Es bien conocido que el presidente electo ha declarado que en su gobierno los apoyos gubernamentales ya no se entregarán "a través de intermediarios" porque "llegan mochos y a veces no llega nada"; ahora, dijo en tono triunfal, será mediante tarjetas bancarias de manera directa a los beneficiarios, personalizada, sin tutela. Cuando uno esperaba que como intermediarios definiera a los muchos grupos caciquiles, a jerarcas sindicales charros y líderes partidarios que ostentosamente han lucrado con sus puestos y hecho daño a la nación por decenios, el señor López Obrador equiparó a los intermediarios ¡con las organizaciones populares!, a las que alude sin especificar con toda claridad, incluso inventándoles términos, responsabilizándolas, sin prueba, del fracaso de los programas sociales gubernamentales —ya no "la mafia" ni analizando al pueblo el papel manipulador de dichos programas— y con ello las condena a todas sin excepción al repudio generalizado.
La declaración nos parece peligrosa porque proporciona a una autoridad arbitraria pretexto que invocar para anular injustamente a las organizaciones populares, para prohibir incluso cualquier trato o acuerdo con ellas, supuesto que a la propia autoridad queda reservado calificar qué organizaciones son "intermediarias" y cuáles no. En otras palabras, el gobierno de AMLO sí va a hacer tratos y llegar a acuerdos con "los intermediarios" de los empresarios y grandes capitalistas y banqueros —con sus cúpulas, pues—, como ya lo ha hecho abiertamente, pero no con las organizaciones populares, porque son delincuentes: así debe entenderse.
Ante esta inaudita condena, es preciso recordar que, entre otras razones, las organizaciones populares independientes han surgido en la historia nacional precisamente para librarse del control de los intermediarios pro gubernamentales, de vivales que practican el coyotaje o bien de líderes charros pro empresariales y oportunistas que hacen de su intermediarismo una forma adicional de explotación para los más humildes mexicanos. Las organizaciones populares han logrado esto mediante la creación de sus propias estructuras sociales que les brinden la oportunidad de llegar a arreglos, convenios o pactos. Son estructuras que resumen la experiencia de décadas de lucha popular y que ahora, de un tarjetazo, quedarán ni más ni menos que en la ilegalidad real, y quizá también formal.
Como su nombre lo indica, intermediario —de "inter", o sea, "entre" y "mediar"— es el que está en medio de dos partes y hace tratos o negocios para una de ellas. Entre las dos partes tratantes no es ni una ni otra, el intermediario es un ente ajeno a las dos, diferente de ellas. Así, cuando hay una relación de tipo comercial, laboral, un intermediario vendría a ser un individuo o grupo que no es ninguno de los dos tratantes y que recibe algún beneficio por sus oficios para tratar en favor de uno de ellos y que las dos partes lleguen a un arreglo. Por ejemplo, las organizaciones empresariales suelen contratar intermediarios con la profesión de abogados o sus bufetes para tratar asuntos con los gobiernos o con trabajadores; esta forma de intermediación no es cuestionada a pesar de todas sus triquiñuelas. Los gobiernos suelen tener departamentos jurídicos y también contratan despachos de abogados para ciertas intermediaciones.
Por su parte, las organizaciones populares han desarrollado comités, comisiones, mesas directivas, plenos u otros mecanismos integrados por los propios organizados, es decir, estructuras que no son ajenas a su organización popular, sino que son ellos mismos, transformados en una estructura organizativa tal que les permite hacer tratos con gobiernos, empresarios, etc. O sea, las organizaciones populares sólo existen como sistemas, y ello quiere decir como estructuras, no ajenas sino propias, que defienden los intereses sociales de sus integrantes, estructuras que necesariamente tienen que centralizar los acuerdos y apoyos que consiguen para descentralizarlos a los suyos. Por necesidad el trato o acuerdo con la otra parte se realiza en y con cada estructura, producto del desarrollo histórico de México. Tildarla ahora de "intermediaria" es tan absurdo como enajenar a la cabeza del resto del cuerpo humano y culparla de que se halle enfermo.
Así, pues, el proyecto de López Obrador, contempla dos estrategias políticas: una, la disgregación social como medio para realizarlo, la atomización "personalizada" de la sociedad como argumento y requisito para que las ayudas y programas de gobierno "sí lleguen completos", la consagración del individualismo "de tarjeta bancaria". Dos: esto sólo puede ser si lo contrario no existe, es decir si la unidad popular desaparece: liquidarla es obligado. La modernización digital se vuelve ahora contra los más humildes pues pretende ser usada para desintegrar la unidad popular: todo se atenderá "digitalmente" y, por tanto, no se necesitará que la gente esté agrupada, sindicalizada u organizada, se dice, para que tenga los beneficios del nuevo gobierno.
Habría que demostrar que los obreros y trabajadores no necesitan estar unidos y organizados y que, para que vivan mejor y se acabe su miseria, basta con que los apoyos gubernamentales lleguen a través de los bancos, que "por todos lados tienen cajeros y sucursales". Pero eso no lo puede demostrar ni el señor Obrador ni nadie. Si algo falla, si el nuevo gobierno federal llegara a fracasar económicamente, si los bancos quebraran —lo contrario de ambos casos no es del todo seguro—, ¿quién va a defender al pueblo si AMLO lo deja fracturado, quebrado en su unidad organizativa más elemental? En un mundo en crisis y guerras la salvación de nuestro pueblo no consiste, no puede ni debe consistir en una tarjeta bancaria que con cualquier inestabilidad económica fuerte quedará en la nada. No se puede comprometer así la única fuerza del pueblo: su propia unidad organizada, porque con ello se le condena a un sacrificio inútil y a volver a ser la víctima que siempre ha sido, sólo que ahora por más generaciones.
Habría, además, que demostrar que los trabajadores y los pobres de México no necesitan de su unidad organizativa para defenderse de autoridades injustas en el gobierno de AMLO y eso tampoco lo pueden probar. ¿Autoridades injustas en el Gobierno de AMLO? ¡Claro, por supuesto! Aunque se acabara la corrupción al otro día de que López Obrador tome el poder —cosa que no sucederá—, ello no significa que no habrá autoridades injustas. ¿Y contra ellas qué? ¿Una tarjetita? ¿Una solicitud?
Como ni una ni otra cosa son demostrables, se ha optado por el fácil recurso de criminalizar a las organizaciones populares: equipararlas con delincuentes, de manera falsaria, para que el pueblo no organizado, que sigue siendo mucho, apruebe y aplauda la liquidación de aquéllas y, con ello, su propio sacrificio. Son muchos los medios de comunicación que hacen eco a las estrategias contra las organizaciones populares y poco el alcance de esta respuesta, pero habremos de decirla con la esperanza de que al menos los más serios y acuciosos investigadores sociales la sepan: los Dirigentes del Movimiento Antorchista no han recibido ni recibirán directamente ningún apoyo para luego repartirlo a su libre albedrío, o para no repartirlo; mas, puesto que él lo afirma, el señor López Obrador tiene la obligación de probarlo fehacientemente. Entretanto, nada hará que renunciemos a nuestro derecho a agruparnos y hacer peticiones que beneficien a todos nuestros agremiados, como lo indica la Constitución. Si el señor presidente electo quiere entregar los apoyos a que está obligado con tarjeta o con paloma mensajera, eso no es lo esencial, esos son paliativos que sacan de apuros pero que no resuelven de raíz los problemas. A todo esto, ¿dónde queda el combate a la pobreza?, ¿cómo vamos a detener la tendencia a la pauperización de nuestra población, en cuántos años?, ¿también va a entregar con tarjeta personalizada los recursos para agua potable, carreteras, clínicas, escuelas, etc.?
"…porque siempre la autoridad usurpadora de los derechos, conculcadora de las instituciones, encontraría motivo para disolver las asociaciones, para quitar toda iniciativa a los individuos, para despojarlos del único y salvador derecho que les corresponde para poder examinar los actos de los funcionarios, para saber cuándo obran bien y cuándo obran mal, para poderles discernir conscientemente el premio o el castigo…".
"…No, señores, debemos pensar que al espíritu de asociación, antes que restringirlo, debemos darle toda clase de alas para que podamos, en un futuro no lejano sentar en nuestra República una República libre por medio de la emisión del pensamiento en las asociaciones de obreros". Dos citas que podrá encontrar usted, estimado lector, en el Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1917 al discutir los términos en que quedaría aprobado el artículo 9º de la Constitución Mexicana.
El último reducto de la libertad y la soberanía de México está en las organizaciones populares. Todas ellas, ahora, deben pensar en actuar más unidas y mejor coordinadas: es un deber patriótico. Aquí está Antorcha.
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