* Ciudadanos resienten que AMLO haya eliminado el Seguro Popular y que hasta el momento no haya cumplido su promesa de brindar atención médica universal
En 2022 se registraron 50.4 millones de personas sin acceso a servicios de salud, de acuerdo al reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de agosto de 2023, cifra que representa que el 39.1 % de la población en México no tiene acceso a los servicios médicos.
Isabel Rodríguez, de 78 años de edad, residente del municipio de Nicolás Romero, es una de ellas. Desde hace 33 años padece diabetes; se la detectaron cuando se embarazó de su última hija. Desde entonces toma diariamente metformina y glibenclamida, la cual tiene un costo de 70 pesos con un rendimiento de 24 días. Por su bajo costo y la falta de recursos, es el medicamento que ha consumido durante casi la mitad de su vida.
Pero, a partir del año pasado, los síntomas de la enfermedad se agravaron, por lo que un médico particular le recetó metformina y sitagliptina, caminar diariamente, una dieta rigurosa e ingerir hierro para disminuir la anemia que la aqueja y así detener en lo posible la insuficiencia renal que ya padece.
Sin embargo, el nuevo tratamiento representa, tan solo en la adquisición del medicamento de patente, un gasto de cuatro mil pesos mensuales y mil 500 pesos si es genérico, siempre y cuando lo compre los lunes y aproveche el descuento en una tienda de genéricos; un gasto, cuenta ella, que es oneroso y eso sin contar los fármacos que requiere para mejorar la salud de su corazón, controlar el colesterol y la presión alta.
Ella, como su difunto esposo, de oficio herrero, nunca contó con seguridad social; sus hijos trabajan en el comercio informal y, aunque quisieran, no les es posible ayudarla, comenta doña Isabel al referir que al no ser derechohabiente no puede atenderse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni en ningún otro hospital. Por eso resiente que el presidente de México haya eliminado el Seguro Popular y que hasta el momento no haya cumplido su promesa de brindar a toda la población servicios de salud universales gratuitos.
Desde el año 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con el pueblo de México a que a partir de marzo de 2024 se contaría con un sistema de salud que se asemejaría al modelo de Dinamarca, fecha que aseguró sería “el mejor del mundo”. El tiempo pasó y surgió un nuevo compromiso: “El compromiso es que antes de terminar (su mandato) vamos a tener el sistema de salud pública más importante del mundo”.
Para Jhoana Velázquez, madre de tres niños –de siete, nueve y trece años–, el no contar con un servicio de salud gratuito se ha vuelto cuestión de vida o muerte: hace quince días enfermó de tal manera que acudió a un doctor de la farmacia de la esquina, cuyos honorarios fluctúan entre los 50 y 60 pesos.
Le recetó inyecciones de amikacina, pero no mejoró; fue necesario visitar y consultar a otro médico, quien, tras mandarle a que se efectuara los análisis pertinentes, en los que los niveles de proteína, bilirrubina, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos y plaquetas resultaron extremadamente altos, estableció que el paciente requiere una cirugía para llevar a cabo la diálisis, pues sus riñones apenas funcionan.
Tras conocer la noticia, amarilla por la anemia y con los pies hinchados, se dirigió, en plena noche, a urgencias del Hospital General de la Ciudad de México, en donde solo le dieron un formato que debía llenar para que la atendieran al día siguiente y obtuviera su pase a consulta general.
Por la gravedad de Jhoana, el trámite lo realizó uno de sus familiares, quien tras más de una hora de ir y venir de una ventanilla a otra, personal de administración le notificó que tenía que ir la persona enferma, llevar su documentación, obtener su carnet y así poder solicitar una cita para la consulta general.
Ante los síntomas, la madre de Jhoana la llevó con un nefrólogo, cuyos honorarios alcanzan los mil pesos; al revisar los análisis y las recetas se dio cuenta de que la amikacina, al ser un medicamento prohibido, le estaba acelerando la enfermedad.
Su diagnóstico fue que sí necesita la diálisis, pero que si se cuida, lleva a cabo una dieta estricta, ejercicio y nunca hace falta la medicina que dictaminó, puede alargar un poco el tiempo antes de que tenga que realizar la cirugía y alargar su vida.
El problema no se ha solucionado porque para Jhoana representa aflicción, angustia y temor: “No sé qué voy a hacer para comprar los medicamentos, mis familiares me apoyaron, pero son cuatro mil pesos semanales y en estos momentos nos ahoga la pobreza, tengo que ver la manera de no morir por falta de recursos”.
En 2023, el Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras reconocer que el abandono de nuestro sistema de salud por parte de las últimas administraciones federales, incluida la actual, es algo verdaderamente alarmante y vergonzoso, realizó un seminario académico en el que recogió preocupaciones como la insuficiencia presupuestal, la segmentación y la deficiente asignación de recursos, que lo llevaron a determinar las propuestas: la necesidad de un sistema de cobertura universal, priorizar la prevención e instrumentar la atención primaria.
A doña Isabel y la señora Jhoana se les termina el tiempo; sus enfermedades se agravan y nunca tuvieron acceso a un sistema de salud eficiente y gratuito.
Fuentes:
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Entrevistas:
Isabel Rodríguez, Jhoana Velázquez, vecinas de Nicolás Romero.
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