El asesinato de activistas y líderes sociales en México, al igual que en cualquier parte del mundo, es un tema extremadamente preocupante y trágico. La violencia y la persecución contra aquellos que defienden al pueblo, a los derechos humanos y la justicia social pueden tener un impacto significativo en la sociedad en general.
El asesinato de activistas y líderes sociales no solo priva a las comunidades de voces valiosas que luchan por causas importantes, sino que también crea un ambiente de miedo y represión que puede inhibir la participación ciudadana y socavar los cimientos de la democracia. Es fundamental que se respete y proteja el derecho a la vida y a la libre expresión (ambos, garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) de todas las personas, incluyendo a aquellos que trabajan incansablemente por el bienestar de sus comunidades.
Es responsabilidad de los gobiernos y las instituciones garantizar la seguridad e integridad de los activistas y líderes sociales, así como investigar a fondo y llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes. Además, es esencial promover un diálogo constructivo y fomentar un entorno en el que las diferencias puedan ser abordadas pacíficamente y se pueda trabajar en conjunto para alcanzar un cambio positivo.
Según un recuento realizado por el medio Desinformémonos, “72 activistas en defensa del territorio, el agua, los derechos humanos, promotores culturales, indígenas, artistas, buscadoras de desaparecidos, abogadas, feministas, opositores a los megaproyectos, activistas trans, sacerdotes, ejidatarios, sindicalistas, comuneros, ambientalistas y comunicadores comunitarios, que no eran partidistas, activistas políticos y funcionarios públicos, fueron privados de la vida con violencia a lo largo de 2023.
Retomo el reporte anterior porque llama la atención la pluralidad de activistas asesinados en nuestro país, y a la vez que todos tienen en común dos características: eran liderazgos locales y sus asesinatos quedaron en la impunidad.
El Movimiento Antorchista, una organización de casi 50 años, lleva más de seis semanas exigiendo el esclarecimiento del asesinato de Mercedes, Conrado y su pequeño hijo. La organización antorchista llevó a cabo, el pasado 25 de mayo, una convocatoria nacional en cada uno de los 32 estados de la república para exigir que los asesinos de Meche y Conra, como los conocían sus amigos más cercanos, paguen conforme a la ley.
Debo reconocer, que la ejemplar denuncia de los antorchistas ha dado hasta el momento una respuesta muy buena por parte de los medios de comunicación del estado de Guerrero y de todo el país. La postura es unánime, tanto el asesinato a los antorchistas como el de cualquier mexicano es una situación que a los jornaleros de la noticia ya los tiene hartos. Y no solo a ellos, yo creo que al pueblo entero también.
Los antorchistas pasarán a la historia como los mexicanos más obstinados que se puedan encontrar en nuestro país, pero no por eso deberían de ser los únicos a los que el gobierno de la 4T les deba de hacer justicia.
Ya lo dije una vez y lo repetiré mil veces, los mexicanos no debemos acostumbrarnos a la violencia. Es una obligación humana levantarnos y exigir paz, hasta que la justicia se haga costumbre. Destacar y repetir las veces que sea necesario, que la violencia que gobierna en nuestro país comienza desde la extensión de un plato vacío y un estómago con hambre. Hasta que nos quede mil veces claro que la mano que dispara es la misma que arrebata la comida, la tranquilidad, los sueños.
México debe defender a sus líderes, y todos los mexicanos nos debemos echar para adelante, juntos, contra el monstruo de la violencia. Justicia para Conrado, para Mercedes, para su hijo, un niño que apenas tenía seis años de vida, pero también justicia para todos los líderes populares asesinados en México, para los 121,655 mexicanos a los que la violencia les ha arrebatado la vida. Los mexicanos nos debemos unir para que la justicia llegue, para que ninguno sea el siguiente, para regresar la paz a México.
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