La mayoría de los jornaleros agrícolas que laboran en Jalisco provienen de los estados de Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Michoacán, y se enfrentan a singulares situaciones definidas por las empresas agrícolas que los contratan, en la mayoría de los casos, a través de intermediarios que se trasladan a regiones de alta marginación, como la montaña de Guerrero, reclutan jornaleros para traerlos a trabajar en los invernaderos de tomate. El trayecto es de unas 12 horas.
Una vez que llegan al campo de cultivo, empleados de la empresa inspeccionan minuciosamente sus pertenencias, los separan por familias y los recluyen en un pequeño cuarto donde deben alojarse durante el tiempo que trabajen; viven hacinados, descalzos y en condiciones que no son adecuadas.
Después de la primera semana de trabajo se dan cuenta de que el sueldo no es de 250 pesos como se les prometió, sino de 150. El contratista los obliga a que le den 100 pesos para abonarle el pago del traslado desde su lugar de origen. Tardan ocho semanas en pagarle del viaje, y en ese tiempo, los 50 pesos restantes apenas les alcanzaron para mal vivir.
Estas empresas de giro agrícola ocupan la figura del enganchador, persona que es encargada de vincular la demanda con la oferta de trabajo. En la mayoría de los casos son enviados por la misma empresa que les paga la renta del autobús con el fin de deslindarse de responsabilidades. Los traslados los realizan en autobuses viejos y destartalados, que no brindan condiciones de seguridad a los jornaleros y sus familias.
La empresa que aludimos es Bioparques de Occidente, constituida en Sinaloa, con campos en Jalisco que presume ser socialmente responsable, pero que tiene un largo historial de violaciones laborales en contra de sus trabajadores, lo que obligó a las autoridades, en junio de 2013, a realizar un operativo en sus instalaciones, durante el cual cinco capataces de la empresa fueron detenidos y encarcelados por los delitos de privación ilegal de la libertad y trata de personas.
Las autoridades rescataron a 275 jornaleros en sus instalaciones ubicadas en el municipio de San Gabriel, en el sur de Jalisco, que trabajaban en condiciones de semiesclavitud.
La fiscalía informó, en ese entonces, que tras la denuncia encontraron que los jornaleros y sus familias vivían en condiciones indignas. Los 275 trabajadores provenientes de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Guerrero eran albergados en grupos de diez personas, en cuartos de 8 metros cuadrados y algunos de sus hijos padecían desnutrición.
Los jornaleros, en algunos casos, laboraban hasta doce horas al día para obtener un sueldo de 100 pesos, otros tenían tres meses sin recibir su salario y los capataces no los dejaban salir, aunque su contrato ya había terminado, quienes intentaban escapar eran golpeados.
El escándalo por el hecho de que se hiciera pública esta situación, obligó a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en Jalisco, a intervenir y anunció una sanción histórica y ejemplar en contra de la empresa: una multa de 8.5 millones de pesos. La visita de inspección a las instalaciones encontró medio centenar de irregularidades.
La sanción nunca se pagó, la empresa logró que el Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa anulara la multa. El apoderado legal de la compañía afirmó que la resolución de la STPS era ilegal, ya que se habían violado los derechos humanos de su defendido, argumentó que durante la inspección se realizaron interrogatorios a los trabajadores sin la presencia de testigos y no le permitieron al patrón aportar ninguna prueba.
Bioparques de Occidente aseguró que las observaciones que se hicieron tras las inspecciones fueron aclaradas en tiempo y forma, y una vez que se cumplió con la documentación solicitada, la multa fue anulada. "Cabe mencionar que las prácticas identificadas en tal denuncia pública de ninguna manera reflejan los estándares laborales de la empresa" afirmaron.
Esta situación se hizo pública y se conoció las deplorables condiciones en se encuentran los jornaleros en Jalisco, misma que indignó aún más porque en el pasado la empresa había sido calificada como socialmente responsable y había recibido subsidios gubernamentales por más de 10.5 millones de pesos para proveer de desayunos a los hijos de los jornaleros migrantes y para la construcción de albergues.
Representantes de los jornaleros afirman que estos son vistos como mano de obra barata, que garantizan la producción cada ciclo agrícola y contribuyen a mantener la economía de este país. “Si mueren en un accidente o por un golpe de calor, no pasa nada. Al final ellos son marginados, son olvidados. Es una población a la que a las autoridades no les conviene hacerles justicia porque en el momento a que se les respeten sus derechos, la situación cambiaría”.
Bioparques de Occidente ha sido una empresa poco inspeccionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde el año 2000 apenas ha sido visitada en algunas ocasiones por los inspectores de la delegación en Jalisco.
En una supervisión hecha en agosto del 2011, es decir, 22 meses antes de que se desvelaran las condiciones indignas en que la empresa mantenía a sus trabajadores, los inspectores habían encontrado 50 irregularidades. En el área de albergues, donde se aloja a los jornaleros: contaban con una regadera por cada 18 trabajadores (que debían compartir con sus familias), mientras que en los comedores el techo estaba deteriorado y los tanques de gas no estaban asegurados. En las guarderías y en las escuelas, los techos no estaban impermeabilizados y las aulas no tenían sistema de ventilación artificial ni extractores.
Estas inspecciones laborales también se han realizado en las áreas de cultivo que mantiene la empresa en Sinaloa, donde los funcionarios de la STPS revisaron 48 lineamientos en materia de condiciones generales de trabajo y encontraron 35 irregularidades, entre las que destacan que la empresa no contaba con documentos para comprobar que sus trabajadores habían firmado un contrato como establece la ley y tampoco podía acreditar que realizaban las aportaciones al seguro social y al fondo de vivienda. Los representantes de la compañía tampoco mostraron los recibos de nómina de los empleados ni los comprobantes de pago de utilidades, aguinaldo o prima vacacional.
La compañía explicó que durante la visita no contaba con los documentos que acreditaran sus obligaciones laborales porque el recorrido de los inspectores de la STPS se realizó en las oficinas corporativas que se localizan en Sinaloa y la documentación se encontraba en Jalisco y aclaró que fue solo una inspección de orientación y de carácter informativo.
San Gabriel, municipio ubicado en el sur de Jalisco, lugar donde la empresa Bioparques de Occidente es conocida por sus prácticas de explotación y que por esta razón trae trabajadores del sur del país para laborar en sus invernaderos, nadie originario de San Gabriel quiere trabajar ahí.
La agricultura es la actividad económica predominante y la que más empleos genera (64 por ciento) en la localidad. Los ingresos generados por la producción no se ven reflejados en la localidad. El 47 por ciento está en condición de pobreza y el 74 por ciento no tiene acceso a la seguridad social, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Empresas como Bioparques sólo obtienen ganancias de los recursos naturales de este municipio, pero no dejan ninguna derrama económica, por lo que esa prosperidad agrícola no se ve reflejada en San Gabriel.
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