De todos los hidalguenses es conocida la forma del actual gobierno de Hidalgo de aplicar los recursos públicos, producto de todos los mexicanos, en “embellecer la capital”. Menos difundido, pero igualmente cierto, es el gasto en mantener el aparato gubernamental, el pago a funcionarios en instalaciones. Así se observa la discrepancia entre el discurso y la realidad, entre las megaobras y el abandono de las colonias y comunidades más pobres.
Por cada peso invertido en salud, se gastan tres en edificios suntuarios; por cada colonia con calles pavimentadas, hay cinco donde las lluvias convierten caminos en lodazales.
En Hidalgo, el 41 % de la población (aproximadamente 1.3 millones de personas) vive en condiciones de pobreza, de las cuales 214 mil 18 se encuentran en pobreza extrema. Aunque el gobierno estatal afirma una reducción del 9.8 % en la pobreza entre 2020 y 2025, pasando del 50.8 % al 41 %, esta mejora no se distribuye equitativamente. Municipios indígenas y zonas rurales continúan sumidos en el abandono, con carencias críticas en servicios básicos y acceso a derechos sociales. Por ejemplo, en Huejutla, 65.4 % de sus habitantes viven en pobreza moderada, 25 mil 447 personas en pobreza extrema (18.8 % de su población) y solo el 7.2 % no son pobres ni vulnerables.
En Acaxochitlán, 80.1 % de su población enfrenta pobreza; en Yahualica, 79.5 % de sus habitantes viven en pobreza, y en localidades como Santa Teresa, el 80.5 % de las viviendas carecen de drenaje. En Tlanchinol y Xochiatipan, 3 de cada 10 habitantes están en pobreza extrema, y 5 de cada 10 en pobreza moderada. Además, tres nuevos municipios (Huichapan, Huasca y Mixquiahuala) se sumaron en 2025 a las 41 zonas de atención prioritaria, donde 5 mil personas viven en pobreza extrema.
Y mientras tanto, la falta de infraestructura básica en estas áreas contrasta con proyectos gubernamentales suntuarios, como el edificio de gobierno, un coloso de 2 mil 900 millones de pesos que incluye un helipuerto privado. ¿Cómo se explica esta inversión desproporcionada?
El Ejecutivo estatal argumenta que el edificio “modernizará la administración”, pero omite que, solo en mantenimiento anual, la estructura consumirá recursos equivalentes al presupuesto de diez escuelas rurales. La prioridad no es la eficiencia, sino mantener el poder político alejado de las calles polvorientas donde niños caminan kilómetros para llegar a aulas sin luz eléctrica.
La administración estatal no solo invierte en obras faraónicas, sino que modifica presupuestos sin rendir cuentas. El caso del Parque Ben Gurión es muestra de ello: su remodelación pasó de 200 a 300 millones de pesos en un año, un sobrecosto del 50 % que la Secretaría de Obras Públicas atribuye a “ajustes técnicos”, sin detallar estudios de impacto o consultas ciudadanas. Paralelamente, el programa “Servidores del Pueblo” gasta 6 millones de pesos mensuales (72 millones al año) en personal cuyas funciones se solapan con empleados de base. Organizaciones como Transparencia Hidalgo AC han denunciado que 30 % de estos “servidores” no tienen horarios verificables ni resultados medibles, lo que sugiere un esquema de clientelismo político.
El presupuesto 2025 no solo ignora a las colonias, sino que castiga áreas estratégicas: la Secretaría de Salud (2 mil 219.8 millones) tiene un presupuesto cinco veces menor al de Infraestructura, pese a que 23 % de los hospitales rurales no tienen quirófanos operativos, según reportes del IMSS.
En resumen, en Hidalgo no hay gobierno del pueblo. Por cada peso invertido en salud, se gastan tres en edificios suntuarios; por cada colonia con calles pavimentadas, hay cinco donde las lluvias convierten caminos en lodazales. La verdadera transformación no se mide en metros cuadrados de oficinas, sino en acceso a agua, educación y salud. Hidalgo no necesita más discursos: exige que el lujo de unos pocos no siga costándole el futuro a millones.
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