Tanto los gobiernos como los defensores de los poderosos, siempre han manejado que los creadores de empleos son los que arriesgan sus fortunas, de acuerdo con ese punto de vista, sería contraproducente exigirles que paguen impuestos justos por las enormes ganancias que obtienen como premio a su esfuerzo de invertir en la creación de empleos. Pero se olvidan de que el fin de toda empresa es la generación de riqueza y por lo tanto de ganancia, pero solo se puede producir contratando mano de obra asalariada, que es la verdadera productora de la riqueza.

Y no sólo se olvidan de esta indispensable contribución de los trabajadores, sino que se comete contra ellos una doble injusticia, por un lado, los salarios son tan bajos que 4 de cada 10 trabajadores (39.4%) no pueden adquirir la canasta de alimentos mínima, ese porcentaje es mayor al nivel registrado el año anterior (35.6 %), según cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), la recesión económica por la que atraviesa nuestro país ha provocado un aumento en el precio de los alimentos, especialmente de los productos agropecuarios. 

El grupo de población con los salarios más bajos, se redujo en 40.8% su poder adquisitivo, en cambio los de mayor ingreso solo cayó el 1.5%. 

Definitivamente la baja en el poder adquisitivo, aumenta la brecha de desigualdad y se nota más entre las mujeres y la población indígena como los grupos más vulnerables en términos laborales. El incremento en el ingreso laboral promedio de las trabajadoras fue menor que sus pares hombres. La desigualdad para las comunidades indígenas es casi el doble. Los trabajadores de municipios no indígenas tienen un salario promedio de 4 mil 619 pesos mensuales, en las zonas indígenas es de apenas de 2 mil 173 pesos.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) aseguró que los precios de la canasta alimentaria continuarán con incrementos hasta los primeros meses de 2022; las carnes, frutas, hortalizas, así como el maíz, trigo y soya, han tenido alzas que afectan la economía de los trabajadores. El precio de la tortilla ha tenido un aumento de más del 25% durante un año, registrado del 15 de diciembre de 2020, al 15 de diciembre de 2021; el maíz incrementó un 35% porque los precios se fijan a nivel mundial, (dependemos del maíz importado), además de los aumentos del gas y la electricidad, por ser productos básicos han golpeado a la economía de la población más vulnerable.

La otra gran injusticia, es que el aumento de los impuestos, se los cargan a los trabajadores, mientras que a los más ricos no se les toca, el gobierno federal necesita más dinero por lo que anunció el aumento de los combustibles, que además, serán por encima de la inflación, los aumentos como siempre los pagarán los trabajadores con más aumentos en los precios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la inflación se ubicó en 7.45%, la cifra más alta en 20 años, la gasolina magna subirá 11%, la gasolina premium, 19% y el diésel llegará al 12%. 

La alianza del gobierno morenista con los grandes capitales es evidente, el primero, hacer como que apoya al pueblo, para que los segundos sigan engordando sus bolsillos.

La realidad es más terca que cualquier discurso, el camino para salir de esta crisis social y económica es la organización del pueblo, no son confiables los gobernantes que defienden a los grandes capitales. Debemos crear una poderosa organización popular que le dé un nuevo rumbo a nuestro país, que todos los trabajadores y sus familias tengan la posibilidad de vivir con dignidad.