En el estado de Nuevo León un aproximado de 250 mil personas viven en asentamientos irregulares que responden a los altos costos para adquirir viviendas, lo que los obliga a vivir en predios cercanos a los ríos o canales, así mismo estas familias no pueden acceder de forma legal a servicios como agua, electricidad y gas natural.
El artículo 4º- de la constitución política mexicana menciona que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y el estado deberá garantizar las facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de este derecho” sin embargo en nuestro país la oportunidad de tener una vivienda no es posible.
Y el estado mexicano no muestra un interés por apoyar estos miles de mexicanos asentados de manera irregular, de hacerlo estaría obligado a garantizar otros varios derechos humanos derivados de la regularización de estos asentamientos como por ejemplo: a la salud, educación, servicios básicos, entre otros.
Por lo que es más urgente cada día la organización y lucha de todos los neoloneses y mexicanos sin vivienda y privados de los derechos elementales para lograr la toma del poder político y desde ahí garantizar no solo este derecho sino todos aquellos que les han sido negados.
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