Decenas de miles de ciudadanos, cientos de miles a decir de algunos, marcharon el pasado 13 de noviembre en la capital del país y en diversas ciudades, en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), ante las modificaciones propuestas por el gobierno morenista a la ley electoral.

 

Sin duda que la cantidad de manifestantes sorprendió a más de uno en las esferas del poder, quienes buscaron minimizar la protesta afirmando, como Martí Batres, que los manifestantes no rebasaron los 12 mil; el propio Andrés Manuel López dijo que no habían sido más de 60 mil.

 

Sin embargo, la descalificación más acerba salió de la boca del presidente quien no bajó de “racistas”, “clasistas” y “conservadores” a los que participaron. Pero ¿realmente está en juego, con esta reforma legal, la democracia mexicana y el futuro de México? Al respecto me parece conveniente señalar cuatro cuestiones. Primero; la democracia mexicana, como la conocemos desde el triunfo de la gesta revolucionaria de 1910 a 1917, es la aplicación en nuestro país del modelo político que plantearan los ideólogos de la burguesía para superar el régimen feudal, destacadamente los Enciclopedistas del siglo XVIII en Francia, ellos defendieron el modelo republicano, democrático, representativo y la separación de los tres poderes.

 

Es, entonces, hasta la constitución de 1917 que se consagran en lo económico el derecho de propiedad moderno y la libertad de trabajo, a diferencia del sistema de hacendados terratenientes y peones acasillados dominante hasta la derrota del porfiriato, y en lo político el modelo democrático, semejante al que ya estaba vigente en Estados Unidos (EE. UU.).

 

México, sin duda, arriba tardíamente a la escena capitalista democrática con los que se coloca irremediablemente en un papel débil, dependiente de las grandes economías ya consolidadas: fundamentalmente del imperialismo norteamericano. De allí que el desarrollo nacional económico y, por supuesto, también político responda a la influencia, intereses y pretensiones norteamericanas.

 

Segundo; la democracia mexicana nació acotada y con el transcurso del tiempo se ha limitado y desviado cada día más, constriñéndose desde hace tiempo al derecho del pueblo a elegir periódicamente, mediante el voto universal, directo y secreto a quienes habrán de gobernarlo, dejando en sus manos el derecho a establecer las diversas políticas públicas en materia de economía, desarrollo social, obra e inversión públicas, salud, educación. De allí que cada día les resulte más molesto e intolerable a los bendecidos con los sufragios, que se cuestionen sus decisiones o, peor aún, se les exijan acciones, medidas y políticas que vayan en contra de sus intereses, compromisos o proyectos.

 

Esta es la razón por la que únicamente cuando los gobiernos son resultado de auténticos procesos revolucionarios populares, cuando sus intereses siguen identificados con los del pueblo que depositó en ellos su soberanía, no temen a la organización y a la lucha popular, incluso la promueven como podemos ver en el gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-1940), en el que se alentó la formación de organizaciones populares, gremiales y campesinas. Como nunca crecieron los sindicatos y los trabajadores organizados en el país, de 300 mil sindicalizados en 1934 pasaron a 900 mil en 1940.

 

Crecen las cooperativas y los cooperativistas con el rescate de empresas cerradas por la crisis; las nuevas cooperativas de sindicatos industriales pasaron de 778 a 1,715 y de 21,762 cooperativistas a 163,501, en las mismas fechas. Nada qué ver con el pseudo cardenista que desde Palacio Nacional condenó hoy a las organizaciones sociales llamándolas intermediarias y que pretende desaparecerlas para que no haya nadie con la fuerza de masas para cuestionar sus designios superiores.

 

Tercero; el surgimiento del INE con la reforma constitucional de 2014 no representó para las masas trabajadoras mexicanas sino otra adecuación del sistema electoral y democrático mexicano en busca de mayor credibilidad y eficiencia. Una larga historia de fraudes, de desconfianza en la intervención del gobierno en los procesos electorales y de descontento entre diversos sectores de los grupos empresariales marginados del usufructo del poder en turno y de nuevos grupos enriquecidos que reclamaban su cuota de gobierno, provocaron que desde lo establecido en materia electoral en la Constitución de 1917 se hayan hecho once reformas legales en la materia, todas ellas ampliaron las posibilidades para que grupos diferentes al hegemónico (el PRI durante más de seis décadas) pudieran acceder o compartir espacios de mando. De esta manera fue que los panistas lograron hacerse con la presidencia nacional en el año 2000 y los morenistas en 2018.

 

Ninguno de los tres fenómenos mencionados, ni las diferentes reformas electorales, ni la llegada a la presidencia de la derecha panista, ni tampoco de la pseudo izquierda (como es fácil demostrarlo con los cuatro años en el poder de Andrés Manuel López) significaron una mejoría en las condiciones de las clases trabajadoras. La acumulación de riqueza en el polo privilegiado ha alcanzado niveles espantosos mientras que la miseria de los más pobres es todavía más monstruosa; la violencia y la delincuencia han bañado de sangre al país completo; la seguridad social ha retrocedido a grado tal que ya ni vacunas ni medicamentos básicos se pueden conseguir en las instituciones oficiales de salud, el bienestar es para la inmensa mayoría de la población sólo el nombre de una secretaría gubernamental.

 

Cuarto. Las principales características de la actual ley electoral resultaron de las exigencias de los grupos opositores al PRI, destacadamente los de la sedicente izquierda que más tarde daría origen a Morena, que reclamaba financiamiento para que sus partidos pudieran competirle al en aquel entonces poderoso PRI, legisladores de representación proporcional para poder hacerse escuchar en el congreso y recibir así las prebendas correspondientes y que el instituto organizador de las elecciones tuviera la menor injerencia estatal posible. Justamente lo que ahora, ya desde el poder, Morena quiere revertir pues lo que menos le conviene es fortalecer a sus adversarios y facilitarles victorias electorales. Nada de que está velando por la buena marcha del país: puro practicismo vulgar y convenenciero.

 

¿De dónde, entonces, podemos concluir que manteniendo al INE como está o implementando las medidas que pretende la mal llamada cuarta transformación mejorarán las condiciones de vida de la mayoría trabajadora? El conflicto actual debe servir para que observemos las discordias entre los grupos de poder, para que analicemos los pleitos entre los que esencialmente difieren solo en el método de control de las clases populares para que las grandes fortunas sigan creciendo a costa de la intensificación de la explotación de jornaleros, obreros y empleados en general.

 

No hay duda de que los cambios electorales que pretende Morena buscan las condiciones para afianzarse en el poder, dificultando a sus opositores la competencia y, sobre todo, las posibilidades de triunfo. Después de los sexenios priistas, panistas y de los cuatro años morenistas (y para muestra basta un botón y luego, luego se le ve la zanca al pollo), la conclusión obligada es que es más urgente que nunca la construcción de un partido auténticamente popular, identificado con los intereses de las clases trabajadoras y leal a toda prueba; es más urgente que nunca la concientización de las masas populares para que no se dejen sobornar por las dádivas gubernamentales que, más que en los peores momentos del panismo y de los gobiernos del PRI, busca corromper conciencias y un agradecimiento acrítico a papá gobierno por parte del pueblo depauperado; hoy más que nunca urgen nuevos liderazgos nacidos realmente del seno del pueblo, destacados en sus luchas más genuinas y probados ante las dificultades e inmunes a la traición. Hoy más que nunca está vigente y urge seguir el camino trazado por el Movimiento Antorchista Nacional.