconstrucción de infraestructura pública y vivienda de la población de escasos recursos económicos, sin comprometer los presupuestos existentes ni los programas públicos existentes”.
Un gobierno realmente a favor de los más pobres debiera, además de garantizar la salud, la educación, la seguridad de la población, en particular de los más humildes, debiera asegurar que una vez que se vea afectada una familia por un fenómeno natural, sea un terremoto, un huracán, un deslave u otro fenómeno destructivo, tener un fondo de recursos importante para apoyar verdaderamente a dichas familias a tener su vivienda dañada en condiciones adecuadas, sus enceres domésticos, su ropa, en pocas palabras las condiciones previas al desastre. Desafortunadamente la 4T ha demostrado que no es capaz de ayudar a la población en momentos de desgracia. Triste realidad.
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