Son muy incipientes, en materia legal, los esfuerzos que se han hecho por terminar con la explotación infantil en México, según el Inegi, más de 3.3 millones de niños y adolescentes son víctimas de esa práctica.
Segun la encuesta de este organismo, la mayoría trabajaban en ocupaciones no permitidas como la construcción, minería, agricultura y otras actividades rurales, que por sus características representan un riesgo, y en lo que respecta a los estados donde se presentan los mayores porcentajes de explotación infantil son Oaxaca (21.5), Puebla (18.3), Chiapas (18.3), Michoacán (17.6) y San Luis Potosí (14.3), no ha tenido mucho cambio para bien este problema ya que para 2021 nuestro país se ubica en el segundo lugar de trabajo infantil de América Latina y el Caribe, pues tenía un total de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajando (7.5 por ciento de la población infantil).
Aunque el gobierno de la 4T presume que primero los pobres, siete de cada 10 niños viven en las zonas rurales y tres de cada 10 trabajan en las ciudades, si esa es la esperanza de México, vamos por muy mal camino, ya que para este año se agregan el Estado de México, Veracruz, Guerrero, y Guanajuato.
La deserción escolar en primaria y secundaria por la falta de recursos, induce a los padres a que obliguen a los niños a trabajar. La pobreza empuja a utilizar como mano de obra a todos sus miembros disponibles para intentar sobrevivir y aunque la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpezca su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”, no revisa si los gobiernos cumplan con la parte que les corresponde brindando empleo bien remunerado a los padres para que no tengan que elegir el camino de obligar a sus hijos a trabajar.
La Encuesta de Bienestar Autorreportado publicada el pasado 14 de diciembre por el Inegi, cuya recolección de datos se llevó a cabo entre el 3 de junio y el 23 de julio del 2021, señala que el 14.8 por ciento de la población adulta en el país perdió su trabajo, sin poder recuperarlo, en los últimos doce meses anteriores al periodo de realización de este estudio (es decir, entre julio de 2020 y julio de 2021). Además, dos terceras partes no cotizaban en la seguridad social del país, es más, la expectativa de no poder cubrir los gastos de cada mes repercute en el 43.3 por ciento de la población adulta, mientras que 11.3 por ciento reveló completa incertidumbre al respecto. Asimismo, más de la tercera parte de la población total encuestada manifestó verse obligada a pedir prestado al menos una vez durante los últimos doce meses para poder sufragar los gastos de su hogar en los distintos rubros: despensa, alquiler, agua, luz, gas, teléfono, colegiaturas y medicamentos.
Las tres órdenes de gobierno deben de dejar de pensar en el lucro personal, deben promover políticas públicas que volteen a ver a los menores, a los que se les está impidiendo la posibilidad de un desarrollo pleno e integral, que haya mayor atención de las autoridades en el ámbito educativo para incluir mecanismos de detección de abandono escolar, e identificar niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan dejado la educación para incorporarse al trabajo, restituirles sus derechos y alejarlos de la explotación, de lo contrario tendremos una población llena de mendicidad forzada, con menores de edad obligados a pedir dinero o comida en espacios públicos, bajo un aspecto denigratorio, no esperemos la estimación que hace el Buró de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, de que este problema aumentará 5.5, o estaremos condenando a las futuras generaciones a vivir en una vida todavía más difícil de la que ya de por sí tenemos.
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