El campo mexicano continúa en el abandono: desde hace muchos años, los diversos gobiernos decidieron desmantelar las instituciones agropecuarias y por lo tanto disminuir el presupuesto dedicado al campo. Los más afectados, como siempre, son los más pobres: los ejidatarios y los comuneros.
Los pequeños productores son vistos por los gobiernos como un estorbo a la hora de que solicitan algún apoyo para mejorar sus parcelas, pero los buscan y apapachan cuando necesitan su voto.
El menosprecio por atender los problemas de los hombres y mujeres del campo es evidente. Sufren por la falta de programas de apoyo a la producción, por lo que millones de hectáreas se quedan sin trabajar, y se acelera la migración de la población joven a los centros urbanos y a los Estados Unidos.
El fracaso de los programas de la 4T para erradicar la pobreza es más que evidente, además de que los gobiernos neoliberales, contando al actual, le apuestan a que los pequeños productores migren y vendan sus tierras.
Sufren también por la falta de servicios básicos; la atención médica es prácticamente inexistente; muchas escuelas rurales no cuentan con la infraestructura y equipamiento básico; ni baños, ni agua potable ni electricidad o personal docente suficiente, por lo que la escolaridad de los productores es muy baja: apenas el 50 % tiene la primaria, un 21 % cuenta con secundaria y el 7% bachillerato.
Además del alto grado de analfabetismo y a todos estos males, se suma la violencia en todas sus formas, que provoca el abandono de localidades enteras.
Según datos del Inegi, la población rural en 1950 era del 57 %; para 1990 bajó la población del campo al 29 % y para 2020 es del 21 %.
Aunque se sabe que la modernización del campo y la introducción de maquinaria agrícola provocan de manera natural un desplazamiento de la población rural a los centros urbanos, en México no se da así, pues el desarrollo de la industria nacional no ha podido absorber a la población rural, provocando un aumento desmedido del trabajo informal.
Actualmente, el trabajo informal llega al 55.7 %; esto significa que más de la mitad de los trabajadores mexicanos laboran sin un contrato, prestaciones ni acceso a la seguridad social.
En 2022, las autoridades migratorias de Estados Unidos, detuvieron a más de 800 mil migrantes mexicanos que intentaron internarse en ese país; la cantidad más alta en lo que va del actual sexenio.
El número de detenidos en 2021 fue de 666 mil 684; en 2020, 362 mil 248 y en 2019, 252 mil 293. En cuatro años del Gobierno morenista el crecimiento fue del 300%, lo que nos demuestra el tamaño de la crisis, según datos de Animal Político.
El fracaso de los programas de la 4T para erradicar la pobreza en el país es más que evidente.
Los gobiernos neoliberales, contando al actual, le apuestan a que los pequeños productores, desprovistos de apoyos gubernamentales se vean obligados a emigrar y a vender sus tierras. Un claro ejemplo es la región lagunera: gran parte de las tierras ejidales y los derechos de agua del sistema de presas del río Nazas está en manos de grandes corporativos agroindustriales.
Para que el campesino mexicano sea competitivo y logremos como nación la autosuficiencia alimentaria, en primer lugar se deben crear formas asociativas entre ejidatarios y comuneros para aumentar la superficie cultivada e introducir una moderna y rentable agricultura, además de créditos accesibles y apoyo a la comercialización de los productos; inversión en servicios básicos, agua, drenaje, electrificación y vivienda, medicina y educación para mejorar sustancialmente la vida de los trabajadores del campo.
Se necesita, en resumen, otros gobernantes, que dejen de beneficiarse del campesino y se entienda que México debe cuidar de verdad su soberanía, con una poderosa infraestructura agropecuaria que beneficie a los productores y asegure una alimentación suficiente y de calidad para todos los mexicanos.
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