Seis de cada diez hogares mexicanos no tenían asegurada la comida en 2018, así se desprende de los resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), realizada por el INEGI y la Secretaría de Salud. El resultado no es nuevo, consistentemente estos y otros estudios similares concluyen que en nuestro México, una de las quince economías más grandes del mundo, mueren anualmente más de 7 mil personas por desnutrición; agreguemos que más de 100 mil fueron atendidas en 2018 por esa condición en el Sector Salud, cerca de 300 casos al día. Sobre estos datos debe señalarse que se trata de personas que son identificadas en instituciones de salud; por lo que el subregistro podría ser muy alto debido a la enorme cantidad de los que no tienen acceso a las instituciones públicas, o que, aun teniéndolo, se atienden en farmacias o consultorios privados. Pero los problemas de mala alimentación de los pobres se manifiestan también en el polo opuesto de la hambruna y del raquitismo: la obesidad es otro resultado de lo costoso de una dieta sana y de la abrumadora propaganda consumista que mancomunadamente realizan compañías como Bimbo, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y McDonald’s. Una alta ingesta de alimentos industrialmente procesados como la panadería industrial, de conservadores, azúcares, carbohidratos en general y bebidas carbonatadas provocó, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud de 2018, que tuvieran que atender cada hora a 81 pacientes en promedio por problemas de obesidad. Insisto, el Sector Salud no contabiliza a los miles, quizá millones de mexicanos que no van con un médico, ni siquiera con el Simi, hasta que de plano sienten que se mueren. De allí, como principal aunque no única causa, que los casos de hipertensión arterial y diabetes vayan al alza. Por cierto comorbilidades asociadas a la mayoría de las defunciones por Covid-19.
Alimentarse bien, o simplemente quitarse el hambre, ya venía siendo una necesidad de difícil solución para 91 millones de mexicanos (el 73 por ciento de la población) que viven en la pobreza; y de casi imposible solución para 43 millones en pobreza extrema, el 37 por ciento de los mexicanos. Esto era antes del coronavirus, pero en medio de la cuarentena, para los once mil bajacalifornianos que perdieron su empleo en la industria hasta el 14 de abril, según la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del estado (a nivel nacional la Secretaría del Trabajo informó que del 13 de marzo al 6 de abril ya se habían perdido 347 mil empleos), para los que indirectamente dependían del funcionamiento de las empresas cerradas por no ser "esenciales", para miles de jornaleros, de ambulantes, de gente que trabajaba en pequeños talleres o en diversos oficios, el acceso a los alimentos está prácticamente clausurado. Por ello una obligación elemental y urgente del gobierno en sus tres niveles, es la de articular y arrancar de inmediato un programa de apoyo alimentario integral. No apoyar con alimentos para la supervivencia de los más golpeados económicamente por la pandemia es no solo inhumano sino miopía e irracionalidad: esos, a los que más se les dificulta quedarse "en casa" (a veces ni casa tienen) porque tienen que ganarse con gran fatiga el pan día tras día, que no han podido hacerse de bienes o ahorros para emergencias y angustias como las que hoy sufren, son justamente la base -la única posible- sobre la que podrá levantarse mañana la economía nacional necesariamente afectada por el Covid-19. Trabajadores sanos, fuertes, educados y, por tanto, productivos, son impensables con un pueblo hambriento, famélico y más proclive a enfermar después de la disminución de sus fuerzas y defensas por el aislamiento social a que obliga la pandemia y por la subsecuente falta de comida. Pero a esta grave amenaza para la reconstrucción económica del país después de la emergencia, debe agregarse la cada vez más real posibilidad de un estallido social espontáneo y violento de los que desesperadamente busquen procurarse el alimento de sus familias. En Baja California el gobierno estatal y el ayuntamiento de Tijuana no han cerrado los ojos a esta penuria alimentaria asociada a la pandemia y están entregando despensas pero, es indispensable decirlo, su esfuerzo es notoriamente insuficiente; en estados como Sinaloa apenas están pensando qué hacer, a pesar de que ocupan el quinto lugar en casos positivos y el tercero en decesos. Por ello es acertada e irreprochable la demanda planteada por el Movimiento Antorchista Nacional de un programa alimentario en todo el país como primera y más urgente medida en apoyo al pueblo trabajador. No se trata de que lo maneje ninguna asociación o liderazgo, si el gobierno crea o utiliza "x" o "y" figura es lo que menos importa lo indispensable es que dicho programa inicie a la brevedad.
P. D. Por supuesto que hacen falta más apoyos, como los que requieren las PYMES. Si me lo permiten, de eso hablaremos después.
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