Es la indolencia la principal característica de la administración estatal de Hidalgo y la municipal, tanto de Pachuca como de Huejutla; de preocuparse por cumplir la tarea que debería atender cualquier funcionario, por qué se le niega a la población los derechos más elementales, a qué se debe la obstinada privación de acercar servicios básicos a las comunidades más necesitadas, por qué se le obliga a la población a manifestarse y a realizar plantones para exigir lo que por derecho le corresponde; una vida más digna.
La pobreza y la inseguridad son temas pendientes de la actual administración. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estiman que existe una población aproximada de casi 3 millones de hidalguenses, de los que más de la mitad de la población, es decir, al menos un 1.5 millones de hidalguenses viven en condiciones de pobreza, de estos, 350 mil personas padecen pobreza extrema. Hay 343 mil hidalguenses que viven en rezago educativo, un millón 964 mil carece de acceso a la Seguridad Social, 771 mil no cuenta con acceso a servicios básicos en sus viviendas, y a 903 mil se le niega el derecho a la alimentación. En contraste, sólo el 14 por ciento de los hidalguenses no viven con carencias de ningún tipo.
Tan sólo en el primer trimestre de este año, la tasa de desocupación y empleo en la entidad se ubicó en 3.6 por ciento, lo que estima que al menos 50 mil 452 hidalguenses carecen de empleo. Situación que acelera la pobreza y desigualdad, pues quien enfrenta este panorama, no cuenta con los ingresos necesarios para sostenerse a sí mismos y sacar adelante a su familia.
Ante ese mar de necesidades, ¿qué espera el gobierno estatales como los municipales para poner manos a la obra, qué necesitan para ver que su pueblo muere de hambre, qué no les duele la miseria? Pues no, porque los personajes que ostentan el poder político en el estado no conocen el significado de "pobreza", y mucho menos conciben la realidad en la que vive el ochenta por ciento de su población; y no la entienden porque en su entorno no hay que caminar varios kilómetros para conseguir agua, no saben lo que es ver morir a su familia porque no hay clínicas de salud para que sea atendida; o porque no existen los caminos para que sea trasladada a donde sí las hay, no duermen con la incertidumbre de saber si tendrán algo que comer al día siguiente. No viven preocupados porque se les niega la vivienda, o a sus hijos el derecho a la educación. No saben lo que es que quienes son responsables de dotar de servicios estén más preocupados por sacar adelante una elección, o viendo cuánto se echarán al bolsillo.
A pesar del lastimoso panorama, tanto la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), como la de Finanzas no ejecutan las obras gestionadas por los diputados antorchistas y etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 y el correspondiente a este año; inversión que asciende a más de 60 millones de pesos.
Sin embargo, el Ejecutivo Estatal se jactó de tener un presupuesto anual de más 48 mil millones de pesos, de los cuales, sólo 2 mil millones se destinan a obra pública. ¿Y el resto del recurso, a dónde va a parar? Los años pasan y la gente sigue sin agua, sin luz, sin drenaje, sin escuelas, sin clínicas, sin caminos; cuando venimos a decirles a los funcionarios que las comunidades los necesitan, se enojan y ponen en marcha campañas de difamación, pero con esas campañas cómo van a convencer a la población de que no necesitan servicios, cómo los van a convencer de que no tienen hambre.
Estamos por cumplir los primero dos años de la administración estatal, llevamos más de 4 meses plantados frente a la alcaldía de Pachuca y semanas enteras realizando cadenas humanas en la de Huejutla; y si los gobierno no quiere ver la realidad de sus gobernados, los pobres organizados en Antorcha Campesina no permitiremos que los funcionarios se olviden de nosotros, a donde vayan, a donde volteen encontrarán un antorchista exigiendo cumplimiento a los compromisos pactados, estaremos en cada calle demandando lo que por derecho nos corresponde, atención a nuestra miseria y a la de nuestras familias; sencillamente porque las leyes y la razón nos favorecen.
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