Hidalgo fue una de las entidades del país en la que el pasado fin de semana se llevaron a cabo elecciones para renovar presidentes municipales y al Ejecutivo Estatal. El estado no ha conocido la alternancia, los gobiernos estatales siempre han emanado del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, hay que puntualizar que en los últimos comicios no se obtuvieron los resultados esperados por el tricolor a nivel nacional, en gran medida se debe al castigo de la población ante gobiernos indolentes y poco sensibles hacia las necesidades de la población que menos tiene.
Con 524 mil 139 votos a favor y el 56.86 por ciento de la votación en su contra, Omar Fayad Menenes, contendiente por la coalición "Un Hidalgo con rumbo" (PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza), es el nuevo gobernador de la entidad. La tarea para el exsenador priísta no será sencilla, Francisco Olvera Ruíz, el mandatario que dejará la gubernatura del estado, durante su administración adquirió una deuda por más de 245 millones de pesos.
La pobreza y la inseguridad son temas pendientes de la actual administración. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estiman que existe una población aproximada de casi 3 millones de hidalguenses, de los que más de la mitad de la población, es decir, al menos un 1.5 millones de hidalguenses viven en condiciones de pobreza, de estos, 350 mil personas padecen pobreza extrema. Hay 343 mil hidalguenses que viven en rezago educativo, un millón 964 mil carece de acceso a la Seguridad Social, 771 mil carece de acceso a servicios básicos en sus viviendas, y 903 mil no tiene acceso a la alimentación. En contraste, sólo el 14 por ciento de los hidalguenses no viven con carencias de ningún tipo.
En materia de seguridad, durante la administración de Olvera Ruíz, fueron denunciados 648 homicidios, 99 secuestros y 424 extorsiones. Sin embargo, el estado de Hidalgo se ubica en el grupo de entidades que presenta un grado de impunidad "alto" con el 67.9 por ciento, según datos del índice Global de Impunidad en México 2016, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla. Debe considerarse que la cifra de delitos cometidos podría ser ocho veces mayor, pues sólo el 13 por ciento son denunciados ante las instancias correspondientes. A pesar de la aplicación de protocolos gubernamentales, el índice de feminicidios en nuestra entidad continúa a la alza. Tan sólo en el último año se registraron 38, contra 32 del año anterior, son el abuso sexual, heridas, asfixias, golpes, calcinación y estrangulamientos, los actos violentos que con mayor frecuencia se presentan en los municipios de Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Progreso, Tepatepec, Tulancingo y Tizayuca.
En el primer trimestre de este año, la tasa de desocupación y empleo en la entidad se ubicó en 3.6 por ciento, lo que estima que al menos 50 mil 452 hidalguenses carecen de empleo. Situación que acelera la pobreza y desigualdad, pues quien enfrenta este panorama, no cuenta con los ingresos necesarios para sostenerse a sí mismos y sacar adelante a su familia.
Los retos para el licenciado Fayad Meneses no son poco ni sencillos de lograr, él y su gabinete habrán de dar una lucha incesante si se proponen conquistar los intereses políticos de su partido, pero sobre todo, si cumplen la palabra empeñada de procurar el desarrollo de la gente pobre y revertir la situación en la que viven miles de familias hidalguenses.
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