El desabasto de agua en el centro y norte del país es un problema que aqueja, de manera muy grave, a ciudades como Monterrey y municipios conurbados en los que se asientan millones de personas que sufren las consecuencias.
La solución de fondo, como lo ha señalado el Movimiento Antorchista Nacional, es la implementación de un plan hídrico de grandes proporciones que, elaborado por especialistas e instancias académicas y gubernamentales, se realice con la atingencia y puntualidad que el caso amerita, cuidando no ocasionar ningún daño en el ámbito social o ecológico, y que al tiempo que garantice el abasto regular, puntual y suficiente a toda la población, no afecte la economía de las familias ni el desarrollo en ese rubro de las entidades federativa cuyo costo también termina recayendo en la población más desfavorecida.
Es un hecho sabido que son las familias pobres las que siempre, y en todos los casos, terminan pagando los platos rotos porque son la base de la pirámide social sobre la que descansan todas las demás clases sociales, y son la base no sólo por tratarse del estrato más amplio, sino porque con su trabajo son las que producen los servicios, obras y todo tipo de satisfactores de necesidades humanas convertidos en mercancías; es decir, de la riqueza social, aunque no les toque disfrutarla porque ésta se concentra en pocas manos pertenecientes a el estrato más alto.
Pero, quién tiene la obligación de resolver el problema de la escases de agua, así como todos los problemas relacionados con la inseguridad, la mala e insuficiente educación, la salud pública que está por los suelos con cientos de miles de muertos por la pandemia y la falta de atención médica y medicamentos para la población, la situación económica que está para llorar, que padecemos los mexicanos, es el Gobierno federal ante todo, porque así lo determina la ley, porque tiene los medios y facultades para hacerlo, pero sobre todo, porque es el que concentra, fundamentalmente, el dinero que los mexicanos entregamos por la vía del pago de impuestos y la venta del petróleo, precisamente para que resuelva los problemas, necesidades y demandas de la población, no para andar realizando obras de relumbrón, suntuosas e inútiles sólo para promoción de la imagen del gobernante, en vez de implementar medidas como el empleo para todos los mexicanos con salarios verdaderamente remuneradores o una política fiscal progresiva para combatir la pobreza, que es lo que verdaderamente se necesita.
El derecho al agua es uno de los derechos humanos consagrados en nuestra constitución y, por lo tanto, debe de ser garantizado y respetado sin falta por el Gobierno federal, de los estados y municipios, mediante acciones concretas, en ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, solucionando en lo inmediato con medidas extraordinarias la difícil situación de las familias trabajadoras, que ya de por sí son víctimas de la injusticia que representa el ser las generadoras de la riqueza y no poder acceder a ella, y ahora son privadas del derecho al acceso al líquido, hecho que representa discriminación, también prohibida expresamente por la ley de leyes en nuestro país.
Ante eso no queda más que la organización y la lucha de las familias pobres del país, por la defensa de sus derechos elementales. No hay de otra.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario