Está próximo a acabar el año. Este periodo es crucial en la decisión de cómo se gastarán los recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente año, 2026, un documento técnico que, en esencia, es la materialización de las prioridades políticas, que ahora se ve, una vez más, que son la compra de conciencias mientras se dejan en el olvido las carencias esenciales de miles de hidalguenses: apoyo real a los damnificados por las pasadas lluvias de octubre, así como obras y servicios básicos de los que carecen comunidades y colonias en todo el estado.
Los programas asistencialistas están diseñados no para resolver el problema de fondo, sino para crear clientelismo y desmovilizar la lucha popular.
El recientemente aprobado PEF para 2026 para el estado de Hidalgo ha pasado por alto, de manera “inexplicable”, una necesidad urgente y dramática: la reconstrucción de las zonas devastadas por las lluvias torrenciales: no se ha asignado una partida especial para ello.
Ello, aunado a los ya tres años en que no han sido resueltas las demandas de obras de pavimentación, introducción de redes de agua potable y drenaje, entre otras, enarboladas por el Movimiento Antorchista, nos orilla a preguntarnos: ¿Por qué el gobierno estatal desatiende necesidades tan evidentes? La respuesta no reside en la maldad individual de los gobernantes, sino en la naturaleza misma del sistema que defienden.
En primer lugar, la asignación presupuestal responde a la rentabilidad, no a la necesidad humana. Invertir en la reconstrucción de una comunidad rural pobre no genera la misma tasa de retorno económico (ganancia) para el capital que, por ejemplo, destinar fondos a una macro-obra de infraestructura en una zona industrial.
El puente que necesita un campesino para llevar sus productos al mercado no es prioritario si ese mercado no es significativo para el gran capital. La ayuda a los damnificados es vista como un “gasto social”, un mal necesario que debe minimizarse para no afectar los fondos destinados a favorecer a la burguesía mediante subsidios, condonaciones de impuestos o infraestructura que abarata sus costos de producción.
En segundo lugar, el gobierno morenista utiliza el presupuesto como un mecanismo de control político y social. Los programas asistencialistas están diseñados no para resolver el problema de fondo, sino para crear clientelismo y desmovilizar la lucha popular.
La priorización de los programas de transferencia monetaria nuevamente se refleja en el PEF 2026, aprobado por la Cámara de Diputados: “Se prevé que para el siguiente año se tengan catorce programas sociales prioritarios, los cuales absorberán 987 mil 160 millones de pesos, en donde el programa estrella será nuevamente la Pensión para Adultos Mayores, con un gasto de 526 mil 508 millones de pesos, seguida del Programa de Becas Benito Juárez, con 184 mil 595 millones de pesos” (El Economista, 06 de noviembre 2025).
Se busca así que las masas permanezcan en un estado de dependencia y vulnerabilidad, más fáciles de controlar y menos propensas a organizarse de manera autónoma y combativa.
Los antorchistas hemos sido testigos directos de ese desprecio por atender las necesidades del pueblo hidalguense. Nuestro pliego petitorio, un compendio de demandas surgidas de la necesidad más básica, es la exigencia de infraestructura que ya debería existir, de servicios que son derechos constitucionales y de una atención inmediata a la emergencia en que viven las regiones afectadas por el reciente desastre “natural”.
Demandamos, por ejemplo, la rehabilitación y construcción de infraestructura carretera en las regiones Huasteca, Sierra Alta y la Sierra Otomí-Tepehúa, cuyos caminos y carreteras están en pésimas condiciones; los derrumbes y la consiguiente incomunicación de las comunidades son constantes, como lo ocurrido el mes pasado.
Además, en todas las grandes urbes hay cientos de colonias “irregulares”, la mayoría sin servicios básicos, creadas por la necesidad de las familias trabajadoras de tener un hogar; demandamos obras de infraestructura para ellas.
El presupuesto público, hay que recordarlo, no es dinero del gobierno; es el fruto del trabajo y los impuestos de todos los mexicanos, sobre todo de la clase trabajadora.
Sabedores de esto, y con la convicción de que las carencias de miles de hidalguenses deben ser tomadas en cuenta por el gobierno estatal en el gasto público del siguiente año, los antorchistas haremos presencia este miércoles 19 de noviembre en Plaza Juárez para hacer entrega al Gobierno de Hidalgo y al señor gobernador Julio Menchaca del pliego petitorio 2026, que engloba demandas de cientos de comunidades y colonias de todo el estado.
Hacemos un llamado a la ciudadanía para sumarse a la entrega del pliego petitorio en la Plaza Juárez; mostremos la unidad, la organización y la lucha constante del pueblo encabezado por el Movimiento Antorchista.
Defendamos el derecho a un gasto público en que se tomen en cuenta las carencias del pueblo y recordemos que nuestra tarea es crear una organización capaz de lograr que la riqueza de la nación sea por fin y para siempre propiedad del pueblo que la trabaja.
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