Alumnos y padres de familia de la secundaria Wenceslao Victoria soto de Gustavo A.Madero, se manifestaron en las afueras de las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México para exigir que los 6 millones de pesos gestionados por Antorcha ante el Congreso de la Unión, a través de los diputados que los representan en este recinto legislativo, sean invertidos en la construcción de la segunda etapa de esta institución educativa, una vez que el gobierno de la ciudad los mantiene secuestrados sin darle el uso para el que fueron etiquetados desde la Cámara.
Los jóvenes corearon enérgicas consignas exigiendo solución ya que han pasado casi 6 años desde que el gobierno recibiera por normatividad este recurso millonario para que se invirtiera en esta obra educativa tan importante, pero no se hizo, y sólo se fueron dando largas para no aplicar el dinero en la secundaria Wenceslao Victoria, situación que a decir de los estudiantes ha afectado a su escuela porque se tienen muchas carencias en infraestructura.
También se exigió que el gobierno capitalino agendara la cita para la firma de la minuta que la dirigencia antorchista entregó hace dos semanas a este gobierno, donde se plantean problemas ciudadanos como el asunto de las 300 familias de La Ciénega a las que el gobierno de la ciudad les destruyó sus viviendas hace 2 años y desde entonces ha tenido que vivir debajo de una lona, así como la construcción de vivienda para precarias familias capitalinas, entre otras, para que quede asentado por escrito un compromiso de solución, ya que este gobierno está a punto de terminar su gestión y no ha resuelto las demandas sociales planteadas con justeza, informó Gloria Brito Nájera, dirigente del antorchismo capitalino.
Los antorchistas esperaron respuesta por espacio de dos horas, hasta que funcionarios del gobierno central informaron que el próximo lunes se reunirán con la Comité Estatal para revisar con puntualidad los asuntos, por lo que se retiraron del lugar, no sin antes advertir que de no ver una solución firme a la problemática planteada, seguirán ejerciendo su derecho constitucional a la manifestación pública que los asiste.
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