Las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han señalado que México se ha convertido en uno de los peores países para ejercer algunas profesiones, por ejemplo, el periodismo. De acuerdo con la comunicadora Carmen Aristegui, quien recientemente recibió un reconocimiento del Instituto Internacional de Prensa (INP) por su actividad en el ámbito de la comunicación, en el periodo que abarca desde el año 2020 a 2022, se han documentado los asesinatos de 157 periodistas; el año anterior, 2022, fueron abatidos 17 y cinco en lo que va del presente 2023.
Sin embargo, el periodismo no es la única actividad que representa un serio riesgo para la integridad personal o de las familias.
La violencia asociada al fortalecimiento de los grupos delictivos en México, producto de una política errada en materia de seguridad, ha provocado que la inseguridad se generalice y que ahora el peligro de ejercer una profesión no quede reducido a aquella que tiene que ver con la comunicación.
Desde hace ya varios años se conocen los lamentables casos en que los luchadores sociales también son el blanco directo de las agresiones, muchas veces fatales, como si se tratara de una guerra de exterminio intencionalmente dirigida hacia un sector en específico de la sociedad.
El estado de Guerrero se ha caracterizado, históricamente, junto con los de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, por ser de los más pobres de la república mexicana. De acuerdo con los datos proporcionados por el Consejo Nacional Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), esos estados tienen las mayores carencias en educación, servicios básicos y en la calidad y espacios en la vivienda. Debemos tomar en consideración que, en ellos, se han desarrollado férreos cacicazgos, con un amplio poder económico capaz de hacerse de la maquinaria política necesaria que les brinda la protección que requieren para mantener su dominio por mucho tiempo.
Esta situación, vigente hasta nuestros días, ha sido la causa principal para que en estas entidades se desarrollen, con toda justificación, movimientos de inconformidad ante la pobreza y los abusos a los que se ha sometido a los habitantes y a los territorios en los que han habitado por generaciones. Habrá que recordar que Guerrero ha sido cuna de movimientos que han tenido un impacto a nivel nacional como aquellos que dirigieron en su momento los maestros rurales Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.
Por un lado, la intención de parte de los oligarcas de perpetuar las condiciones de miseria y opresión, y por otro, los esfuerzos y la lucha de los habitantes en la búsqueda de mejores condiciones de salud, vivienda, educación y de bienestar, han provocado la respuesta violenta de los caciques, quienes con el apoyo de los gobernantes en turno han utilizado las fuerzas estatales y municipales para sofocar las manifestaciones de inconformidad, como las masacres de campesinos en Atoyac de Álvarez, el 18 de mayo de 1967, que marcó el inicio de un movimiento armado, y la de los trabajadores de la copra en Acapulco, el 20 de agosto del mismo año.
El estado de Guerrero mantiene hoy, lamentablemente, uno de los primeros lugares en crímenes cometidos contra los luchadores sociales. Ser una persona sensible a las necesidades y sufrimientos de los pobres, enarbolar sus aspiraciones, organizarlos y ayudar en su educación política, en su concientización para defender sus derechos, defenderse de los agravios cometidos en su contra por los abusivos y trabajar para construir los cimientos de un país más justo y más equitativo, en esta entidad se ha convertido en el peor delito que pueda haber cometido una persona; en un hecho que ofende profundamente a quienes pretenden mantener el dominio económico y político de la región y que merece todo tipo de respuestas inmediatas, desde las condenas verbales en cadena televisiva nacional, hasta el asesinato del activista social y de su familia.
El bestial crimen cometido contra nuestros compañeros Conrado Hernández, Mercedes Martínez y del pequeño de su hijo, no es un hecho aislado ni casual, es –como sucede con otros asesinatos cometidos en esta entidad donde reina la impunidad– un atentado cometido en contra de la vida de quienes enarbolan la bandera de los pobres.
La actividad de nuestros compañeros está intrínsecamente unida a la lucha social. Aceptar que su muerte se debe a un asalto ordinario al cual están sometidos cotidianamente millones de mexicanos, sería ser cómplice de esa política que aplica el gobierno morenista que abraza a los criminales y que persigue y elimina a quienes ofrecen su inteligencia, su creatividad, su vida entera al servicio de los pobres de este país.
Quienes perpetraron este horrendo crimen en contra de nuestros compañeros, le han hecho el trabajo sucio, lo acepten o no, a quienes desean mantener oprimido a este pueblo.
El martes 6 de junio, los antorchistas de todos los rincones de nuestra desangrada patria, estaremos en la capital guerrerense para levantar nuestra voz para exigir justicia para Conrado, Mercedes y el hijo de ambos, así como para rendir un merecido homenaje a todos nuestros mártires, a quienes se les ha arrebatado la vida sólo por cumplir con el sagrado deber de defender, educar y organizar a nuestros hermanos de clase.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario