La propuesta de “fusionar” en una sola a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Veracruz ha provocado gran indignación entre el gremio artístico y educativo del estado, pues esto implica que, en los hechos, la política en materia de promoción y difusión cultural abandone todo intento de elevación espiritual del pueblo veracruzano y quede sometida y encadenada a los intereses del afán de lucro y ganancia de los grandes empresarios del turismo, quienes son los verdaderos promotores y beneficiarios de la política turística seguida por el gobierno.
La propuesta de fusionar la Secretaría de Cultura y la de Turismo es un claro reflejo de que la política cultural queda subordinada a los intereses económicos, dejando atrás su misión educativa y formativa.
La Secretaría de Cultura fue creada a finales del sexenio pasado, pero nunca se le destinó presupuesto ni se definieron con precisión sus líneas de acción, su programa de trabajo ni sus objetivos.
La nueva Secretaría se formó con lo que existía del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y, en su momento, el gobernador Cuitláhuac García “presumió” que la nueva Secretaría no generaría “ningún gasto adicional al erario”, con lo que quiso decir que el cambio sería puramente nominal y cosmético, pues en los hechos, el esfuerzo de su gobierno en materia cultural sería raquítico, por no decir que nulo, tal como venía ocurriendo con el viejo IVEC.
Durante el último año, dicho instituto apenas recibió 100 millones de pesos del Presupuesto de Egresos, poco menos del 1 % de todo el presupuesto ejercido por el Gobierno de Veracruz que ejerció más de 128 mil millones de pesos. Además, según datos de la Secretaría de Cultura federal en los seis años del periodo de Cuitláhuac García la inversión en infraestructura cultural cayó en 93 %, apenas se destinaron 7 millones de pesos en todo ese tiempo.
Así las cosas, la existencia de una Secretaría especializada en diseñar e instrumentar la política cultural del gobierno parecía una buena idea para darle la importancia necesaria, además se cumplía una obligación pendiente del gobierno estatal, pues el artículo 4 constitucional en su antepenúltimo párrafo establece que “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa”.
Por ello, lo deseable es que la nueva administración estatal hubiese impulsado de verdad a la naciente Secretaría de Cultura, incluso para distanciarse de lo pobremente realizado por la administración anterior. Lo correcto es que se le hubiese dotado de las herramientas, del presupuesto y del personal capacitado para impulsar tan importante tarea.
Por tal razón muchos opinadores aplaudieron a la gobernadora electa, Rocío Nahle, cuando presentó como la primera integrante de su gabinete a quien ocuparía la titularidad de dicha dependencia, Xóchitl Molina González, mucho antes incluso de que anunciaran otros encargos estratégicos como la Secretaría de Gobierno o Seguridad Pública.
Diversos analistas consideraron que la Secretaría de Cultura, bajo la dirección de una mujer con raíces indígenas, era una señal de que finalmente se daría un fuerte impulso a la difusión y enseñanza de las diversas y tan complejas expresiones culturales que el pueblo veracruzano ha desarrollado a lo largo de su historia.
Otros pronosticaron que finalmente se valoraría el aporte y el papel de los pueblos indígenas al desarrollo artístico, atendiendo a su dignidad humana y que no sería con la misma excentricidad circense con la que los gobiernos los han tratado.
Pues bien, todos estos buenos pronósticos han quedado sepultados. Fusionar a la Secretaría de Cultura con la de Turismo, es una prueba de que el sistema neoliberal continúa vigente, pues implica reducir la cultura y el arte al de simples objetos de comercialización, como parte del gran cúmulo de mercancías que generan ganancias a los capitalistas, dejando en segundo plano su papel educativo, formativo y estético.
Según esta visión, la cultura quedaría reducida a simple atractivo y mero adorno, con el que se pretende atraer turistas de los estratos más privilegiados de la sociedad para que visiten Veracruz y se genere derrama económica, lo que significa también restringir el acceso al arte y la cultura a quien pueda pagar por disfrutarla.
No es que sea malo estimular el desarrollo económico del estado, utilizando también sus atractivos culturales, sus centros arqueológicos, museos, teatros, pueblos mágicos, etcétera; el problema es que esto deja fuera de la ecuación a las formas independientes de expresión artística, las que no son negocio, sino manifestaciones del pueblo veracruzano con la pura intención de elevarse espiritualmente.
Con la desaparición de la Secretaría de Cultura se desvanece toda posibilidad de masificar su práctica, en primer lugar, entre los veracruzanos y no sólo entre los turistas foráneos.
Y ya se ven algunas de las nefastas consecuencias de esta política neoliberal, pues a pocos días de realizarse la Cumbre Tajín 2025 se han suscitado una serie de manifestaciones en el Totonacapan, porque los trabajadores del recinto cultural Takilshukut y la zona arqueológica del Tajín no habían recibido pago alguno durante tres meses de trabajo y porque los sitios no han recibido el mantenimiento necesario ni siquiera en vísperas del gran evento anual, debido a la falta de inversión.
Sin embargo, nada de esto parece importar para continuar con la promoción del evento del que el gobierno espera una “importante derrama económica”.
Todo indica que no hay más opción para los artistas populares que organizarse y luchar para ejercer su derecho a expresarse libremente. Así lo están haciendo, por ejemplo, los más de 2 mil artistas veracruzanos que competirán en la Espartaqueada Cultural Nacional en poesía, música, oratoria, danza y baile folclórico.
Junto con sus papás y maestros, los participantes llevan varias semanas trabajando arduamente no sólo en mejorar su técnica sino también en recabar los recursos económicos necesarios que les permitan acudir a la competencia artística amateur más importante del país.
Estos artistas también se han acercado a los distintos niveles de gobierno para solicitar que se haga efectiva la obligación del Estado de “promover la difusión y el desarrollo de la cultura”, pero hasta el momento han encontrado muy poca respuesta.
Ojalá que las autoridades comprendan que la cultura no es un simple adorno ni un hobbie, sino un derecho fundamental del pueblo mexicano y que es su obligación garantizarlo. Por lo pronto, no queda más camino que la lucha organizada.
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