* El 14 de abril, una comisión de antorchistas protestará en la CDMX y habrá megamarcha en Chilpancingo
Chilpancingo, Gro. Con conferencias de prensa simultáneas en todos los estados del país, el Movimiento Antorchista inicia una serie de actividades en demanda de justicia, año después del asesinato de los compañeros Conrado Hernández Martínez, Mercedes Martínez Martínez y su hijo Vladimir Tlacaélel Hernández, de seis años de edad.
En Chilpancingo, Guerrero, el Comité Estatal del Movimiento Antorchista, representado en esta rueda de prensa por Rosalío Paz Cortés, lamentó que, tras un año del triple asesinato ocurrido el 12 de abril de 2023 en una brecha de terracería sobre la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, a la altura de Agua Obispo, no haya resultados del avance de las investigaciones y, por tanto, ningún detenido por el caso que estremeció al país entero por su brutalidad.
Además de las conferencias de prensa, anunció que hoy 12 de abril, una comisión de antorchistas acudiría a la Ciudad de México (CDMX) para exigir al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, su intervención y que dé instrucciones para que se realicen las investigaciones, se detenga a los asesinos y se les castigue.
El 14 de abril se realizará una megamarcha pacífica en Chilpancingo, con la participación de tres mil antorchistas, misma que partirá de la rotonda Unidos Por Guerrero y concluirá en la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac” con un mitin político y un evento cultural.
Tras reiterar que no hay ningún detenido, afirmó que continuarán exigiendo a las autoridades estatales y federales el esclarecimiento del triple asesinato político, dado que Conrado Hernández y Mercedes Martínez eran dirigentes de la organización, en la región Centro y en la zona de La Cañada, en La Montaña de Guerrero.
Guerrero es uno de los estados más violentos del país, en el que se registraron del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, mil 401 homicidios dolosos, que han derivado en mil 171 carpetas de investigación, de las cuales, sólo doce fueron judicializadas, lo que significa que estamos viviendo en un cien por ciento de impunidad.
Un año después de los hechos, no hay avances en la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE): “Seguimos pidiendo justicia e invitando a la población a no normalizar la violencia en el país; la exigencia de justicia continuará hasta que los asesinos intelectuales y materiales estén en la cárcel”.
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