En los últimos años, la escasez de lluvias en varias regiones del territorio nacional, la explotación desmedida de las aguas superficiales y mantos freáticos subterráneos, han provocado una crisis hídrica en varias entidades, situación que, de no atenderse y resolverse ahora, en el futuro inmediato puede convertirse en un grave problema con consecuencias desastrosas.
Hoy el Gobierno y las instancias encargadas de administrar el agua, asesoradas por científicos en la materia, deben tomar medidas efectivas y a fondo, para revertir el agudo problema que empieza a afectar a varios sectores sociales, principalmente a los más débiles y desprotegidos.
Conviene citar algunos datos, analizarlos y dar nuestro punto de vista sobre la cínica y descarada manipulación a través de los medios de comunicación para desvirtuar, ocultar y esconder detrás de una cortina de humo a una minoría empresarial quienes son los verdaderos responsables y culpables del desastre hídrico, la obesidad, la desnutrición y el cambio climático.
Las grandes empresas de bebidas y alimentos procesados están agotando los recursos hídricos y contaminando el ambiente, todo mientras generan enfermedades y muertes en la población.
No son las inmensas mayorías, quienes cuentan con el servicio que solo ocupan el vital líquido para cubrir sus necesidades básicas.
Vivimos en un país con 15 millones de ciudadanos con sed, el 24 % de los hogares no tienen agua todos los días, muchas regiones en este momento están con estrés hídrico y los pequeños consumidores domésticos pagan altos costos por el servicio.
Por otro lado, es indignante cómo la industria de bebidas embotelladas chatarra tiene a su disposición toda el agua que quiera. Cada año 133 mil millones de litros de agua emplea la industria de bebida y comida procesada; jugos, refrescos, cervezas, fritangas de harinas, lácteos, embutidos, pastelillos, etcétera, que al consumidor todos los días lo matan lentamente, provocando enfermedades crónicas degenerativas; como la diabetes, gastrointestinales, cáncer, hipertensión, cardiovasculares, etcétera.
En promedio una persona en México consume un aproximado de 150 litros de bebidas gasificadas al año. El agua que utilizan las empresas cada año alcanzaría para llenar 16 mil 862 veces el Lago de Chapala, el más grande de México y desechan 119 mil millones de litros de agua sucia, resultado de los procesos industriales que se vierten irresponsablemente a las cuencas y acuíferos.
El agua está controlada por una minoría que tiene en sus manos el poder del estado para poner todo a su servicio y poder sacar grandes utilidades que van a parar a sus bolsillos. La industria de bebidas es una de las más prósperas en los últimos años.
Se necesitan 35.4 litros de agua para producir medio litro de refresco; 28 litros se utilizan para cultivar betabel para endulzar, siete litros para fabricar la botella de plástico y 0.4 litros de “agua operativa”, que es la que se utiliza en las plantas de embotellado.
En el informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, Femsa pagó 2 mil 600 pesos al año por cada una de sus concesiones. Esta injusta proporción entre el pago por derechos de explotación y las utilidades de la empresa revela cómo el gobierno privilegia los intereses del sector privado por encima de las mayorías. Al mismo tiempo permite el gobierno que las empresas simulen, engañen y con aparentes acciones responsables, finjan financiar a grupos para hacer acciones de reforestación y viveros, para mostrarse como ecológicos y socialmente responsables.
Bloquean iniciativas gubernamentales para evitar hacerse cargo de la contaminación que provocan sus empaques, interponen amparos que prohíben el uso, distribución y venta de PET, difunden que le devuelven a la naturaleza el agua que utilizan en sus productos a través de programas de reforestación.
Pepsi asegura que donó 13 millones de dólares para compensar su huella hídrica, cuando en 2022 reportó ingresos superiores a 7 mil 500 millones de dólares. Coca Cola, Danone, Pepsi, Mondelez, Nestlé y Pepsi, han sido señaladas por retrasar, distraer e impedir cualquier medida que regule el uso de plásticos en el mundo.
Todos estos grandes corporativos, lo único que les interesa es obtener grandes ganancias, lo demás les importa un cacahuate. El elevado consumo de refrescos genera problemáticas de salud en los consumidores; un refresco de 600 mililitros tiene aproximadamente 60 gramos de azúcar, equivalente a 12 cucharadas.
Un solo refresco sobrepasa la porción recomendada de azúcar que se debe consumir al día, provocando diabetes, obesidad y presión alta, convirtiéndose en un gran número de muertes al año en el país.
Con datos del Inegi, la diabetes ocupa el primer lugar de padecimientos, registrando un total de 159 mil 19 fallecimientos en el año 2021.
Las empresas de la muerte que, con permiso de la ley, pueden acabar con la naturaleza, matar a la población y obtener cuantiosas ganancias, el rapaz neoliberalismo en su apogeo y más vivo que nunca, aunque por decreto lo hayan matado.
Las autoridades ineficientes, corruptas y cómplices, no han tomado acciones que reviertan y poco a poco resuelvan este grave problema. Conagua incumple con su obligación constitucional de regular la extracción de aguas subterráneas y supervisar a cabalidad los volúmenes de agua que se explotan mediante los títulos de concesión que otorga a las empresas.
No le importa si los poseedores de títulos solicitan o no prórroga para sus concesiones y tampoco hay pleno conocimiento de su vigencia o volumen de extracción. Existen títulos que tienen un volumen de 5 mil metros cúbicos y con base en la profundidad autorizada sacan 300 mil metros cúbicos.
Se desconoce la disponibilidad real del líquido que hay en los acuíferos del país. No se tiene la capacidad de supervisión y fiscalización de los procesos de extracción.
Muchas concesiones están siendo mal usadas y nadie sabe, ni dice, ni hace nada. En nuestro país se violan los derechos humanos del acceso al agua, cuando se les permite a las empresas de comida y bebidas chatarra tener acceso indiscriminado a los recursos hídricos, mientras una gran parte de la población no tiene agua.
El Gobierno actual no ha hecho nada con respecto a este tema, no se les vigila a las empresas lo que consumen, ni tampoco se invierten recursos públicos para que más mexicanos cuenten con el acceso al agua.
Vivimos los tiempos de un gobierno populista que dice defender a las mayorías, pero en los hechos beneficia a las minorías adineradas. Una prueba de esto son los empresarios de las bebidas beneficiándose sobreexplotando los mantos acuíferos, enfermando a la población y matándola lentamente, mientras el Gobierno no hace nada.
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