Datos de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), del 15 de julio de 2019, señalan que en la Ciudad de México se requiere la construcción de más de 64 mil 146 viviendas anualmente. De esta necesidad solo se cubre, aproximadamente, el 24 por ciento, es decir, 15 mil viviendas al año.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), por su parte, afirma que de enero a diciembre de 2020 se construyeron mil 490 viviendas y 39 locales comerciales (invi.cdmx.gob.mx del 25 de febrero de 2021) por lo que, en consecuencia 13 mil 510 viviendas, fueron construidas por la iniciativa privada. Es decir, que la vivienda pública en la Ciudad de México está olvidada por la Cuarta Transformación.
La jefa de Gobierno se jacta de que al final de su administración habrá entregado 100 mil acciones de vivienda para remodelación y embellecimiento de la ciudad, pero no dice nada de los más de 60 mil demandantes que todos los días rentan, sufren desalojos y vejaciones por parte de sus arrendatarios, pero, sobre todo, sufren la indiferencia de las autoridades de vivienda.
La carencia de vivienda y la nula respuesta de las autoridades tiene diversas causas: Primera, la inexistencia de una política de desarrollo social planificada desde el Gobierno.
En efecto, durante 25 años de gobiernos de izquierda en la capital del país se han preocupado más por mantener el poder a través de la cooptación de las tribus perredistas y ahora incrustadas en el morenismo capitalino, que por resolver los problemas de vivienda de la población. Por ello, en vez de hacer vivienda para los sectores más necesitados, construyen segundos pisos o cambian la constitución local a favor de sus intereses electorales. La consecuencia ha sido un aumento en la demanda de vivienda, el incremento exponencial de zonas irregulares y de la pobreza en las periferias y áreas del centro histórico de la Ciudad, “existen unos mil asentamientos humanos en suelo de conservación, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum” (milenio.com.mx del 26 de septiembre de 2021).
Segunda. La privatización de la vivienda. En efecto, la casi nula intervención estatal en el problema de la vivienda genera dos fenómenos: por un lado, que la cantidad de empresas inmobiliarias privadas aumente, generando pingües ganancias para ellas. “Queda la oportunidad de hacer 50,000 viviendas al año, esto representa un bienestar inmenso en empleo, servicios y derrama económica que suma más de 43,000 millones de pesos… Estamos vendiendo sólo 6,000 de esas unidades al año, de un mercado de 50,000” dice Gene Towle, socio director de la firma Softec (el economista.com.mx del 20 de enero de 2022). Al reducirse la inversión estatal, aumenta la inversión privada o privatización, y se incrementa el precio de la vivienda.
La Sociedad Hipotecaria Federal señala que “este fenómeno ha generado que la ciudad presente un aumento significativo en los precios de la vivienda, quedando muy por encima de la media en el resto del país (de acuerdo con el portal inmobiliario Lamudi, la media es de $4’017,532.00 contra $8’057,000.00 en la Ciudad de México. De hecho, para 2018 el precio de la vivienda en la capital habría aumentado a más del doble en los últimos 10 años)”.
Por otro lado, la aparición de líderes y grupos delincuenciales cuyo modus vivendi es precisamente la venta y despojo de inmuebles de modo fraudulento, situaciones que quedan impunes ante el amparo y protección del Gobierno, es decir, la corrupción gubernamental que tanto niega la 4T. “El número de carpetas de investigación por el delito de despojo en la Ciudad de México ha ido en aumento durante las dos últimas administraciones capitalinas, alcanzando su máximo histórico en 2021, con un incremento de 16.6 por ciento. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la capital del país registró 3 mil 757 indagatorias por este ilícito de enero a octubre de este año (milenio.com.mx del 23 de diciembre de 2021).
Tercera: La utilización de los solicitantes de vivienda como mero trampolín político. En efecto, la necesidad de la vivienda ha llevado a muchos grupos políticos a beneficiarse de esta situación. Durante muchos años, la izquierda representada por el PRD primero, y ahora por MORENA, sigue viendo en los grupos de vivienda mera carne de cañón electoral. Y esta es la razón por la cual la gobernadora Sheinbaum grita los cuatro vientos que hará 100 mil acciones de vivienda en la capital, ¡si chucha! Todo es propaganda publicitaria para las elecciones presidenciales
Cuarta: Nulo acceso a los programas de vivienda. El reducido acceso a los programas de vivienda tiene dos causas: por un lado, la corrupción generalizada en los institutos de vivienda y, por otro, los altos costos que presentan dichos programas. Por ejemplo, en el programa Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, el gobierno de Sheinbaum propone “la venta, renta y otorgamiento a título gratuito de vivienda incluyente” pero al revisar sus reglas de operación señala que “para renta, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se tomará en cuenta no deberá superar las 2 UMA’s por metro cuadrado”, es decir, el precio llegaría a los 8 mil pesos mensuales y para compra de 19 mil 465 pesos por metro cuadrado. “Mejor sigo rentando” diría cualquier solicitante de vivienda.
Queda claro que Sheinbaum y la 4T no resolverán el problema de la vivienda en la capital del país. Y no lo resolverán, entre otras razones, por la falta de una verdadera política de desarrollo urbano, pensada verdaderamente en los más pobres de la ciudad; porque no representan los intereses de las clases trabajadoras, sino que representan los intereses de las grandes inmobiliarias a quienes les dan facilidades administrativas y fiscales para enriquecerse, pugnando por una privatización de la vivienda popular; y porque practican la corrupción y la política de manipulación de las masas a través de los lideres buscando eternizarse no solo en la capital sino en el Gobierno de la república.
Por ello, compañeros antorchistas de Tempiluli de la alcaldía Tláhuac que fueron desalojados en enero de 2020 por Claudia Sheinbaum; compañeros antorchistas de Álvaro Obregón que desde el año pasado mantienen un plantón en los Campos de Jalalpa para que se restituya su patrimonio; no queda otro camino que exigir lo que por derecho nos corresponde y, al mismo tiempo, darnos cuenta de quiénes son los que ahora nos gobiernan.
No es el pueblo pobre educado y organizado, sino un grupo de oportunistas con un discurso de izquierda que pretende manipular al pueblo para seguir llevándolo al camino de la crisis y la pobreza. Y esta lección no se encuentra en los libros por muy eruditos que sean sus autores, esto nos lo está mostrando nuestra amarga realidad.
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