Hemos sido testigos desde hace más de tres años, de los rearmes en las políticas presupuestarias de varios programas, por parte del poder ejecutivo y judicial de México, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia nacional, con los que los recursos establecidos en programas de apoyo social, educación, campo, seguridad o alimentación, se han visto disminuidos o eliminados de forma definitiva, abriendo canal a otros de menor realce y pasando el recurso a obras emblemáticas federales.
No hay duda del trato que se le ha ofrecido a los recursos públicos. Desde diciembre de 2018, varios programas se han visto suprimidos para dar cabida a tres megaproyectos principales manejados por AMLO, como el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). López Obrador anunció que para su realización el gasto total sería de 75 mil millones de pesos, pero la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, le declara un gasto total de 116 mil millones de pesos, además de 113 mil 327 por la cancelación de la obra del NAIM, según la Auditoría Superior de la Federación. Cosa última que no beneficiará a la gente, pues solo el 70 por ciento de mexicanos no ha podido viajar en ningún avión.
El Tren Maya, por otra parte, a inicios de su inauguración se presentaba un gasto cerca de los 110 mil millones de pesos, -nada va en tal ritmo- pues en tal sólo el año 2020, se solicitó un aumento en su presupuesto de 36 mil 288 millones de pesos, mismo que en el paquete de egresos 2021 optó en generar un nuevo gasto de 62 mil 942 millones de pesos más, llegando a casi 200 mil millones solo en la mitad de la obra. Aunque eso no es el todo, este proyecto, beneficiará principalmente a los grandes magnates de México y los extranjeros vecinos, el resto de la sociedad, no lo podrá ocupar más que en sus tramos cercanos.
El contexto se presta a que los mismos recursos público se concentran solo en obras de mucho gasto, cuando la realidad exige otras formas de manejo. Ya sabemos que la pandemia ha complicado la situación de toda el mundo, de la cual no se ha recuperado completamente, por tanto, se requiere también más que nunca una política diferente que ayude a la población más vulnerable.
Tal parece, que esta idea es de los que menos le importa a este sexenio, pues en lugar de buscar estrategias que ayuden a los mexicanos, hemos visto cambios que afectan más su acceso a apoyos sociales. No nos cansamos de mencionar los programas eliminados en 2018 y 2019 como las estancias infantiles, Prospera, el Seguro Popular, las cocinas públicas de comidas calientes, los más de 15 programas educativos a los que sumaron, en marzo pasado, la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo.
Las Escuelas de Tiempo Completo, era un programa que beneficiaba a más de 3.6 millones de alumnos a nivel federal, dotando a niños y jóvenes, de un plato de comida, actividades culturales y artísticas, actividades deportivas, además de la garantía de un espacio donde guarecerse mientras los padres de familia están en el trabajo.
Yucatán, que padecerá los mismos males si no se hace nada por los mismos servidores de la SEGEY, afectará a un total de 86 mil 776 alumnos que se veían beneficiados.
Vale solo un poquito de razonamiento para comprender esta situación. ¿Dónde se saca el recurso faltante para terminar las mega-proyectos? ¿No es precisamente del Presupuesto de Egresos de la Federación? O ¿Cree que solo se eliminan los programas por la falta de recursos para manejarlo? Es claro la prioridad de los megaproyectos, la 4T ve la eliminación de los programas sociales como la medida más simple, sin importar el número de afectados que deja, y culpando a la corrupción como causa.
Las decisiones que toma el Gobierno federal deben ser con más análisis, por tanto, los mexicanos, ya sea estudiantes, maestra, obreros, campesinos, amas de casa, campesinos, no debemos quedarnos sin hacer, es necesario denunciar y levantar la voz por dichos actos.
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