El gobierno del estado acordó donar a la empresa alemana BMW para su establecimiento un terreno de 300 hectáreas con servicios a pie de lote. Los incentivos que comprometió el Gobierno del estado con esta armadora ascienden a los 3 mil 500 millones de pesos, lo cual permitirá la creación de 1 mil 500 empleos directos.
La empresa estadounidense Ford Motor Company se sumará a las empresas del ramo automotriz en la entidad con la generación de dos mil 800 empleos directos; en este caso el Gobierno del estado ha comprometido la donación de 220 hectáreas de terreno y recursos públicos por 1,027 millones de pesos.
A ambas empresas se le perdonará, además, el pago de impuesto predial, el impuesto sobre nómina, etc., por un lapso de hasta 10 años; el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles; y el pago del derecho por el otorgamiento de licencia de construcción y demás permisos que se generen.
Diferentes sectores de la sociedad, analistas, articulistas, algunos comunicadores, políticos encumbrados de diferente signo, funcionarios de Gobierno, etc., han echado las campanas al vuelo y han aplaudido el anuncio de tales inversiones, argumentando que se apuntala el crecimiento económico del estado, que así se combate decididamente el desempleo, que se elevará el nivel de vida de muchos potosinos, que así se posiciona a la entidad en el mapa económico mundial como la mejor ciudad para invertir y que se hace de San Luis un estado con franco rumbo a la prosperidad.
Veamos. Según información proporcionada por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hasta junio de 2016, la tasa de desempleo en San Luis correspondía al 2.5 por ciento (unas 32, 870 personas) de la Población Económicamente Activa (PEA); si bien es cierto que este índice está por debajo de la media nacional que es de 4.0 por ciento, no deja de representar a miles de desempleados; además, hay que tomar en cuenta el porcentaje de la PEA que se halla en la informalidad (un eufemismo con que se disfraza el desempleo), como los vendedores ambulantes, que asciende al 58.7 por ciento, y que representan a poco más de 670 mil potosinos. Esto quiere decir que resultan por demás exagerado las expresiones de que con la BMW y la FORD se abatirá drásticamente el desempleo pues entre ambas sólo se lograrán, según la expectativas, 3 mil 300 empleos directos, lo que representa tan sólo el 0.3 por ciento de la PEA, y todo ello con un costo por empleo de más de 2 millones 650 mil pesos, que desembolsará el Gobierno del estado de nuestros impuestos.
Sin embargo, considerando que no deja de ser una aportación, aunque mínima, para abatir el desempleo, veamos ahora: ¿y el nivel de los salarios? Por ejemplo, según la versión de un medio de comunicación local existe ya un contrato firmado entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la empresa BMW, registrado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde se establece que la mayoría de los sueldos serán de 135 pesos (menos de dos salarios mínimos aproximadamente) por jornada laboral; de mantenerse esta cifra, los salarios que ofrecería la BMW a sus obreros serían muy inferiores a los ofertados por sus similares Nissan o Volkswagen.
Se aplaude, pues, que a las empresas trasnacionales que vienen a San Luis se les dan todas las facilidades: terrenos, infraestructura, exención de impuestos, capacitación, instalaciones, una clase obrera bajo control (recordar la reforma laboral) y con un precio de su fuerza de trabajo bastante raquítico, para que finalmente se lleven las ganancias fuera del país, creando la ficción de un supuesto crecimiento económico, y para que ante cualquier incidente que ponga en el más mínimo peligro su capital, emigren a mejores tierras dejando grandes tiraderos industriales contaminantes. ¿Por qué al menos no les exigen pagar buenos salarios para que los trabajadores y sus familias tengan una vida decorosa?
En contraste, para algunos de los ahora panegíricos y aduladores de las "grandes inversiones privadas", que se realizan a costa del erario estatal y que realmente benefician sólo a los dueños de dichas empresas que son unos pocos, cuando 400 familias humildes que compraron de buena fe sus predios, son víctimas de intentos de desalojo violento a manos de la pavorosa fuerza pública, debido a que un juez lo ordena, dado el reclamo de restitución del bien de una empresa que adquirió en remate esos predios como producto de un proceso de embargo, a sabiendas que estaba el asentamiento humano; y cuando el Gobierno "se atreve" a intervenir, a través de un modesto acto de justicia social, adquiriendo el predio en cuestión (de 6 hectáreas y con un costo aproximado de 34 millones de pesos) para no caer en un desacato judicial, evitar un desalojo violento de lamentables consecuencias y dar certidumbre jurídica a los precaristas, resulta que ese hecho es un abuso, un exceso, algo inconcebible, un crimen de lesa humanidad.
Esta evidente falta de consecuencia, que pareciera un contrasentido, tiene su fundamento en la ideología neoliberal de quienes la profesan, la cual, puesta en práctica, hace crecer inmensamente la fortuna de unos cuantos, con el apoyo del poder público, pero también amplía y profundiza escandalosamente la miseria de la mayoría de la población, a ciencia y paciencia de ese mismo poder público. Sólo así se explican los exagerados aplausos para las inversiones millonarias de trasnacionales privadas, que vienen a explotar nuestra mano de obra barata, y el repudio hacia las causas más sentidas del pueblo trabajador empobrecido, que es la inmensa mayoría del estado y del país.
Pero la lucha organizada por la regularización de las colonias populares continuará a pesar de las campañas mediáticas adversas, pues se trata de conseguir la certidumbre jurídica sobre el modesto patrimonio de miles de familias empobrecidas que han adquirido su bien inmueble de buena fe.
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