La labor de organización y gestión que realiza el Movimiento Antorchista es con la clara finalidad de contribuir al desarrollo de las familias del estado y de sacar de la pobreza y marginación a miles de familias hidalguenses. Asimismo, la obligación de cualquier ayuntamiento es servir al conjunto de ciudadanos que se encuentren dentro de su jurisdicción, es decir a sus gobernados; mantener el orden, la seguridad y la paz social; administrar los recursos públicos y con ellos resolver las necesidades de servicios para los ciudadanos. Sin embargo, es la indolencia la principal característica de la administración municipal de San Felipe Orizatlán; sus funcionarios, en lugar de preocuparse por cumplir su tarea, le niegan sistemáticamente a la población los derechos más elementales, ¿a qué se debe esta negativa a proporcionar los servicios básicos a las comunidades más necesitadas?, ¿por qué se les obliga a manifestarse para exigir la ejecución de obras y la entrega de apoyos que les acercarían el progreso y con ello, mejores condiciones de vida?
La mayoría de las veces, los gobernantes en turno persiguen el poder por el poder mismo, para beneficio de alguna familia o grupo político. Por ello, cuando se trata de cumplir con los objetivos para los que fueron electos, objetivos que además están consagrados en nuestra Carta Magna, los titulares de las dependencias esgrimen una serie de pretextos y justificaciones que contradicen el espíritu de las leyes y el derecho de los ciudadanos. Además, a los funcionarios se les olvida que están para servir, se atrincheran en su oficina y acceder a tan importantes personajes se vuelve casi imposible para el ciudadano común, pues el señor "siempre está muy ocupado" o nunca se encuentra en su lugar de trabajo, como en el caso del alcalde de San Felipe Orizatlán.
Además, a este personaje se le ubica bien en la política del estado, no se distingue por buenos méritos, sino por la larga lista de acusaciones y demandas en su contra. En enero de este año se logró librar de la orden de aprehensión que existía en su contra por el delito de estupro, luego de pagar la cantidad de 6 mil 573 pesos a la familia de la víctima (Criterio Hidalgo, 15 de enero de 2017). Estuvo en riesgo de perder la presidencia municipal, luego de que "la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara la elección municipal, tras comprobar que el candidato ganador del proceso incurrió en violencia de género en contra de una de las candidatas que contendió en el proceso. Los magistrados federales señalaron que durante el proceso de campaña se pudo comprobar una actitud misógina y actos de descrédito a la condición de mujer de la candidata a través de la difusión de mensajes mediante perifoneo y en redes sociales por parte del panista" (Excélsior, 16 de agosto de 2016).
San Felipe Orizatlán, municipio de la Huasteca Hidalguense, se ubica en una zona rica por su belleza natural, pero en el que se puede apreciar otro paisaje; uno lastimoso, de rostros hambrientos, uno de miseria en el que las miradas expresan el dolor del alma enlutada de sus pobladores, cuyo único crimen fue haber nacido en el seno de una familia humilde; el pueblo de Orizatlán lucha por mejores servicios, oportunidades y empleo; pero cada noche se duerme con la incertidumbre de saber si al día siguiente conseguirá algo para comer. Al edil de San Felipe Orizatlán, el panista Raúl Valdivia Castillo, nunca se le puede encontrar en el ayuntamiento a su cargo. El contacto de los ciudadanos con su administración se limita a breves entrevistas con el secretario municipal. Ambos funcionarios parecen desconocer que el 81.6 por ciento de la población vive en pobreza, que va de "moderada a extrema", términos oficiales para evitar decir que la gente se está muriendo de hambre. Con la mano en la cintura, la respuesta reiterada e indolente de los funcionarios ha sido que el presupuesto ya estaba asignado, que se habían puesto de acuerdo con los delegados para destinarlo, como si no fuera del dominio público que la mayoría de las autoridades auxiliares se encuentran al servicio del ayuntamiento, y que en realidad esta figura sirve para contener las peticiones de las comunidades, que demandan obras y servicios.
Pero los orizatlenses no sólo padecen la indolencia de su presidente, sino que el munícipe busca, a toda costa, incluso comprando la objetividad de algunos medios de comunicación; desestimar la lucha de las familias organizadas. En la última semana, y por enésima ocasión, una comisión de vecinos de diversas comunidades acudió a la alcaldía a exigir que Valdivia Castillo entienda cuáles son sus obligaciones como funcionario público, que cumpla su papel como alcalde y trabaje en beneficio de sus gobernados. Sin embargo, el edil dio la instrucción de recibir a un grupo de vecinos con la condición de que ninguno de ellos portara teléfonos celulares o aparatos que pudieran fotografiar o videograbar la reunión; "a todas luces esta actitud es violatoria de derechos humanos porque es un acto de molestia personal. Cualquier acto de molestia a tu persona solo puede realizarse con autorización judicial, es decir debe mediar una orden de un órgano jurisdiccional que te prohíba entrar con un aparato celular o cámara fotográfica", explicó el presidente de abogados de la Huasteca hidalguense, Juan Aguado Solares, (Diario digital AM del 27 de abril de 2018), "la instrucción fue para que no existiera evidencia de la prepotencia con la que se rige Valdivia Castillo" (subrayado de Pasarán); como ocurrió el mes anterior cuando policías municipales agredieron a la reportera Rosa Ocejo, del medio Zunoticia, mientras realizaba sus actividades periodísticas e impidieron la cobertura de una manifestación de integrantes de Antorcha Campesina.
Pero decía, luego de esta manifestación que no fue atendida, la oficina de Comunicación Social del municipio de San Felipe Orizatlán emitió un boletín de prensa en la que acusaban a los quejosos de no pertenecer al municipio, el documento citaba declaraciones del alcalde en donde afirmaba que Antorcha Campesina pagaba a los personas para que asistiera a las manifestaciones y no conforme con tal falsedad, aseguraba que los inconformes provenían de estados como Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Tan risible declaración demuestra que además de indolente y prepotente, Raúl Valdivia Castillo no conoce las condiciones en las que vive la población del municipio que gobierna. ¿Por qué habría que traer personas inconformes de otros estados?, ¿por qué habría que pagarles para exigir agua potable, drenaje, electricidad y fuentes de empleo? Si el municipio contara con la infraestructura básica que requiere la población, ésta no saldría a exigir sus derechos. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estiman que de más de 40 mil habitantes que posee la demarcación, 32 mil 640 viven en pobreza; 16 mil no tienen acceso a la alimentación; 37 mil no cuentan con seguridad social, 15 mil 840 padece de espacios de calidad en sus viviendas y de los que sí tienen vivienda, 27 mil 360 no cuentan con servicios básicos en éstas.
No, señor presidente, no cierre los ojos ante la realidad; la administración que encabeza no ha sido capaz de hacer frente a la miseria de sus gobernados. Los orizatlenses están inconformes con la inactividad de su gobierno y por eso salen a la calle, no es necesario que le paguen a la gente ni traerlos de otros lados, porque el hambre y la pobreza se viven en San Felipe Orizatlán.
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