La situación que atraviesa el mundo ante la contingencia por el Covid-19, mejor conocido como coronavirus, ha dejado al descubierto, sobre todo en los países menos desarrollados, como es el caso de nuestra patria, la incapacidad para enfrentar estas dificultades y no precisamente por falta de tecnología o economía, sino por la indiscriminada acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, lo cual provoca un estancamiento en el desarrollo social, que deja a los países como México, con un 41.9% de la población en situación de pobreza, es decir, que hay 52.4 millones de mexicanos que tienen al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias (Coneval 2018).
En este marco catastrófico, se encuentra el caso del estado de Puebla, que tiene a un 58.9% de la población en situación de pobreza, es decir 3 millones 763 mil poblanos presentan al menos una carencia social y no tienen un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades (Coneval 2018). Pese a esta situación, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, mandó el 29 de enero una iniciativa de decreto al Congreso del Estado, para reformar el artículo 190 bis del Código Penal del Estado, en la que solicitó a los diputados incrementen las sanciones a quienes no cuenten con los permisos o concesión para prestar servicios de transporte o servicio mercantil, justificando su petición, en que estos transportes "piratas" constituyen un peligro a la seguridad de los usuarios y representan una competencia desleal a quienes, de manera legítima y tras haber realizado erogaciones a favor del estado, si son titulares de concesiones o permisos, para brindar dichos servicios.
Pero la realidad es otra y tiene un tinte político, esta iniciativa de decreto enviada por Barbosa Huerta al Congreso del Estado, se dio después de que el gobernador acusara a los antorchistas poblanos de tener taxis y corralones piratas, de los que supone, los líderes antorchistas son los dueños; ello tiene su connotación tras el intento del Movimiento Antorchista Poblano (MAP), por convertirse en partido político estatal, cumpliendo de forma exitosa en tiempo record, con los requisitos del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP), cuestión que no fue del agrado del gobernador, por representar un serio peligro para obtener el favor del voto de los poblanos para Morena en las elecciones de 2021, ordenó al IEEP, negar el registro del MAP, lo que llevo a los afiliados del naciente partido a levantar la voz y manifestarse en número de 20 mil.
Es así, como se explica, que el gobernador lanzara la acusación contra los antorchistas y después enviara la iniciativa de decreto, en la que, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso, en síntesis, aumentó las sanciones a prestadores u dueños de servicios de transporte o servicio mercantil, sumando los servicios de auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento y corralones, con penas de 6 meses hasta 8 años de cárcel, suspensión de uno a 10 años o la cancelación definitiva de la licencia para conducir y el decomiso del vehículo utilizado en la comisión del delito; y así, pensando en que a través de este decreto pudiera echarle el guante a alguno de los líderes del antorchismo poblano, que cree son los verdaderos dueños de grúas, corralones y transportes, el gobernador Barbosa asestó un duro golpe a los trabajadores del transporte poblano, que no cuentan con los permisos necesarios y no por gusto, sino por las trabas que ponen las autoridades coludidas con los pulpos del transporte.
En el Estado de México, también se cuecen habas, pues hace 15 días que más de 25 mil antorchistas se manifestaron en la capital mexiquense, para exigir al gobernador priista Alfredo del Mazo Maza, se resuelvan problemáticas como la del subsidio a insumos agrícolas para más de 40 mil pequeños productores del campo que dependen de dicha actividad para vivir, además de obras y servicios que beneficiarán a millones de mexiquenses, todo ello, en un estado que tiene sumida en la pobreza a un 42.7% de su población (7 millones 546 mil 500), es decir que esos más de 7 millones tienen al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias (Coneval 2018). Es así, que, pese a la contingencia por el coronavirus, los campesinos se han visto obligados a manifestarse, tomando las medidas preventivas, pues a decir de ellos "tememos al coronavirus, pero tememos más a la ¡hambruna!".
Por si esto fuera poco, se encuentra el caso de Quintana Roo, en donde el presidente municipal de Othón P. Blanco, (de cuya ciudad, Chetumal, es su cabecera municipal y capital del estado) el morenista Otoniel Segovia Martínez, después de una arbitraria y agresiva detención de un grupo de moradores del albergue estudiantil "Felipe Carrillo Puerto", quienes se encontraban realizando una colecta económica, por parte de elementos de la policía municipal y el pronunciamiento del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, en que era claro el abuso de autoridad de la policía municipal en la detención de dichos jóvenes; éste, en reunión sostenida con representantes del mencionado albergue, los amenazo de desalojarlos del inmueble a la hora que él quisiera, pues nadie se lo puede impedir ya que el edificio está construido en un terreno propiedad del ayuntamiento, asimismo de forma déspota les grito "pónganse a trabajar para sostener sus estudios y háganle como quieran pero yo, no les voy a resolver nada", imagine usted esta actitud de un morenista y en épocas de la 4T.
Estos tres ejemplos de gobiernos, sin contar al federal que da mucho de qué hablar, que se pueden juzgar de represores, indolentes y déspotas, son una clara muestra de que México está mal gobernado y la riqueza mal distribuida, lo cual queda demostrado al observar que tenemos al segundo hombre más rico del mundo y ocupamos el lugar 15 de los países económicamente poderosos, pero sólo seis mexicanos tienen la misma o más riqueza que el 50 por ciento de la población, he ahí, la urgente necesidad de un cambio en el modelo económico del país, por uno que distribuya equitativamente la riqueza y oriente el gasto del erario a la cobertura de obras y servicios, que permitan el desarrollo económico, educativo, social, cultural y deportivo de todos los mexicanos. En esa tarea, aunque a muchos les parezca increíble o presuntuosa, se encuentra el Movimiento Antorchista Nacional, por tanto, invitamos a todo aquel mexicano bien nacido y con las entendederas bien puestas, para observar esta problemática, a que se agrupe en nuestras filas y contribuya a la construcción de una patria más justa.
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