Hermosillo, Son.- A ocho años de la contaminación del río Sonora por el Grupo México hay tal impunidad que basta para demostrar que el dinero está de fiesta, es más importante y poderoso que la vida y sed de justicia de los sonorenses, declaró Yazmín Estrada Luna, responsable antorchista del oriente de Hermosillo.
Es increíble que no haya culpables, ni castigados y hasta el momento no parece que los vaya a haber, no se ve en el panorama sonorense una voluntad política en ese sentido. Parafraseando a Don Francisco de Quevedo, dijo Estrada Luna, que la clase alta de Sonora está humillada ante el oro, es su amante y amado cuyo brillo le hizo olvidarse de cualquier sentido de justicia social y del pueblo humilde, que fue el que pagó con su salud el criminal derrame de residuos tóxicos a una de las arterias de agua más importantes de la entidad.
“Negar la realidad es un engaño al que recurren los poderosos cada vez que sienten afectados sus privilegios; así, a pesar de todas las evidencias, el poderoso grupo minero sigue sin aceptar que el río haya sido contaminado, incluso dependencias como Conagua, han minimizado la gravedad del asunto. Igual pasaba con la etnia yaqui cuando era perseguida y expatriada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX: los ricos de aquella época y sus gobiernos negaban lo que hoy todos sabemos que fue un genocidio”.
Recordó que los afectados no son solo la flora y la fauna de la cuenca del río Sonora, sino que los estragos en la población son mucho mayores a las que se pensaba. La presencia de metales como plomo, arsénico y cadmio, ha hecho que se desarrollen enfermedades, causando la muerte en algunos casos.
Económicamente, la magnitud del desastre llega a los 10 mil doscientos millones de pesos, una cifra muy superior a lo que el gobierno federal en su momento destino en los fideicomisos para hacer justicia a Cananea.
A pesar de las denuncias encabezadas por organizaciones de la sociedad civil, la justicia no parece estar a la vuelta de la esquina, el poder de Grupo México se impone sobre los derechos de los habitantes de la región. El poderoso grupo capitalista minero juega el partido sin árbitro y pone las reglas como le viene en gana; así, lleva trabajando durante más de una década sin un plan de manejo de residuos tóxicos, donde el derrame del 2014 es solo una de tantas consecuencias; sin embargo, hasta la fecha, sigue poniendo en peligro la vida de los habitantes.
Es más barato así, dijo Estrada Luna, la salud del pueblo humilde es cara y no está en los planes de esa clase social gastar en lo que consideran que no les rendirá plusvalía. Las fallidas inversiones en salud que han hecho, como el supuesto hospital de especialidades de Ures, de 279 millones de pesos, que presumieron durante años como un acto de justicia, no representan más que una borona de su rica mesa que le aventaron desdeñosos al pueblo, migajas que, para acabarla de amolar, ni sirvieron a los oprimidos.
Estrada Luna estableció un paralelo entre esta política empresarial, la inacción del sistema de justicia mexicano y la que ha mantenido el Gobierno federal de no actuar contra la covid-19 en los hechos, sino dejar que la supuesta inmunidad de rebaño haga que sobrevivan sólo los trabajadores más fuertes y sigan acudiendo a trabajar, no someterlos a cuarentenas, matando a los más débiles sin gastar en indemnizaciones de ningún tipo: “es el mismo plan, son tres aspectos de la misma política que sólo busca beneficiar la ganancia del capitalista a costa de los oprimidos”.
Urge en lo inmediato un plan de justicia, no solo que repare los daños, cosa muy difícil, pues no solo se trata de dar dinero, ya que la vida y la naturaleza no se regeneran con depósitos y transferencias bancarias, sino que los culpables sean llevados ante la justicia, que se demuestre que se legisla para los pobres. Un plan que no contemple poner en el banquillo de los acusados a los culpables solo es propaganda política que sirve para seguir manteniendo oprimida a la clase trabajadora.
Expuso que, si las autoridades responsables de hacer justicia son incapaces de llevar a cabo las acciones pertinentes, toca a la sociedad organizada exigir que se haga justicia.
Y a mediano plazo, señaló Yazmín Estrada, es necesario cambiar de clase social en el poder, los pobres y los trabajadores de México necesitan organizarse para tomar las riendas del país con un gobierno verdaderamente de los trabajadores, para corregir el rumbo de la patria, cosa que se puede hacer con una participación consciente en las elecciones.
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